(Caracas, 23.02.2023. Tal Cual). Dos noticias recientes dan cuenta del quehacer de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el contexto político venezolano. Por una parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta que casi 2,8 millones de venezolanos recibieron ayuda en 2022, en el Plan de Respuesta Humanitaria que la ONU aprobó para paliar la emergencia humanitaria compleja que aqueja al país desde 2015. Estas ayudas, por un monto de US$ 319,4 millones, se concretaron en 329 de los 335 municipios del país, con el concurso de 149 ONG, de las cuales 100 son nacionales, 27 internacionales, 11 programas de la ONU, 2 de la Cruz Roja, 9 no especificadas.
En otra noticia, Feliciano Reyna, fundador y presidente de @AccionSolidaria, recibió el premio Martin Ennals para defensores de derechos humanos (DDHH) en el mundo. En el veredicto se señala que los tres ganadores de la edición 2023 han sido firmes en «…su valentía, pasión y determinación para darle voz a aquellos que no tienen voz en el ámbito internacional, a pesar de los continuos desafíos, a veces mortales, que sobrellevan».
Mientras las ONG obtienen logros, el régimen –incansable en su desenfreno totalitario– aprueba en primera discusión en la asamblea nacional el «Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines», un título cuya amplitud e imprecisión sugiere que va contra toda agrupación civil, cualesquiera sean sus fines.
El proyecto de ley no define lo que entiende por ONG, de manera que a falta de mejor idea, me ceñiré a la descripción del DRAE: «Organización de iniciativa social, independiente de la administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativos». Dada su naturaleza, mal podría el proyecto incluir la cláusula democrática, a la que ahora se obligan «todos los sistemas democráticos para indicar el compromiso de los Estados con su sociedad civil, […] elevar su calidad democrática, […] dar mayor protección y reconocimiento de DDHH a los grupos vulnerables, y trabajar en políticas públicas».
No en balde, casi 450 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado de rechazo a «… un proyecto que suprime el derecho a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico, al permitir la cooptación del tejido social y tomar represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana».
«De llegar a aprobarse en segunda discusión, se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional, con las cuales afrontar la grave crisis de DDHH y la emergencia humanitaria compleja que afecta a la mayoría de la población».
Diversos defensores de DDHH señalan que en sustitución del actual registro, se crea un amasijo burocrático kafkiano, diseñado para imposibilitar el nuevo registro, declarar inexistentes a las ONG e impedir su acción en los más diversos campos del devenir ciudadano, sea éste emergencia humanitaria, electoral, educativo, sindical, religioso, entre otros, con la consiguiente persecución a quien ose actuar en un escenario «ilegal».
De esto precisamente se trata: de despojar a la sociedad civil de cualquier herramienta para la defensa de sus derechos ante un régimen cuya vocación totalitaria se hace cada vez más notoria. Ya lo ha reiterado la Academia de Ciencias Políticas y Sociales al expresar que el proyecto de ley afecta derechos constitucionales y humanos como la libertad de asociación, expresión y participación en asuntos públicos, el principio de legalidad, la prohibición de discriminación y aplicación retroactiva de las leyes.
A juicio de Rafael Uzcátegui (@_Provea), el régimen cree tener cuentas por cobrar contra las ONG. La ley en comento sería la factura a pagar por la osadía de la sociedad civil y sus ONG en documentar la política de estado promotora de infinitos casos de violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad, por ante la Corte Penal Internacional (hasta el próximo 7 de marzo, las víctimas de violaciones de DDHH pueden sumar nuevos casos al expediente) y la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (ONU).
Esta última es diáfana en su mensaje: «De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación». De allí que debe ser punto de honor para los venezolanos defender la labor de las ONG y oponernos a la ley que pretende anularlas. En ello se nos va la vida ciudadana.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
