(Ginebra, 30.06.2022. Naciones Unidas). Distinguido Presidente, Excelencias,
Me complace presentar mi informe, que ofrece una visión general de los últimos acontecimientos en materia de derechos humanos en Venezuela y una evaluación de la aplicación de las recomendaciones anteriores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 45/20.
Han pasado tres años desde mi visita a Caracas. Quiero reconocer algunos avances desde entonces en la implementación de las recomendaciones anteriores formuladas por mi Oficina, por ejemplo las reformas empezadas por el Gobierno, en particular relacionadas con la justicia, la policía y la detención. quiero alentar a las autoridades a que tomen más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo en el país.
Y hago un llamado para que las iniciativas legislativas, desde un principio, estén acompañadas por consultas genuinas e inclusivas con la sociedad civil.
Tomo nota de la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, en línea con mis recomendaciones anteriores. Esta reestructuración es una oportunidad para instalar cambios adicionales y duraderos, como el fortalecimiento de la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad y vetting (procesos de investigación de antecedentes) a todos los niveles. Mi Oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores.
Aun así, como siempre decimos, ya una muerte es demasiado.
También tomo nota de las condenas de miembros de las fuerzas de defensa y seguridad en siete casos de muertes en protestas que ocurrieron en 2017, monitoreados por mi Oficina y quiero alentar a que se haga más.
En el caso de la muerte del exconcejal Fernando Albán durante su privación de libertad, dos agentes del SEBIN fueron condenados por homicidio culposo, y beneficiados con reducción de su pena a dos años y 8 meses de prisión. Durante el proceso, los familiares de la víctima han denunciado que la investigación pasó por alto posibles signos de tortura o malos tratos, y una responsabilidad superior. Tomo nota de estos sucesos, y llamo a las autoridades a continuar su investigación al respecto.
Sigo instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias.
Me conmueve la perseverancia de las víctimas y sus familiares en su búsqueda de justicia; y pido a las autoridades que garanticen su participación significativa en todo el proceso judicial.
El Fiscal General ha estado compartiendo información con mi Oficina sobre algunos casos bajo investigación. En el espíritu de actual cooperación, confío en que pronto se nos concederá acceso a las audiencias judiciales y continuaremos el dialogo sobre más casos.
También observo que el Fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado un acuerdo con el gobierno venezolano para establecer una oficina en Caracas. Mi Oficina está dispuesta a apoyar los esfuerzos nacionales para promover toda rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.
En cuanto a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, noto las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados que contradeciría las limitaciones constitucionales sobre el único periodo de 12 años; así como a los vínculos entre algunos de los magistrados y partidos políticos.
Es muy importante fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en Venezuela. En línea con mis recomendaciones anteriores, exhorto a las autoridades a aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente.
Entre mayo de 2021 y abril de este año, mi equipo visitó 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales a personas detenidas, incluidas 46 mujeres.
Quiero reconocer los esfuerzos por mejorar las condiciones de detención, incluso mediante la reducción del hacinamiento, y aliento a las autoridades a que aprovechen este progreso inicial para asegurar cambios estructurales más sostenibles.
Mi equipo ha seguido abordando con las autoridades casos individuales de preocupación relativos a personas en detención, incluyendo alegaciones de malos tratos y otras violaciones de derechos humanos. Esto trabajo ha contribuido a la liberación de 68 personas detenidas, incluyendo 14 mujeres.
Aproximadamente la mitad de estas personas fueron puestas en libertad condicional.
Mantengo mis preocupaciones por las condiciones de detención en los centros de detención previamente administrados por los servicios de inteligencia (Helicoide y Boleíta). Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad, dados los riesgos de malos tratos y detención incomunicada, entre otros. Lamento que ya no se permita a mi equipo el acceso a estos centros, ni a los centros de detención militar.
Reitero mi pedido de que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente. En particular aquellas cuya detención ha sido considerada arbitrarias por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, y aquellas que han cumplido su condena o se les ha concedido boletas de excarcelación. Se debe garantizar a todas las personas detenidas el derecho a una defensa de su elección, y aquellas que necesiten atención médica, que puedan recibirla de forma oportuna y adecuada.
Las reformas legales adoptadas para reducir las demoras judiciales y limitar la prisión preventiva deben ser implementadas a la brevedad.
Excelencias,
Sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. Entre mayo de 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. La desacreditación de estos por medios de comunicación institucionales continúa.
En cuanto a la libertad de expresión, mi Oficina documentó 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación, así como casos de bloqueos de portales web de medios.
Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada, contra el trabajo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación.
Estas prácticas deben cesar.
Tomo nota del sobreseimiento con libertad plena, ayer, de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo quienes habían sido acusados de legitimación de capitales, asociación para delinquir y otros en enero 2021, en relación con su labor humanitaria.
También tomo nota del compromiso voluntario asumido por el Gobierno, en el contexto del tercer ciclo del Examen Periódico Universal, de fortalecer el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de opinión y de expresión y de garantizar los derechos de asociación, reunión y manifestación pacífica.
Este compromiso requiere fuertes garantías para que las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos lleven a cabo sus actividades sin interferencias indebidas, para que las y los periodistas trabajen sin temor a represalias y para que todas las opiniones políticas se expresen libremente.
En el contexto de protestas pacíficas -la mayoría vinculadas a los derechos económicos y sociales – mi Oficina no documentó muertes y documentó, en comparación con años anteriores y de forma general, menos detenciones arbitrarias.
Tras la reciente detención en junio de algunas personas que manifestaron pacíficamente y que posteriormente fueron puestas en libertad condicional, reitero que cualquier límite a las libertades fundamentales debe cumplir estrictamente con el derecho internacional de los derechos humanos.
Las voces disidentes deben ser consideradas señal de un espacio cívico y democrático saludable.
En este sentido, quiero saludar la reciente creación de espacios de diálogo con la sociedad civil, incluidas reuniones de alto nivel entre las autoridades y el Foro Cívico, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, así como el Foro de Diálogo Social celebrado bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos espacios son fundamentales para lograr acuerdos genuinos y efectivos y deben ser protegidos.
También reitero mi apoyo a un diálogo entre el Gobierno y la oposición, con liderazgo venezolano, y aliento su pronta reanudación de manera inclusiva y genuina. Debería darse prioridad a la participación de las mujeres, y el diálogo debería basarse en los derechos humanos y el estado de derecho para garantizar que se aborden las necesidades de todos y todas, en particular de las personas más vulnerables.
Excelencias,
Persisten desafíos para la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Se necesita redoblar acciones para garantizar no dejar a nadie atrás. El próximo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que en la actualidad se está discutiendo con las autoridades, sería una valiosa contribución a esos esfuerzos, siempre que esté anclado en los derechos humanos.
En relación con las proyecciones de recuperación económica en Venezuela, el crecimiento debe contribuir a disminuir las brechas de desigualdad existentes en el país y traducirse en una mejora concreta del nivel de vida y del acceso a los servicios básicos de toda la población. Al momento, el salario mínimo, aun aumentado en marzo, cubriría alrededor del 8 por ciento del costo de la canasta de alimentos según la sociedad civil. El levantamiento de las sanciones sectoriales podría contribuir a hacer frente a los retos preexistentes.
También insto a que todos los recursos disponibles estén orientados, en la mayor medida posible, para abordar las brechas en servicios e infraestructuras esenciales, como los centros de salud. La asignación de recursos debe seguir un proceso transparente, a la vez garantizando que haya acceso a la información de interés público. Es fundamental igualmente asegurar la transparencia en cuanto a cifras y estadísticas oficiales.
Excelencias,
Recientemente, el gobierno acordó ampliar la presencia en el terreno a 16 colegas de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. Dado que este es mi último diálogo interactivo sobre Venezuela ante este Consejo, permítanme reconocer la cooperación que hemos construido en los últimos 3 años, gracias a la confianza de las víctimas, la sociedad civil y las autoridades.
A través de una mayor cooperación y compromiso, estoy convencida de que se podrá contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos de todas y todos en Venezuela.
Gracias.
