(21.03.2023. Naciones Unidas).

Señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados,

Mi visita a Venezuela en enero me brindó la oportunidad de mantener un intercambio abierto y franco, el cual agradezco, acerca de los retos en materia de derechos humanos, y los desafíos políticos y económicos que enfrenta el país.

Me reuní con altas autoridades, entre ellas el Presidente y la Vicepresidenta, el Canciller, así como con el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministro de Defensa, el Presidente de la Asamblea Nacional, la Presidenta del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

También me reuní con integrantes de la Delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México Delegación, de la Iglesia Católica Romana, y más de 125 miembros de la sociedad civil, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y víctimas.

Desde su establecimiento en 2019, mi equipo en Venezuela ha hecho 23 visitas al terreno; ha visitado 60 centros de detención; y ha formulado observaciones sobre diez iniciativas legislativas.   Asimismo, y cada vez con más frecuencia, accede a expedientes judiciales y participa como observador en audiencias judiciales. Mensualmente, mi equipo se reúne con más de un centenar de víctimas y con de integrantes de la sociedad civil para proporcionarles apoyo. Al menos 312 personas han sido puestas en libertad gracias a la constante labor de defensa, inclusive por parte de mi Oficina.

Seguimos reforzando nuestro apoyo específico a las autoridades, escuchando a las víctimas y apoyándolas en su búsqueda de justicia, y promoviendo los derechos humanos como elemento central de todos los procesos de gobernanza.

La reciente renovación de la Carta de Entendimiento que permite a mi Oficina continuar su trabajo en Venezuela durante los próximos dos años es muy bien recibida.

Señor Presidente,

Venezuela sigue enfrentando  graves desafíos de derechos humanos en los ámbitos civil, político, económico y social.

Conocí a personas que me hablaron de su lucha diaria por sobrevivir. Me hablaron de los cortes regulares de electricidad, de la falta de agua corriente, de la falta de disponibilidad de medicinas y alimentos, de cómo se endeudaban cada vez más. Y me hablaron de las consecuencias directas que todos estos desafíos tienen en su salud mental: muchos sufren ansiedad y depresión. Según las estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en el país.

Señor Presidente,

Recibí una serie de compromisos durante mi visita, lo que es un indicador importante  que requiere un seguimiento constante.

La disposición expresada por las autoridades para emprender reformas judiciales y de seguridad es un paso positivo. Acojo con satisfacción el acceso que se ha concedido a mi equipo a las audiencias judiciales y espero seguir fortaleciendo la cooperación al respecto.

También espero avanzar hacia un mayor acceso a todos los centros de detención.

Sigo profundamente preocupado por las personas que son detenidas arbitrariamente. Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas que permanecen detenidas después de que se hayan emitido órdenes de liberación; personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos; y situaciones determinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como correspondientes a la definición de detención arbitraria con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos.

Reitero mis llamamientos hechos en enero para la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente.

Desde nuestro último informe de julio de 2022, mi equipo ha documentado cinco muertes en el contexto de operaciones de seguridad, y se han recibido más alegaciones. Tomé nota de los compromisos contraídos durante mi visita de investigar rápidamente los casos de muertes, así como los de tortura y otras formas de malos tratos. Espero con interés los resultados de estas investigaciones. Si bien soy consciente de que se han abierto investigaciones sobre denuncias relativas a operaciones de seguridad, años después muchas siguen sin resolverse y las audiencias judiciales se posponen constantemente. Me hago eco de las peticiones de justicia que escuché de las víctimas. A estas y a sus familias se les debe otorgar su derecho a la reparación y garantías de no repetición.

La pronta aprobación y plena aplicación de las dos guías nacionales sobre el uso de la fuerza que se redactaron sobre la base de los protocolos de Minnesota y Estambul, con la asistencia técnica de mi equipo, sería otro paso importante.

Señor Presidente,

En materia de género, las autoridades se comprometieron a eliminar la disposición del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo en el ejército. La anulación de esta disposición la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia es un avance significativo para la aceptación y seguridad de las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

Las autoridades también resolvieron comenzar a trabajar, con el apoyo de mi Oficina, en dos protocolos para investigar numerosas alegaciones de feminicidios y discriminación contra personas LGBTIQ+.

El próximo examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer será una oportunidad para que Venezuela alinee sus leyes restrictivas sobre el aborto con las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos y mi Oficina.

Señor Presidente,

En mis interacciones en enero, tuve varios intercambios sobre el espacio cívico. Alenté a las autoridades a entablar un diálogo significativo con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital.

Sin embargo, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, seis sindicalistas y dirigentes sindicales llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir.

También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación, el bloqueo de páginas web y el cierre de emisoras y programas de radio.

Y la reciente presentación de un proyecto de ley para regular aún más a las ONG ha suscitado serias preocupaciones, que comparto. Proporcioné observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y reitero mi llamamiento para que cualquier legislación se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos.

Las protestas pacíficas por mejores condiciones de trabajo y de vida, incluidos salarios y pensiones más altas, han aumentado en todo el país. La continuación del Foro de Diálogo Social, organizado por el Gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, será una oportunidad para abordar algunos de los desafíos sociales y económicos del país.

Las personas campesinas, agricultores y otras personas que trabajan en las zonas rurales también han estado protestando en defensa de su derecho a la tierra. Mi equipo ha recibido informes de que estas personas han sido acosadas y asesinadas por personas no identificadas. Observo que se han iniciado algunas investigaciones y destaco la necesidad de rendición de cuentas.

El futuro de los pueblos indígenas también requiere atención inmediata. Sus tierras y territorios deben ser demarcados urgentemente, en conformidad con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier medida que pueda afectar sus vidas o medios de subsistencia, especialmente en relación con las actividades extractivas en sus tierras, debe estar precedida de su consentimiento libre, previo e informado.

Señor Presidente,

Las señales de recuperación económica traen cierta esperanza, pero las políticas para apoyar el crecimiento económico del país deben tener los derechos humanos en su centro. El acceso libre, transparente e igualitario a los datos y la información de interés público será clave para lograrlo.

Pido, una vez más, el levantamiento de las sanciones sectoriales que han exacerbado los desafíos preexistentes y profundizado la lucha diaria de los pueblos. En enero, escuché cada vez más voces de preocupación -de actores humanitarios, sociedad civil, funcionarios públicos, la ONU en el país y autoridades- sobre el impacto que han tenido las sanciones sectoriales.

Como dije al final de mi visita, todas las partes deben pensar en el futuro que quieren para Venezuela.

El diálogo y la colaboración entre las autoridades y la oposición serán fundamentales, incluida la reanudación de las conversaciones políticas en México.

Insto a la comunidad internacional a que ofrezca su pleno apoyo a este proceso.

Para la reforma y para el restablecimiento de la confianza, el pueblo de Venezuela requiere acciones concretas y colectivas. Mi Oficina está dispuesta a tender puentes entre las instituciones del Estado y el pueblo, y a seguir ofreciendo nuestra experticia para acompañar los esfuerzos por promover los derechos humanos en el país.

Gracias.

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