(Puerto Ordaz, 29/07/2017. CODEHCIU )La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU, organización no gubernamental, sin fines de lucro, dirigida a la educación, promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos en el estado Bolívar, exige al Presidente de la República, Nicolás Maduro, retirar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) originaria convocada el 1º de mayo, por ser violatoria de derechos humanos constitucionales, y atentar contra la expresión de la voluntad popular del pueblo en ejercicio de su soberanía.
El Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.
En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” por tanto, la manera unilateral, inconsulta e impuesta, sin contar con reglas y bases claras, y afectando el derecho al sufragio libre, directo, secreto y universal consagrado en el artículo 63 constitucional la vician de nulidad y la convierten en un acto fraudulento que contraviene los principios y derechos constitucionales, significando un retroceso en el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 19 de la CRBV, y de los valores democráticos que inspiran la Carta Magna de 1999.
Luego de 18 años de gobierno, la crisis que actualmente vive el país en diversos sectores, se ha agudizado, siendo los de mayor alarma a) salud: un sistema precario de atención primaria, aumento de la mortalidad materna, ausencia de grandes laboratorios farmacéuticos con 90% de escasez de medicamentos, reaparición de enfermedades erradicadas como tuberculosis y malaria, carencia de tratamiento para pacientes oncológicos, y de antibióticos, y la falta de voluntad del gobierno de abrir un canal humanitario; b) alimentación: la soberanía alimentaria en el país está en su mínimo histórico con 87% de escasez de alimentos, 11,4% de infantes desnutridos, una inflación alimentaria de 7.614% desde 1999, mermando la capacidad de compra del venezolano que está padeciendo hambre obligándolo en algunos casos a comer de la basura; y c) seguridad: hoy, Venezuela se ha convertido en el segundo país con más tasas de homicidios, con record en robos, asesinatos y secuestros en medio de 23 planes de seguridad1, eso por mencionar sólo algunos datos. Esta problemática que lesiona la dignidad de la persona y es violatoria de derechos constitucionales no los resolverá una ANC.
Existe una mayoría absoluta de la población venezolana, que rechaza la propuesta de una ANC, esta mayoría, 7 millones 600 mil venezolanos se expresó en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional el 16 de julio del corriente en medio de una feroz represión de las protestas en contra del gobierno, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, la muerte de más de cien venezolanos, allanamientos ilegales, ataques contra zonas residenciales, y el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles. Más de 98 por ciento de los venezolanos que asistieron a esa consulta votaron que rechazan esa ANC, razón por la cual el presidente debe retirar su propuesta de constituyente.
Advierte de igual modo esta organización que conforme al texto del artículo 25 constitucional “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Por ello, exhortamos a los funcionarios y funcionarias que se abstengan de participar en este proceso que atenta contra el estado de Derecho, quebrantando el orden constitucional y afectando la paz del país. De lo contrario estarán incurriendo en las responsabilidades descritas anteriormente sin que el argumento de obedecer órdenes superiores los exima de tales responsabilidades, como expresamente está contenido en la parte in fine del texto citado.
Demandamos de ellos el cumplimiento del precepto constitucional que impone a toda persona “el deber de promover y defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”, contenido en su artículo 132.
Por todo lo anteriormente dicho,
1.- Exigimos al Gobierno Nacional que retire la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, restablezca las garantías democráticas, el orden jurídico, social y económico de Venezuela, sobre la base del respeto a la Constitución vigente. “Lo más valioso luego de las personas, que tiene un país es su Constitución y nosotros tenemos que protegerla”2
2.- Invitamos a los funcionarios públicos que han sido víctimas de chantajes, amenazas y coerción por representantes de diversos sectores del Estado a denunciar ante el Ministerio Público y no ceder ante tales pretensiones contra su derecho a disentir y pensar distinto.
