(Irlanda, 15.04.2021. Front Line Defender). El 12 de abril de 2021 se cumplieron seis meses desde que la defensora de derechos humanos Vannesa Rosales fue detenida y enfrenta a un proceso penal en su contra. El proceso judicial se ha visto empañado por irregularidades y violaciones a las garantías del debido proceso, incluyendo un grave retraso en la programación de la primera audiencia de su caso. Vannesa Rosales fue puesta bajo arresto domiciliario en enero de 2021, y desde entonces ha estado esperando que se realice la audiencia que determinará su situación legal.
Vannesa Rosales es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo. Apoya a las mujeres en su defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en abogar por la despenalización del aborto en el país. La legislación sobre la interrupción del embarazo no ha cambiado desde 1873, y prohíbe el aborto incluso en casos de violación, lo que sitúa a Venezuela en el 25% de los países del mundo con la legislación más restrictiva sobre el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El 12 de octubre de 2020, la defensora de derechos humanos fue detenida por varios elementos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y retenida en el centro de detención del CICPC en Mérida. El proceso se inició a raíz de la asistencia que la defensora Vannesa Rosales prestó a una niña de 13 años que había sido violada repetidamente por un vecino. El juez asignado acusó a Vannesa Rosales de «obligar a un tercero a abortar» y de «asociación para delinquir», al parecer, en relación con su activismo en favor de la despenalización del aborto.
El 11 de enero de 2021, el Juzgado Tercero de Control de Circuito Judicial Penal del Estado de Mérida concedió la solicitud de medidas cautelares sustitutivas a Vanessa Rosales, por lo que la defensora de derechos humanos fue trasladada a arresto domiciliario. La audiencia preliminar de su caso, que determinará los cargos formales en su contra y su situación jurídica, sigue pendiente. La demora excede el plazo máximo de 15 días establecido por la ley venezolana, durante el cual debe realizarse la audiencia preliminar de un caso. Los y las abogadas de la defensora de los derechos humanos también denuncian que desde febrero se les ha negado el acceso a los expedientes de investigación de su caso.
En febrero de 2021, tres expertos de la ONU, entre ellos la Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, expresaron su profunda preocupación por una serie de intentos de criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Los expertos destacaron el proceso de criminalización en contra de Vannesa Rosales y recordaron a las autoridades de Venezuela sus obligaciones en virtud del derecho internacional de proteger los derechos de las mujeres y las niñas.
Front Line Defenders reitera su profunda preocupación en relación con los cargos contra Vannesa Rosales, así como por las irregularidades que han marcado el proceso judicial hasta el momento. Front Line Defenders considera que la defensora de derechos humanos está enfrentando represalias por su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela.
Fuente Oficial: FRONT LINE DEFENDER
