(Nueva Esparta, 21/04/17)  Las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

Resulta inaceptable que las cuarenta y dos (42) personas que fueron privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad del Estado en los eventos ocurridos el pasado 19 de abril de 2017 en el estado Nueva Esparta, permanezcan hasta ahora incomunicadas, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados o defensores, como es su derecho constitucional, siendo además alimentadas y medicadas irregularmente.

Vale destacar que entre las personas que han sido privadas de su libertad por ejercer su derecho constitucinal a protestar, hay menores de edad, personas de tercera edad, hombres y mujeres que padecen condiciones crónicas de salud, incluyendo personas que han sido brutalmente agredidas física y verbalmente por funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

La situación antes descrita evidencia vicios en el procedimiento que se está llevando a cabo y es violatoria de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que protegen los DDHH de los ciudadanos venezolanos, referidos a la privación de libertad y al debido proceso[1]

A todas luces, los mecanismos de coacción que se ejecutan actualmente resultan inadmisibles, no solo para nuestras organizaciones y para quienes defendemos, víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de órganos del Estado venezolano; los propios jueces y fiscales deben negarse a convalidarlos por ser contrario a la Constitución y a la legislación venezolana vigente.

La ciudadana Defensora Delegada en el estado Nueva Esparta, María Luisa Rodríguez, no ha hecho acto de presencia en el Comando de la Guardia Nacional de Los Cocos en Porlamar, lugar donde se encuentran detenidas las personas, aun cuando su obligación es velar por el respeto de los derechos de todos los venezolanos.

Hacemos un fuerte llamado a la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y, a todas las autoridades con competencia en la materia, a que tomen las medidas para que los procedimientos se realicen debidamente apegados al derecho venezolano y al derecho internacional de los DDHH.

Suscriben este manifiesto:
AC Llamado a la Conciencia Vial
AC Nueva Esparta en Movimiento
Asociación Venezolana de Hemofilia – Filial Nueva Esparta
Foro Penal Nueva Esparta
Fundación Nueva Mujer Margarita
Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción
Organización StopVIH

En la ciudad de Porlamar, a los 21 días del mes de abril del año 2017.-

[1] Artículo 44. °
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza
Artículo 46. °
2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Artículo 49. °
El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.