(Caracas, 27.09.2019. Provea). En una histórica resolución el Consejo de Derechos Humanos ha creado una Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Este mecanismo empezará a funcionar antes de finalizar 2019 y está previsto inicialmente por un periodo de un año. La decisión establece que la misión será enviada urgentemente a Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. La misión debe presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante el 45° período de sesiones en septiembre de 2020.
La resolución fue aprobada hoy 27 de septiembre de 2019 por 19 votos a favor. En ella se otorga un nuevo mandato a la Alta Comisionada para seguir investigando y para presentar dos actualizaciones verbales durante los períodos de sesiones 43º y 45º en 2020 y para que prepare un informe escrito completo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, dedicado en especial, pero no exclusivamente, a la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, y para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Este informe escrito debe ser presentado y discutido en el 44° periodo de sesiones en junio-julio 2020.
Ante la gravedad de la situación, el Consejo ha pedido a la Alta Comisionada que presente un informe oral antes del finalizar este año 2019. Ese informe será presentado fuera de las sesiones ordinarias, pues el próximo período ordinario es el 43° en febrero-marzo 2020. Este informe en urgencia es una respuesta a la necesidad de monitorear la situación en Venezuela en el corto plazo antes de que se instale completamente la Misión de Determinación de los Hechos.
Además, establece que “si la situación sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina del Alto Comisionado” el Consejo va a considerar la posibilidad de establecer una Comisión de Investigación, un mecanismo de investigación aún más vigoroso que la Misión de Determinación de los Hechos.
Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos da un espaldarazo a la Alta Comisionada al instar a las autoridades venezolanas a dar “cumplimiento íntegro y oportuno de todos los compromisos contraídos durante la visita de la Alta Comisionada, en particular el de permitir que la Oficina del Alto Comisionado mantenga una presencia en el país y conceder a su personal sobre el terreno y al de la sede un acceso íntegro, ilimitado y no supervisado, y el de velar por que todas las personas tengan un acceso ilimitado a las Naciones Unidas y a otras entidades de derechos humanos y puedan comunicarse con ellas sin temor a sufrir represalias, intimidaciones o agresiones”.
Esta resolución fue posible gracias al esfuerzo valeroso de las organizaciones de derechos humanos y sociales en Venezuela, a la lucha de las víctimas y sus familias, y al apoyo contundente de la Comunidad Internacional. Es una categórica respuesta a la emergencia humanitaria compleja y a la grave crisis de derechos humanos que padece el pueblo venezolano. Pone en evidencia que la situación venezolana y sus consecuencias en la región necesitan de los mecanismos más vigorosos para establecer especialmente las responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos, una de las principales tareas de la Misión de Determinación de los Hechos.
Fuente Oficial: Provea
