(Ginebra, 02.07.2020). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la resolución 42/4 un informe general de la situación de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, en el que se incluyen los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad de las personas.

En dicho informe revela que:

Venezuela siguió padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica.

Aunque el Gobierno ha aumentado el salario mínimo un 1.200% desde julio de 2019, en mayo de 2020 su valor se estimó en 2,82 USD mensuales, lo que cubre el 1,8% de la canasta básica de alimentos.

Según una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en octubre de 2019, el 59% de los hogares declararon no disponer de ingresos suficientes para comprar alimentos.

Siguieron deteriorándose la calidad y el acceso a los servicios básicos, tales como el transporte, la electricidad, el agua y el saneamiento, y el gas, lo que ha afectado negativamente al derecho a un nivel de vida adecuado.

Los médicos y el personal de enfermería informaron de las malas condiciones de los hospitales públicos, entre ellas la falta de medicamentos y suministros médicos, la escasez de agua y los cortes de electricidad.

Desde julio de 2019 hasta mayo de 2020, se registraron 10,026 protestas en toda la República Bolivariana de Venezuela. El 73% de éstas se debieron a los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de las cajas de asistencia alimentaria y la falta de servicios básicos, entre ellos la atención sanitaria.

El ACNUDH documentó la muerte violenta de un hombre en el contexto de un saqueo en el Estado de Bolívar el 23 de abril de 2020, por la cual se inició un proceso penal en contra de cuatro elementos de la policía municipal por homicidio intencionado y uso indebido de arma orgánica.

Las comunidades indígenas también han denunciado la falta de acceso a la atención médica.

La escasez de combustible ha impedido el acceso al tratamiento médico fuera de sus territorios, a menudo aislados, y ha exacerbado el problema del acceso a los alimentos.

El acceso al agua potable también es motivo de creciente preocupación, en particular para los wayuu.

Estos últimos han organizado siete protestas contra el aumento de la escasez de agua, alimentos y medicinas desde la imposición de las medidas contra la COVID-19. Tres de estas protestas fueron respondidas con el uso excesivo de la fuerza.

El ACNUDH siguió documentando restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos.

El ACNUDH documentó las restricciones al derecho a la libertad de los manifestantes, los profesionales medios de comunicación y de los trabajadores de la salud, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El ACNUDH también documentó violaciones al debido proceso para personas acusadas de delitos tales como la traición, la rebelión, la incitación pública, la conspiración, el intento de asesinato, el terrorismo y la financiación de actividades terroristas.

En el contexto de las protestas relacionadas con los servicios públicos, el ACNUDH documentó la detención de 17 manifestantes en todo el país, entre ellos menores de edad y personas adultas mayores, y tres casos de tortura y una agresión sexual a manifestantes detenidos el 20 de mayo en el Estado Lara por miembros de las fuerzas de seguridad.

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