(Washington, D.C., 22.02.2019. CIDH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela. La CIDH urge al Estado de Venezuela a tomar medidas urgentes para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor en el país, libres de intimidación.

En los últimos años, la CIDH ha llamado reiteradamente al Estado de Venezuela a adoptar medidas respecto de las intensas campañas de estigmatización y hostigamiento que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país. En el contexto de la crisis actual, la CIDH recibió información sobre amenazas que habría recibido el presidente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2015, quien había sido anteriormente objeto de campañas de estigmatización por parte de diversos medios de comunicación oficialistas. El 25 de enero, el portal gubernamental en línea Misión Verdad habría publicado un artículo que incluye una imagen de Marco Antonio Ponce, donde se presentan las protestas ocurridas en el país en enero de 2019 como incidentes desestabilizadores financiados por las ONG que promocionan y buscan “extender esta lógica de odio y confrontación a los sectores populares”. Asimismo, el 6 de febrero, en la página web del programa televisivo Con el mazo dando, dirigido por la cabeza de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, se señalaría a las organizaciones de derechos humanos, y en particular a la organización Provea, de ser financiadas desde Colombia por el “imperio”, bajo el pretexto de la ayuda humanitaria.

La Comisión fue informada también sobre hostigamientos a los coordinadores de la organización Foro Penal en los estados de Nueva Esparta y Zulia, quienes estarían siendo objeto de seguimiento y vigilancia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la información recibida, un abogado de la organización que realiza la defensa legal de personas detenidas en el contexto de las protestas ocurridas en enero habría recibido amenazas de muerte.

La Comisión ha indicado que la repetición de declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras de derechos humanos puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad.

“Preocupan los pronunciamientos que califican a las personas defensoras como ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’, porque no solo deslegitiman su labor, sino porque además crean un clima adverso para la defensa de derechos”, señaló el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Relator para Venezuela, Comisionado Francisco José Eguiguren. “Además, estas declaraciones suelen preceder el inicio de procesos penales injustificados en su contra”, agregó.

En esta línea, la CIDH fue informada que el 23 de enero de 2019, en el marco de las detenciones arbitrarias registradas durante las protestas sociales, fue detenida y privada de libertad Laura Gallo, responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad Popular y madre del defensor de derechos humanos Gabriel Gallo, coordinador de la organización Foro Penal en Yaracuy. El 31 de enero, tras audiencia judicial, Laura Gallo fue puesta en libertad condicional bajo acusación de asociación para delinquir, terrorismo e incitación a la violencia.

La Comisión recuerda que la privación del derecho a la libertad de una persona debe basarse en un hecho concreto que justifique el arresto. El Estado de Venezuela debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos en el país.

“Llamamos al Estado a cesar la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos; las autoridades deben asegurar condiciones efectivas en las cuales quienes defienden los derechos humanos puedan llevar adelante sus tareas», sostuvo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.

La Comisión recuerda que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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