(Caracas, 28.10.2016, Inti Rodríguez) La territorialización del conflicto y la creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, han sido uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por su sucesor Nicolás Maduro. Luego de los sucesos de abril de 2002, comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios. Esta lógica de exclusión fue reforzada con una agresiva y permanente campaña de criminalización dirigida a sembrar en el imaginario popular la idea de que cualquier manifestación que tuviera como destino las principales sedes de gobierno en el país, tenía como propósito generar caos y promover un golpe de Estado, de allí que cualquier respuesta represiva y autoritaria era válida para contener tal situación. 

En diciembre de 2002 se reformó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) y se amplió la figura de las zonas de seguridad, incluyendo, además de las sedes de gobierno y las instalaciones militares, a las empresas básicas del Estado, las sedes de PDVSA y otras instituciones, en las que se prohibió la realización de asambleas, huelgas o manifestaciones y se sanciona a quienes promuevan o participen en este tipo de actividades en estos espacios, que comprenden el 30% del territorio nacional según ha contabilizado la ONG Control Ciudadano. Ya no sólo los opositores eran el blanco de la exclusión y la penalización por ejercer derechos, los trabajadores, campesinos y activistas sociales se pusieron en el radar de la lógica represiva y durante varios años, desde 2005 hasta 2013, fueron las principales víctimas de la judicialización de las protestas y la criminalización del ejercicio de derechos constitucionales. En este período al menos 150 dirigentes sindicales se convirtieron en presos y/o perseguidos políticos, debido a la actuación del Ministerio Público y los Tribunales, enmarcada en la aplicación de sanciones contenidas principalmente en la LOSN, el Código Penal, y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El telón de fondo siempre era la criminalización y la territorialización del conflicto, cuya justificación reposaba en la necesaria “defensa de los intereses de la nación”. 

La conflictividad en 2014 tuvo como respuesta estatal una profundización de la lógica represiva sobre el control territorial y las zonas de exclusión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora ha podido transitar libremente por el municipio y menos aún acercarse a las sedes de las instituciones del Estado. Algunos alcaldes vinculados a partidos de oposición al chavismo, han usado una lógica similar y han emitido decretos que crean zonas de exclusión y proscriben el ejercicio del derecho a la manifestación en instituciones municipales, tal es el caso del alcalde del municipio Valencia. El TSJ reforzó esta exclusión al decidir que estaba prohibido manifestar ante el CNE, alegando “razones de seguridad”. Sin embargo, los simpatizantes del oficialismo pueden hacer actos y concentraciones sin ningún problema en cualquier institución del Estado, lo cual es positivo, pero evidencia una abierta discriminación promovida por las autoridades que deberá ser sancionada en el futuro. 

La coalición opositora MUD ha convocado a una movilización para el próximo 03 de noviembre cuyo destino final sería el Palacio de Miraflores. Las autoridades han apelado a los viejos fantasmas del 11 de abril de 2002, para calificarla anticipadamente como violenta y justificar así los obstáculos para su desarrollo. Estas presunciones anticipadas niegan el derecho al uso del espacio público para la libre expresión de las ideas y las demandas ciudadanas, los componentes esenciales para la construcción de una democracia. Quienes en el pasado reclamaban estos derechos, hoy se lo niegan a quienes piensan distinto. El Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos de asociación y reunión pacíficas ha dicho que el “acceso al espacio público significa concretamente que los organizadores y los participantes deberían poder utilizar las plazas, carreteras y calles públicas para celebrar reuniones pacíficas, ya sea estáticas o en movimiento. (…) los espacios que rodean edificios emblemáticos, como los palacios presidenciales, los parlamentos o los monumentos deberían considerarse también espacios públicos, y que debería permitirse que se celebraran reuniones pacíficas en ellos”.

En Provea no tenemos ninguna duda en reivindicar el derecho que tiene cualquier ciudadano a manifestarse frente a cualquier sede de gobierno. Impedir que la gente pueda reclamarle a las autoridades en las sedes de las instituciones, desvirtúa el propósito de las asambleas o reuniones pacíficas. Si el gobierno de Maduro es una dictadura, es en el Palacio de Miraflores donde los ciudadanos debemos expresar nuestra exigencia por el retorno de la democracia en el país. Por eso defendemos el derecho de marchar a Miraflores.

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