(Caracas 11/05/2017. Provea) Tras más de un mes de manifestaciones ininterrumpidas, realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional, Provea califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos.
Provea realiza desde el año 1989 un Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, por lo que posee elementos cuantitativos y cualitativos para realizar dicha afirmación, desde una perspectiva de exigencia de derechos. La misma se sustenta por la suma de los siguientes elementos:
Extensión cronológica: El ciclo de movilizaciones, que se inició el 01 de abril de 2017 en Caracas -un día después del reconocimiento de “ruptura del hilo constitucional” por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz-, se ha mantenido ininterrumpido hasta el 10 de mayo (fecha de redacción del presente texto), es decir, durante cuarenta días continuos.
Extensión geográfica: Las protestas han ocurrido en los 24 estados del país, tanto en las ciudades principales como en pueblos y comunidades pequeñas.
Cantidad de protestas realizadas: Hasta el 07 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un promedio de casi 26 protestas diarias.
Desterritorialización de la protesta: A diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano, el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como “bastiones” del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo. Esta situación está siendo propiciada por el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía –sobre todo de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos policiales en las comunidades pobres del país mediante operativos como el OLP, entre otros.
Contexto no democrático en el que ocurren: Las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones: a) Sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción; b) Suspensión indefinida del derecho a la participación popular mediante el voto; c) Derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria; d) Políticas económicas que han generado el aumento de la pobreza y exclusión sin posibilidad de garantizar derechos sociales. Estas medidas han extinguido el Estado de Derecho en Venezuela, impidiendo la garantía para los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población.
Diferentes actores de la represión que no logran inhibir la protesta ciudadana: El “Plan Zamora”, aplicado a partir del pasado 19 de abril y sustentado en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, ha institucionalizado la participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y organizaciones paramilitares en labores de represión a manifestaciones, bajo una lógica bélica que se ampara en la doctrina de la seguridad nacional y el reforzamiento de la tesis del enemigo interno, para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. A esta situación se suma la instrumentalización del Sistema de Justicia para penalizar y privar de libertad a cientos de manifestantes, a pesar que en muchos de los casos registrados, el Ministerio Público ha desistido presentar acusaciones contra los mismos debido a la ausencia de elementos probatorios para comprobar la comisión de delitos. En un nuevo y alarmante patrón represivo, en el contexto de la aplicación del “Plan Zamora”, se suma el sometimiento generalizado de civiles detenidos en manifestaciones a la Justicia Militar. Esta práctica, violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 261 de la Constitución Nacional, desconoce el derecho a ser juzgado por el juez natural, vulnera el derecho a la defensa de cientos de detenidos y pone a la dictadura de Nicolás Maduro al lado de otras dictaduras de América Latina que han empleado esta vergonzosa práctica para intentar acallar la disidencia y el descontento popular, generando con ello graves violaciones a los derechos humanos.
Consolidación de patrones represivos registrados en anteriores ciclos de protesta, y aumento de la crueldad en la represión: varios de los patrones represivos registrados durante el ciclo de protestas de 2014, se repiten en esta rebelión popular por el retorno a la democracia en Venezuela. a) Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y población civil no vinculada a las manifestaciones, que incluye el empleo excesivo de sustancias tóxicas –incluso con el objetivo de causar el máximo daño físico posible a manifestantes y transeúntes-, perdigones de plástico, empleo de munición potencialmente letal; golpizas a manifestantes, entre otros; b) ataques a zonas residenciales, centros educativos y centros de salud; c) Actuación de civiles armados y grupos paramilitares para contener y reprimir manifestaciones pacíficas; d) Obstáculos innecesarios para el ejercicio del derecho a la manifestación y proliferación de zonas de exclusión para el uso del espacio público por parte de la ciudadanía; e) Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos; f) Incomunicación de detenidos y violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; g) Robos por parte de agentes de la fuerza pública contra manifestantes y/o transeúntes no vinculados a las manifestaciones; h) Campañas de estigmatización; acoso y hostigamiento contra manifestantes, activistas sociales, dirigentes políticos y defensores de Derechos Humanos, a través del sistema nacional de medios públicos y mediante la divulgación de fotos y direcciones de domicilio a través del “Manual del Combatiente Revolucionario” por parte de funcionarios del Estado; i) Ataques a periodistas, trabajadores de la prensa y hostigamiento a medios de comunicación.
En 40 días de protesta han fallecido 39 personas, casi una persona en promedio al día, muertes que lamentamos profundamente y que evidencian los sacrificios de los pueblos cuando se rebelan contra las tiranías. Según el Foro Penal Venezolano, 1.991 personas han sido arrestadas, un promedio de 50 personas diariamente, permaneciendo detenidas 653, de las cuales 404 se encuentran a la espera de un fiador y 157 privadas de libertad. Por su parte 116 personas habrían sido pasadas, inconstitucionalmente, a tribunales militares. Según el Ministerio Público 787 personas habrían resultado lesionadas. Estos patrones de actuación se producen en medio de un aumento en la crueldad de la represión -sin precedentes-, al menos en los registros levantados por Provea desde 1989. Sin embargo, resaltamos que el recrudecimiento de la represión y el incremento de la crueldad por parte de los represores, no ha apagado la voluntad pacífica de lucha de los venezolanos por el restablecimiento de la democracia en nuestro país, al contrario, las manifestaciones se multiplican y se diversifican día a día, manteniendo fundamentalmente, su vocación no violenta.
Un movimiento masivo y extendido de protesta que usa la No Violencia como estrategia, y con ello el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica: El carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones fue reconocido por la Fiscal General, doctora Luisa Ortega Díaz. La ausencia de imágenes de manifestantes armados ha llevado a las autoridades a la difusión de fotografías falsificadas.
Un proceso de indignación de multitudes con características propias: Aprendiendo de sus propias experiencias y adaptando lo que han visto en redes sociales de otras latitudes, los manifestantes han desarrollado estrategias que le dan a esta rebelión popular sus particularidades, generando símbolos de la resistencia pacífica que han dado la vuelta al mundo. Es importante destacar la voluntad de los manifestantes de reconcentrarse ante la avanzada represiva, retomar la calle y continuar la lucha desafiando la represión, lo cual es símbolo del ánimo de resistencia a la Dictadura.
Un liderazgo compartido entre la gente y los diputados de la Asamblea Nacional: Los parlamentarios se han visto presionados por la multitud a asumir una agenda permanente de movilización y acompañar a la gente en las convocatorias, siendo también víctimas de la represión al encabezar muchas de las protestas dando ánimo y conducción. No estamos en presencia de un liderazgo tradicional, sino de uno compartido generado en red: Un enjambre.
Protagonismo de una generación de activistas “millenials”: A diferencia de generaciones de activistas anteriores, cuyos modelos provenían mayoritariamente de la izquierda marxista, la presente generación de jóvenes activistas tiene como referentes la cultura digital, los video juegos, las novelas gráficas, series de televisión y películas, así como referentes sociales más recientes como la primavera árabe y las propias protestas del 2014.
La calle ha sido escenario para el despliegue de manifestantes de diferentes generaciones: Junto a los jóvenes “millenials”, las movilizaciones han sido protagonizadas también por adultos contemporáneos y personas de la tercera edad, lo que le da un carácter intergeneracional a las protestas.
Ante la hegemonía comunicacional y la censura, la indignación de las multitudes ha construido sus propios canales de información, divulgación y convocatorias: Mediante el uso intensivo de redes sociales y mecanismos de autoregulación de contenidos, manifestantes se mantienen alta y rápidamente informados. Algunas de las redes más utilizadas han sido WhatsApp, Twitter y Periscope.
Carácter propositivo del movimiento: el actual movimiento de indignación rechaza el golpe de Estado al Parlamento y el Fraude Constituyente, pero también exige el regreso a la “democracia”, que se ha convertido en un valor cuya significación está siendo llenada por las aspiraciones y deseos de los manifestantes en la calle. Durante los hechos del Caracazo, la indignación popular masiva, pero sin conducción y objetivos claros, emergió contra un paquete de medidas económicas de corte neoliberal y condujo a que millones de personas se lanzaran a las calles a manifestar su descontento, lo que generó una respuesta altamente represiva por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, a pesar de la trascendencia histórica de dichos sucesos para el cambio político y la garantía de derechos en nuestro en país, el movimiento de indignación de “El Caracazo” adoleció de capacidades organizativas y políticas que permitieran transformar la indignación en acción y propuestas claras para construir una democracia de derechos. En 2017, la experiencia popular y la lenta pero indetenible despolarización de la sociedad, elevan la indignación a un escenario de propuesta y construcción de una sociedad democrática, con justicia social y derechos para todos. Seguimos siendo hijos del Caracazo, esta vez, con la capacidad de reconocer los errores y aciertos del pasado y del presente, pero con la mirada puesta en el futuro.
En Venezuela y América Latina la historia se repite. En plena dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre la prolongada suspensión de garantías constitucionales y régimen de excepción en ese país: “Las disposiciones mencionadas que conformaron el régimen de emergencia prevaleciente en Nicaragua, crean en la realidad socio—política de este país una estructura legal desde el punto de vista de la formalidad normativa; pero, desde el punto de vista material, ella se traduce en situaciones de amoralidad jurídica individual y colectiva, por cuanto se presta para una sistemática y generalizada violación de los derechos humanos”. Esa misma Comisión, tan criminalizada por quienes gobiernan en Venezuela, justificó en 1979 el derecho a la rebelión del pueblo Nicaragüense y la propia insurrección sandinista contra la dictadura de Somoza: “Los daños y sufrimientos provocados, por estas violaciones han hecho surgir entre la población nicaragüense, de la manera más patente, un intenso y general sentido favorable al establecimiento de un sistema que garantice la observancia de los derechos humanos”. Este derecho a la rebelión democrática, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y conocido también como el “nunca más de la humanidad”, legitima la acción de los pueblos para enfrentar las tiranías y reclamar el establecimiento de un régimen de derecho.
En la Venezuela de 2017 estamos en presencia de una nueva rebelión, esta vez contra la primera dictadura del siglo XXI. A la fecha, la fractura del gobierno de Nicolás Maduro y la resistencia ciudadana siguen en ascenso.
Las lamentables víctimas que deja la Rebelión Popular genera dolor pero disposición de lucha. Al momento de escribir este texto 39 personas han fallecido en el contexto de la protesta, varias de ellas asesinadas por la acción represiva del Estado. La lastimosa pérdida de vidas humanas que generalmente ocurren en toda rebelión contra las dictaduras y por la democracia, no ha intimidado a la población quien se mantiene día a día en la calle. El gobierno no ha logrado desmoralizar a quienes han decidido tomar las calles a lo largo y ancho del país. El dolor se viene transformando en más fuerza para exigir justicia, garantías para los Derechos Humanos y respeto a la voluntad popular.
Sigamos siendo protagonistas de esta rebelión pacífica y democrática que nos podrá conducir a una mejor Venezuela. Cada quien desde sus posibilidades, capacidades y lugar geográfico, puede ayudar a que esta rebelión termine en un histórico triunfo popular.
