(Washington, D.C, 03.11.2022. CIDH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante la violencia continuada contra personas defensoras registrada entre mayo y agosto del 2022 en la región, y urge a los Estados a redoblar esfuerzos para proteger a quienes defienden derechos humanos.

La CIDH advierte que, en el segundo cuatrimestre del año se sigue registrando actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. En particular, preocupa a la Comisión que, durante este periodo, conoció sobre un elevado número de asesinatos en varios países de la región, así como actos de hostigamiento y criminalización por sus actividades de defensa.

Según información de OACNUDH, en Brasil, se registraron durante este periodo al menos 19 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 fueron asesinatos. En julio, fue asesinado el defensor indígena Guarani Kaiowá Marcio Moreira en el municipio de Amambai, estado de Mato Grosso do Sul y Severino Bernardo da Silva, integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Pedras de Fogo, Paraíba. En junio, fue asesinado el defensor indígena Guarani Kaiowá Vitor Fernandes en Amambaí, estado de Mato Grosso do Sul; el defensor campesino Wesley Flávio da Silva, en el municipio de Campo Novo de Rondônia, Rondônia; a su vez, la CIDH condenó el asesinato del periodista Dom Phillips y del defensor y experto en pueblos indígenas Bruno Araújo Pereira quienes fueron vistos por última vez el 5 de junio de 2022 en la comunidad São Rafael. En mayo, fue asesinado el defensor indígena Guarani Kaiowá Alex Vasques Lopes cerca de la reserva de Taquaperi, en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul.

En Colombia, información de la Defensoría del Pueblo indica que entre mayo y agosto de 2022 recibió y verificó 62 casos de homicidios a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos.

En Guatemala, información pública da cuenta de al menos 3 personas defensoras de derechos humanos. En agosto fue asesinado Santos Samayoa Osorio, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en la ciudad de Guatemala, Guatemala. En julio, fue hallado el cuerpo sin vida del alcalde indígena Maya K’iché Apolinario Morales Orozco en la aldea las Majadas, Quetzaltenango. En junio, fue asesinado Pablo Ramos, integrante del CODECA en el municipio de Morales, Izabal.

En Honduras, OACNUDH documentó dos asesinatos en este segundo cuatrimestre. En junio, fue asesinado el defensor LGBTI Brayan Josué López Guzmán San Pedro Sula, Cortés. En mayo, fue asesinado el defensor ambiental Donaldo Rosales Meza en minas de Oro, Comayagua.

En México, OACNUDH registró el asesinato de al menos 6 personas defensoras. En agosto, fue asesinada Rosario Lilian Rodríguez, madre buscadora, en el municipio de Elota, Sinaloa. En julio, fue asesinado el defensor indígena Crispín Reyes, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca. En junio, la CIDH condenó el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar ocurrido el 20 de junio al interior del templo de la comunidad en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua. Asimismo, se registró el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Bañuelos Acevedo, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. En mayo, se registró el asesinato del defensor del territorio Humberto Valdovinos Fuentes en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

En Perú, OACNUDH registró el asesinato de una persona defensora de derechos humanos. En agosto, fue asesinado el defensor indígena Genaro Comisario Bitap, en Datem de Marañón, Loreto. El Estado informó a la Comisión que el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

La CIDH urge a los Estados a llevar a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa. De igual forma, buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.

En materia de criminalización, en Venezuela se seguiría utilizando la legislación antiterrorismo para obstaculizar la labor de las personas defensoras. Al respecto, el 4 de julio, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al dirigente sindical Alcides Brancho. El 5 de julio fue detenido en circunstancias similares el sindicalista Emilio Negrin. Del mismo modo, el 7 de julio, fue detenido el trabajador humanitario y sindicalista Gabriel Blanco. Los tres defensores fueron imputados con delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y presentados ante tribunales con competencia especial en terrorismo.

De otra parte, el 24 de agosto del 2022, la defensora Ana Leonor Acosta, y los defensores Kelvin Zambrano y Alonso Medina Rosa fueron informados de que se adelanta un proceso en su contra por parte de la División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC), luego de que a Alonso Medina se le impidiera la salida del país.

La criminalización de personas defensoras promueve el estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización del trabajo en defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidora, además aumenta y exacerba las desigualdades sociales existentes.

La CIDH hace un llamado a los Estados, en especial a las autoridades judiciales, a realizar un control jurisdiccional de las denuncias recibidas y evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos.

Las personas defensoras cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, tal y como lo ha señalado la CIDH en sus informes de 2006, 2011, 2017 y 2019. A su vez, la labor realizada quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los países de la región.

Ante la elevada situación de violencia, la CIDH recuerda que es obligación de los Estados de proteger integralmente a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos requiere de la decidida voluntad y accionar de los Estados. Por tanto, es indispensable y urgente que adopten medidas positivas que fomenten una cultura de derechos y un ambiente libre de violencia y amenazas; reconozcan y promuevan el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras; protegerlas cuando se encuentren en una situación de riesgo; e investiguen pronta y efectivamente los actos de violencia en contra de ellas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente Original: CIDH