(Maracaibo 25/09/2017. Aula Abierta) Las Organizaciones Universitarias y de Derechos Humanos que suscriben el presente comunicado manifiestan su profunda preocupación por las denuncias recibidas, en las cuales se ha señalado que la Gobernación del Estado Zulia a través de la Fundación Jesús Enrique Lossada (FUNDALOSSADA) les ha enviado a los jóvenes beneficiados del plan de becas de estudios universitarios, una planilla que contiene el denominado 1×10, el cual se pretende implementar en las elecciones que se realizarán el próximo mes de octubre.

De este modo, los estudiantes son presuntamente inducidos a colocar sus datos personales en las mencionadas planillas y se comprometen a conseguir 10 estudiantes, para que acudan al proceso electoral y manifiesten su voto por el candidato a la reelección en el Estado Zulia, el Gobernador Francisco Arias Cárdenas, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La situación descrita preocupa altamente a la comunidad universitaria, debido a que se trata de una forma de condicionamiento indebido para el disfrute del derecho a la educación. Además, la referida beca de estudio representa una oportunidad de acceso a la educación superior a distintos estudiantes, que en su mayoría carecen de recursos económicos suficientes para costear los estudios de tercer nivel, en este sentido la realización de esta práctica violenta directamente el ejercicio del derecho a la libertad académica, el derecho a la educación, derechos políticos y otros derechos humanos de los estudiantes universitarios.

Por lo tanto, los hechos denunciados atentan contra el derecho de acceso a la educación superior, contemplado en los artículos 102 y 103 de la Constitución y el artículo 13 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los cuales se garantiza el respeto a las diversas corrientes de pensamiento, lo que implica la manifestación de las mismas en condiciones de igualdad, sin más limitaciones que las derivadas de las aptitudes y aspiraciones de los     estudiantes.

Es por ello que los centros de derechos humanos de distintas universidades del país (LUZ, UCV, ULA y UCAB) han denunciado el ejercicio de prácticas discriminatorias contra los estudiantes universitarios. Esta actuación por parte del Estado genera una particular preocupación, porque los patrones de violación han continuado. Específicamente entre los meses de junio y julio de 2016 fueron desincorporados temporalmente 896 beneficiados del programa de becas mencionado con anterioridad, por ejercer un derecho político, como la participación mediante las firmas para la activación del referéndum revocatorio en contra del Presidente Nicolás Maduro. Por tal motivo se exhorta al Estado venezolano a eliminar toda práctica de discriminación política en el ámbito educativo, y se hace un llamado a la comunidad universitaria a permanecer atenta.

Suscriben:

–          Aula Abierta Venezuela

–          Comisión de Derechos Humanos de la Faculta de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

–          Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

–          Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

–          Centro para la paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Fundación Padre Luis María Olaso.