Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui
En opinión de Provea el ciclo de manifestaciones que caracterizaron el primer semestre del año 2014 comenzaron el 4 de febrero en el estado Táchira, cuando un grupo de estudiantes universitarios protestaron por el presunto ataque sexual contra una compañera. Doce meses después, y desde una perspectiva de derechos humanos, realizamos el siguiente balance sobre aquellas jornadas:
1) El Estado como responsable del incremento de los niveles de violencia: La detención de los primeros manifestantes en el estado Tàchira el 04F, y luego otros en los días siguientes, generó una respuesta del movimiento estudiantil que se inició en las ciudades del interior del país y llegó a Caracas el 12 de febrero. La convocatoria a la movilización ese día fue criminalizada por el propio primer mandatario. A la 1 de la tarde se realizaban movilizaciones masivas en 12 ciudades del país, de manera absolutamente pacífica, donde sólo se registraron incidentes en la ciudad de Caracas, cuando los manifestantes fueron repelidos con el uso de armas de fuego –con el resultado del asesinato del activista Juan Montoya del izquierdista Secretariado Revolucionario de Venezuela- y, por otro lado, ocurrieron actos vandálicos en la sede de la Fiscalía. Finalmente serían 3 las personas asesinadas en la capital durante ese dìa. Automáticamente, altos voceros gubernamentales responsabilizaron de las muertes a los propios manifestantes, sin embargo, videos difundidos incluso por medios progobierno mostraron a funcionarios policiales y paramilitares simpatizantes del gobierno disparando contra los manifestantes. Ademàs de responsabilizar a los manifestantes como responsables de los asesinatos, las autoridades sugirieron la prohibición de otras movilizaciones. Para Provea cada vez que el gobierno ha obstaculizado el ejercicio de la manifestación pacífica, ha estimulado la aparición de la protesta violenta.
2) Persiste la impunidad estructural en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía: Luego de un año del inicio de las protestas, de la totalidad casos que investiga la Fiscalía en una ínfima parte se ha dictado una sentencia firme contra los responsables. Tanto las violaciones a los derechos humanos, como los delitos ocurridos en el contexto de las protestas, continúan en impunidad. Persiste el incumplimiento del derecho a la manifestación y la libertad de asociación tal como se encuentra consagrado en la Carta Magna, además de otras normativas como la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y el manual de procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana para controlar manifestaciones. Las organizaciones documentaron graves violaciones ocurridas en los centros de detención.
3) A nivel internacional se conoció más la situación de deterioro de los DDHH en Venezuela: Los diferentes pronunciamientos realizados durante los hechos, que incluyen el Alto Comisionado de DDHH de la ONU y algunas de sus relatorías y el informe especial de Amnistía internacional, entre otros, expresaron su preocupación frente al deterioro de los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática en el país.
4) Aparición de nuevos patrones de violación a los DDHH: El uso de grupos paramilitares para el enfrentamiento a los manifestantes constituye una de las más preocupantes tendencias surgidas durante las jornadas. El propio caso del homicidio de Juan Montoya revela la vinculación entre estos grupos irregulares y los cuerpos policiales estatales. Otra novedad fueron los ataques contra residencias e inmuebles por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares donde se escenificaron las protestas.
5) Continuidades y rupturas dentro de la cultura de protesta venezolana: La “guarimba” una forma de protesta potencialmente violenta fue una de las 20 estrategias diferentes de protesta, desarrolladas durante las jornadas, en su mayoría pacíficas. La expansión del fenómeno y su coordinación en redes sin centro visible constituye una novedad, donde las manifestaciones ocurridas en el interior del país fueron tan importantes como las ocurridas en Caracas. Los datos reflejan que a pesar de su protagonismo mediático, las protestas violentas fueron minoría respecto a las pacíficas. Las demandas políticas fueron las principales en la capital, sin embargo en el resto del país las exigencias sociales formaban parte del discurso de los grupos movilizados. En Caracas y otros centros urbanos las protestas se escenificaron en espacios territoriales de clase media, mientras que en otras ciudades incorporaban sectores populares y rurales. El crecimiento de la hegemonía comunicacional estatal estimuló el uso intensivo de redes sociales por parte de los manifestantes. Un año después las organizaciones de derechos humanos insistimos en el respeto del derecho a la manifestación pacífica y ante protestas violentas el uso de los principios internacionales del uso diferenciado y progresivo de la fuerza.
Lamentamos que las regulaciones recientes (Ley del Sistema de Protección Popular para la Paz y la resolución del Ministerio de Defensa) insistan en jerarquizar, ante las demandas ciudadanas en la calle, el aspecto represivo sobre los canales democráticos de respuesta a las demandas.
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