(Washington, D.C, 25.05.2022. CIDH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras registrada durante los primeros cuatro meses del año en la región, y llama a los Estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos.

La CIDH advierte que la región sigue siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. Durante los primeros cuatro meses de 2022, se observa un alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en varios países de la región, así como amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización por su legítima labor de defensa.

Según información, en Brasil, al menos 5 personas defensoras fueron asesinadas. El 17 de febrero se encontraron los cuerpos sin vida de Ilma Rodrigues dos Santos, de la Liga de Campesinos Pobres – LCP, y de su esposo Edson Lima Rodrigues, en el municipio de Porto Velho, Rondonia. El 10 de febrero, se registró el asesinato de Jonatas de Oliveira dos Santos, de nueve años, presuntamente en represalia contra su padre el líder comunitario Geovane da Silva Santos quien resultó herido, en el municipio de Barreiros, Pernambuco. El 16 de enero fue hallado muerto Gabriel de Souza Araujo, LGBTI, militante del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) en el municipio de Nova Venécia, Espírito Santo. Previamente, la CIDH condenó el asesinato del defensor ambiental José Gomes, su esposa Marcia e hija menor de edad, Joene en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará y del defensor de la tierra, José Francisco Lopes Rodrigues en la comunidad de Cedro, en Arari, estado de Maranhão.

En Colombia, OACNUDH recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras, de los cuales 11 han sido verificados por este organismo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que hasta marzo del 2022 se registraron 52 asesinatos. En marzo, fueron asesinados el defensor indígena Sercelino Lana en Medio Atrato, Chocó; el líder social Richard Betancourt en Argelia, Santa Clara; el defensor indígena Miller Correa en Toribio, Cauca. Mientras que, en febrero fueron asesinados el líder indígena Dilson Arbey Borja Roldan en Turbo, Antioquia; Teófilo Acuña Ribón y Jorge Tafur, defensores territoriales, en San Martín, César; el líder indígena Luis Chamapuro Quiro, en Medio San Juan, Chocó y el líder indígena Julio César Bravo, en Córdoba, Nariño. En enero se registró el asesinato de José Albeiro Camayo Guetio, Guillermo Chicana y Breiner David Cucuñame López, defensores indígenas en Buenos Aires, Cauca. El Estado colombiano indicó que la Unidad Nacional de Protección protege actualmente a 3.749 líderes sociales y, que las organizaciones criminales serían la principal amenaza. Además, señalo que la Fiscalía General de la Nación investigará el nexo entre estos asesinatos y la labor de defensa de derechos humanos.

En Honduras se documentó 6 asesinatos entre enero y marzo. La Comisión condenó el asesinato del líder garífuna Alonso Salgado el 1 de mayo frente a la vivienda de la lideresa Zury Quintanilla, quien también resultó herida, en el municipio de Tela, Atlántida y el del defensor del medio ambiente Justo Benítez Sánchez, el 30 de abril en el municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. Por su parte, OACNUDH registró 4 asesinatos adicionales. En marzo, el defensor del territorio Francisco Ruiz, falleció víctima de un atentado en la aldea La Brea, municipio de Trujillo, departamento de Colón. En enero, fue encontrado el cuerpo de Melvin Geovanny Mejía, indígena tolupán y defensor de la tierra y el territorio, en el municipio Morazán, departamento de Yoro; además, la Comisión condenó los asesinatos del líder indígena y periodista comunitario Pablo Isabel Hernández Rivera, y de Thalía Rodríguez, mujer trans defensora de derechos humanos.

En México, la CIDH tuvo conocimiento de los asesinatos de Luis Ortiz Donato, líder del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor del pueblo afromexicano en el estado de Guerrero, el 28 de abril; de Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca (API), en Oaxaca el 20 de marzo; y del defensor ambiental José Trinidad Baldenegro, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el 7 de marzo. El Estado mexicano informó que las autoridades competentes determinarán si los asesinatos tuvieron relación con el ejercicio de la actividad de defensa de las víctimas.

En Perú, se recibió información sobre el asesinato de al menos 2 personas defensoras. Al respecto, conoció sobre el asesinato el 19 de abril de Ulises Rumiche, líder de pueblo nomatsigenga, en la carretera San Martín de Pangoa-Sonomoro y el asesinato de Juan Julio Fernández Hanco, defensor ambiental, ocurrido el 21 de marzo en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

La CIDH observa con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como El Salvador y Guatemala. El 6 de febrero fue asesinado Álvaro Marcos Roman, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el municipio de Santa María Xalapán, Jalapa, Guatemala. En El Salvador se registró el asesinato de Elizabeth De León, defensora de los derechos de las mujeres y acompañante de mujeres en situación de violencia, el 22 de en marzo.

Preocupa especialmente a la Comisión que la mayoría de los casos registrados refieren a personas defensoras que ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas.

La CIDH urge a los Estados a llevar a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa. De igual forma, buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.

En este periodo, también se recibió información sobre la persistencia de discursos estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos. En El Salvador, por ejemplo, altas autoridades, acusan a organizaciones defensoras de ser «socios de los pandilleros». En Venezuela, se registró discursos estigmatizantes y campañas de desprestigio por parte de altas autoridades del Estado en contra de la organización PROVEA.

En materia de criminalización, conoció sobre la presunta criminalización de Kenia Inés Hernández Montalván, en México, quien estaría procesada por al menos 5 causas penales, según información del Estado. Hernández Montalván es defensora indígena, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.

Cabe resaltar que la criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.

La Comisión toma nota de la liberación de los 8 defensores del agua de la comunidad de Guapinol, quienes se encontraban en prisión preventiva desde 2019, luego de un fallo resolutorio emitido por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. También fue liberado el líder indígena maya Q’eqchi’ y defensor del territorio, Bernardo Caal Xol, luego de haber permanecido cuatro años de prisión tras ser sentenciado por los delitos relacionados con la defensa comunidades Maya Q’eqchi y haber denunciado la instalación de dos proyectos hidroeléctricos en el departamento de Alta Verapaz, norte de Guatemala.

Las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias. A su vez, la labor realizada quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los países de la región.

La CIDH recuerda que es obligación de los Estados de proteger integralmente el derecho a defender los derechos. La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos requiere de la decidida voluntad de los Estados. Por tanto, es indispensable y urgente que adopten medidas positivas que fomenten una cultura de derechos y un ambiente libre de violencia y amenazas; reconozcan el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras e investiguen de forma seria y efectiva cualquier violación de derechos humanos en su contra.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente Oficial: CIDH