(Caracas, 09.07.2020. Alternos). A pesar de que el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas prevé que “los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”; los pueblos indígenas de Venezuela han sido víctimas de un Estado que no ha sido capaz de garantizarle el goce de sus derechos.
Para repasar y visibilizar esta situación, la red Monagas del movimiento Amnistía Internacional, organizó un foro-chat en el que un grupo de especialistas de la asociación civil defensora de los derechos indígenas, Kapé-Kapé, describieron la situación que viven los pueblos indígenas en el país.
El presidente de la asociación civil, Armando Obdola, inició explicando que los pueblos indígenas representan 15% de las personas más pobres en el mundo según datos de Unicef, esto a pesar de que estos pueblos equivalen a 5% de la población mundial. El presidente de Kapé-Kapé también afirmó que según el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, existen 44 pueblos originarios en Venezuela.
Según Obdola, en el sur del estado Bolívar habitan 198 comunidades indígenas de diferentes pueblos, y los municipios que abarcan esta zona, especialmente el municipio Gran Sabana ha sido foco permanente de conflictos por ocupación de tierra de los grupos armados que ostentan el control minero.
En estos lugares de conflicto, los pueblos indígenas han sido afectados por la violencia que acompaña la actividad minera y por la contaminación ambiental generada por la misma. Desde de asociación civil denuncian que la falta de personal médico, medicinas y equipo es algo que se encuentra habitualmente en los centros de salud ubicados en zonas indígenas, y afirman además que 60% de esos centros están tan alejados de las comunidades que muchas veces las personas deben recorrer un trayecto fluvial que puede durar entre uno y tres días dependiendo de la localidad.
A esto se suma que, por causa de la contaminación causada por la actividad minera y dificultad para acceder a alimentos, existen muchos casos de niños con cuadros clínicos como diarreas, vómitos y deshidratación; los cuales acaban con la vida de niños y adolescentes en pocos días. También informa Obdola que más de la mitad de las muertes de niños menores de 5 años “tienen por causa enfermedades prevenibles y tratables mediante intervenciones simples”.
El presidente de Kapé-Kapé explicó que otra consecuencia de la existencia de grupos armados en zonas mineras es un aumento significativo de la deserción escolar, y que además del desplazamiento que sufren las comunidades indígenas, 22% de los centros educativos están en lugares con dificultad de acceso, y la mayoría de ellos no cuenta con servicios básicos como agua, luz eléctrica o red de cloacas.
El COVID-19: otra amenaza para la vida de los pueblos indígenas
El contexto global actual es realmente complicado, la pandemia de COVID-19, enfermedad de la que actualmente conocemos 11,8 millones de casos y ha ocasionado más de 544mil muertes en todo el mundo según el mapa del coronavirus de rtve.es, representa una amenaza a la salud y al desarrollo económico de los países en todo el mundo.
Una de las dificultades que se presentan al momento de hacer frente a la enfermedad es que esta resulta extraordinariamente impredecible, a esto se refirió Carlos D’Suze, epidemiólogo, pediatra y asesor de Kape-Kape en materia de salud cuando afirma que nos encontramos con un nuevo virus con comportamiento clínico que varía desde formas asintomáticas hasta formas clínicas graves con letalidad alta en los grupos de riesgo y que en todas esas formas el portador tiene capacidad de transmitir la enfermedad.
Hasta el 2 de julio de 2020 se habían registrado 138 casos de Covid-19 en la población indígena de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, a partir de lo cual D’Suze explica que “El riesgo de la población indígena que habita en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; y de la población migrante es muy alto. Por lo que se deben garantizar sus derechos humanos básicos y un plan que les permita sobrellevar esta difícil situación” y consideró que “la Salud, educación, servicios básicos, alimentación, respeto a su cultura y sus tierras y costumbres debe ser garantizada”.
en su opinión, un programa de prevención y control de Covid-19 debe acompañarse con promoción social y educación para la salud bien diseñada, vigilancia epidemiológica activa con búsqueda de casos, aislamiento y cuarentena basado en diagnóstico de laboratorio en las áreas donde el análisis espacial de los casos lo demuestre. Pues “los criterios para la aplicación de las medidas de control debe ser dada por la epidemiologia de la enfermedad, su modo de transmisión y la factibilidad de aplicación de las medidas de control disponibles”.
El panorama descrito por los miembros de Kapé-Kapé pone en evidencia que los pueblos indígenas tienen un alto riesgo ante los contagios de COVID-19, por lo que es fundamental que exista un plan que permita controlar los contagios en las zonas que habitan, y eso implica, los aspectos mencionados la vigilancia activa, cuarentena y tener un sistema de salud que sea capaz de atender las emergencias que puedan presentarse.
Fuente Oficial: Alternos
