(Lima, 20.08.2019). La migración venezolana en América Latina constituye un fenómeno migratorio sur-sur sin precedente para esta región. En América Latina y el Caribe, residen alrededor de 2.7 millones de los 4 millones de personas venezolanas que han migrado en los últimos años (Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados [ACNUR], 2019a). Detrás de esta migración se encuentran factores vinculados a la grave crisis socio-económica, política y humanitaria que atraviesa Venezuela.

Esta migración ha cambiado drásticamente el panorama migratorio en la región sudamericana, ya que los principales destinos de la población venezolana -Colombia, Perú y Ecuador- son lugares con poca o nula experiencia en la recepción de personas migrantes. Si bien algunos elementos deberían favorecer la inclusión, tales como el compartir el mismo idioma o la misma religión, factores como la diversidad cultural de cada país y el contexto histórico-estructural de discriminación y desigualdad en la región, complejizan este proceso. Adicionalmente, los problemas estructurales de los principales países de destino, como la informalidad, la centralización, y las deficiencias en las políticas públicas laborales, educativas y sanitarias dificultan la inclusión de una población que huye de un contexto de crisis.

Con más de 800 000 personas venezolanas, el Perú se configura como el segundo país de acogida de esta población después de Colombia. Perú es además el primer país receptor de personas solicitantes en la condición de refugiado provenientes de Venezuela, y a nivel mundial es el segundo país que recibe más solicitantes de esta condición después de Estados Unidos (Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados [ACNUR], 2019b).

Al mismo tiempo, Perú es uno de los países de la región menos acostumbrados a recibir población migrante internacional (Berganza, 2017), aunque sí ha conocido procesos importantes de emigración internacional y migración interna. Ello genera una serie de retos en cuanto a la política migratoria y de asilo, así como en relación a las políticas públicas vinculadas a la inclusión, y en particular a la inserción en el trabajo, la vivienda, la salud y la educación.

Frente al incremento del flujo migratorio, en un primer momento, el Estado peruano adoptó una serie de medidas con el fin de responder a la llegada de las personas venezolanas, como la creación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que permite la regularización de la condición migratoria de la persona venezolana en el país y las habilita a realizar actividades lucrativas subordinadas o independientes. Sin embargo, en un segundo momento, el Estado decidió exigir el pasaporte como documento de ingreso al país para la población venezolana, aunque estableció excepciones para una serie de grupo, y puso fin al PTP. Por esta razón la política migratoria y de refugio ha conocido muchos cambios en el último año.

Por otro lado, si bien el Perú ha mejorado sus servicios públicos y sociales en los últimos años desde el retorno a la democracia, el aumento de los flujos migratorios es una situación novedosa para el país y las carencias, principalmente en términos de disponibilidad y calidad, representan un problema al pensar en el acceso que se le debe brindar a las personas migrantes a dichos servicios. En ese sentido, la capacidad de respuesta del Estado peruano se ha visto sobrepasada, a tal punto que han comenzado a surgir problemáticas en cuanto a la garantía y protección de derechos como educación, salud, trabajo, garantizados por el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1350, Ley de Migraciones.

Así, sobre el derecho a la educación, la problemática se centra en el acceso limitado debido a la falta de información disponible para los migrantes sobre los modos de acceder a centros educativos, y la falta de capacitación de los funcionarios públicos (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies [IFRC], 2018). Por otro lado, sobre el acceso a los servicios de salud, se reporta que solo algunos grupos en situación de vulnerabilidad tendrían acceso a estos, pero de forma intermitente. La gravedad de la falta de garantía sobre el acceso de personas venezolanas a servicios de salud se acrecienta si se pone atención a enfermedades como la malaria en las rutas de tránsito o el aumento del índice de personas infectadas por VIH, entre los migrantes venezolanos que llegan a Perú.

Igualmente importante es conocer la situación de las mujeres venezolanas en el Perú, considerando que enfrentan una serie de desventajas estructurales y con raíces histórico-sociales. Ante ello, urge suplir esta ausencia de información sobre la situación del acceso de esta población a servicios, siguiendo un enfoque de derechos humanos y de género, que permita un mejor diseño de políticas dirigidas a tratar esta problemática.

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