(Caracas, 06.12.2018. Cepaz). En el marco de las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el 170° Período Ordinario, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) participó en una sesión sobre detención arbitraria y situación de los derechos políticos en Venezuela.

En esta audiencia se presentó la situación de los derechos políticos de los venezolanos, en especial lo denunciado en varias oportunidades en Cepaz sobre el hostigamiento y persecución de los partidos políticos.

El año pasado, con ocasión de la instalación de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), publicamos el informe “Estocada a la democracia”, en el cual se reseñaron las decisiones que motivaron la instalación de la Constituyente, su naturaleza y sus primeras actuaciones en decremento de la garantía de los derechos políticos de los venezolanos.

En aquella oportunidad advertimos sobre la amenaza que representaba este órgano, no sólo por los vicios constitucionales derivados de su convocatoria sino, además, debido al carácter supraconstitucional que se atribuye. Siendo una clara demostración de su naturaleza antidemocrática por su mera concepción como mecanismo para la toma unilateral de decisiones por parte de un sector de la sociedad, contraria al espíritu y concepción de la democracia y todo sistema de participación ciudadana.

Dentro de estos escenarios de arremetidas contra la democracia venezolana, haremos más adelante mención de la frágil situación de los partidos políticos en el sistema político del país. Pero para ello es necesario presentar un breve recuento de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en su búsqueda de reducir y menoscabar los espacios de participación política del ciudadano.

Como punto de partida, se tomará lo acontecido desde enero de 2016 cuando se constata de manera clara cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó como norma la manipulación de los lapsos previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), evidenciándose en los constantes cambios de criterio sobre los procesos que organiza para justificar sus posturas políticas.

¿Cuándo comenzó la arremetida contra los partidos políticos?

La Sentencia Nro. 01/2016 de la Sala Constitucional constituye la piedra angular sobre la cual empezó a construirse la ruta de la exclusión de las organizaciones políticas del sistema político venezolano.

A través de esta sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la renovación de 59 partidos políticos tras la arbitraria interpretación que la Sala Constitucional dio al artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.[1] Tal interpretación obligó a ciertos partidos a renovar su nómina de inscritos en un procedimiento burocrático que, de hecho, ilegalizó a esos partidos, pues quedaron impedidos de participar en procedimientos electorales hasta tanto no cumpliesen con este trámite de renovación.

Es necesario recordar que para la fecha se tomaba como inscritos a aquellas organizaciones partidistas que habían participado tanto en las elecciones presidenciales de 2013, como en las parlamentarias celebradas en diciembre en 2015. Comicios en los que los 19 partidos que integraban la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidieron acudir en una alianza perfecta, postulando todos sus candidatos con la tarjeta única de la MUD. De esta manera, se les obligó a renovar su nómina de inscritos ante el CNE por no haber participado en dos elecciones seguidas de manera directa.

Pero no esta será la única arbitrariedad. En las elecciones regionales de octubre de 2017, el CNE impidió a la MUD postular candidatos en siete estados, por estar aún en curso los juicios penales por un supuesto fraude en la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro en 2016. [2]

Estos juicios que aún no concluyen, fueron los que paralizaron la consulta popular sobre la continuidad de Maduro. Lo cual constata que todas esas medidas poseían un claro efecto: reducir ilegítimamente el número de partidos políticos que pueden participar en elecciones.

Diversas organizaciones políticas de la oposición venezolana decidieron no participar en las elecciones municipales de diciembre de 2017, considerando las irregularidades cometidas durante las elecciones regionales[3]. Desde un punto de vista jurídico, esto se tradujo en la no postulación de candidatos para esas elecciones, decisión nada censurable. La postulación de candidatos es un derecho de los partidos políticos, pero no una obligación, tal y como lo dispone el artículo 47 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.[4]

No obstante, la ANC anunció su decisión de exigir a los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales la renovación de su nómina de militantes ante el Poder Electoral si no querían ser inhabilitados, disposición que quedó formalizada en el “Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales”.[5]

En este sentido, los partidos de oposición como Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Partido Unión y Entendimiento Nacional (Puente) debían ir a un nuevo proceso de legitimación.

¿Cuánto tiempo tardó el proceso de legalización de los partidos?

El proceso de legalización de los partidos fue diferido en cinco ocasiones por las rectoras del CNE y por varias sentencias del TSJ. En total, el proceso para que las organizaciones pudieran mantenerse legales se demoró un año y tres meses, es decir, un total de 462 días.[6]

Sin embargo, es importante destacar que en medio de estos diferimientos, el TSJ en su sentencia Nº233 concluyó que los partidos Tupamaro, Nuvipa, PSV y Unidad DR, partidos ligados a la postura de Gobierno que inicialmente obligados a participar en la renovación, estaban exentos de cumplir con este trámite.

Luego de este proceso, el número de partidos políticos legales en Venezuela se redujo a 22 organizaciones.[7]

¿Ha habido un retroceso del ecosistema de partidos políticos?

Tras cada arremetida orquestada por el Gobierno Nacional y ejecutada por cada uno de los Poderes Públicos a su disposición, el sistema político del país ha perdido hasta el 88,6% de sus partidos entre los años 2010 y 2018.[8]

Para finales de 2010 existían en Venezuela un total de 325 partidos políticos, entre nacionales y regionales. Sin embargo, para las elecciones parlamentarias del 2015 la cifra se redujo a 96 organizaciones que estuvieron habilitadas para participar en dicho proceso.

Para los comicios de gobernadores en 2017, la cifra siguió disminuyendo con 76 organizaciones habilitadas, hasta llegar a solo 37 partidos validados actualmente para participar en los próximos comicios a celebrarse este diciembre de 2018.

¿Y cómo afecta los derechos políticos de los venezolanos?

Como se puede constatar en los hechos anteriormente mencionados, se denota una regresión en los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. El proceso de renovación de partidos políticos en Venezuela desde 2016 evidencia que lejos de responder incluso a algún orden burocrático, responde directamente a la intención deliberada de restringir la participación, en línea con la búsqueda de centralización del poder por parte del Gobierno Nacional.

Por lo que en definitiva,este proceso, tal y como está planteado, supone una amenaza a la existencia del pluralismo político en Venezuela. Además, atenta directamente contra el derecho a la asociación establecido en la Constitución y, en la misma línea, atenta contra los derechos políticos del pueblo venezolano.

Por todo lo anteriormente señalado, desde Cepaz seguiremos expresando y denunciado cada atropello perpetuado a la deteriorada democracia venezolana. Es preciso recordar que de acuerdo al sistema interamericano, para una sana relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia, es necesaria la vida de los partidos políticos como medio de la representación de la voz del pueblo.

El papel de los partidos políticos en el sistema democrático, es ser enlace entre el Estado y la sociedad civil, producto a la democracia representativa que le permite participar en las decisiones de Estado. Los partidos políticos nacen para representar a distintos sectores de la sociedad y, por medio de elecciones, permiten que los ciudadanos tengan participación en la conducción de la sociedad a través del poder en el Estado.

Por lo tanto, eliminar partidos políticos que disienten de forma legítima del Gobierno Nacional que actualmente está al frente de Venezuela, es una forma de menoscabo de los derechos de los venezolanos ante el próximo evento electoral.

¿Y cuál es el escenario para este 9D?

A días de la celebración de los comicios de concejos municipales de este 9 de diciembre, desde Cepaz queremos informar que como organización defensora de derechos humanos continuaremos documentado, denunciado y difundido ante instancias nacionales e internacionales las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, en lo que consideramos la conformación de acciones sistemáticas al debilitamiento del voto como expresión ciudadana en democracia.

Dentro de este inconstitucional proceso se hace notorio una vez más cómo el CNE, máximo ente electoral, insiste en consolidar el ventajismo del Gobierno Nacional al acorralar inconstitucionalmente a los partidos políticos y condicionar el ejercicio legítimo de su derecho a participar en los eventos comiciales. De acuerdo con el ente comicial, sólo treinta partidos expresamente convocados por el mismo CNE son los que estarían habilitados para participar el 9 de diciembre.

Desde Cepaz seguiremos denunciando y exigiendo el cumplimento de las garantías constitucionales para la realización de elecciones, ya que la postura del CNE de cara a estos comicios de concejales no sólo es una franca violación a las disposiciones expresas en la Constitución y la legislación electoral, sino que además supone una reedición de las arbitrariedades en las que se han visto envueltas las últimas contiendas comiciales celebradas en el país.

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