(Ginebra, 21.02.2020). El derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del derecho a la libertad de asociación según recogen los estándares internacionales de derechos humanos y la amenaza de restringirlo evidencia el enésimo intento de tratar de silenciar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el país, denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
El día de ayer 19 de febrero de 2020, el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Sr. Diosdado Cabello, anunció durante la retransmisión de su programa semanal televisivo «Con el mazo dando» que la próxima semana presentaría una reforma legislativa ante la ANC que buscará restringir la financiación extranjera a las ONG. Específicamente, el Sr. Cabello amenazó con que se impondrá «el máximo de sanciones que se pueda a aquellas organizaciones que reciban financiamiento de los Estados Unidos para conspirar contra la patria».
El Observatorio denuncia que esta nueva amenaza contra la sociedad civil se desarrolla en un contexto de ataques sistemáticos en su contra incluyendo amenazas, detenciones arbitrarias y un sinfín de restricciones que, en la práctica, ya han impactado sobre el derecho a la libertad de asociación a través de restricciones indebidas para el registro o la actualización de la documentación administrativa de las asociaciones. Manifestamos nuestra preocupación y nuestro profundo rechazo a las campañas de desprestigio continuas hacia las ONG venezolanas.
«En este contexto de medidas de represión contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela parece evidente que esta propuesta legislativa buscaría nuevas vías para tratar de acallar sus voces, en este caso, a través de la asfixia económica», declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
Durante la retransmisión el Sr. Cabello amenazó directamente a la organización de derechos humanos Provea, organización miembro de la FIDH, señalando que es una de las organizaciones que recibiría fondos de USAID y sugiriendo que sería una de las organizaciones afectadas por la reforma legislativa.
«Ante estos señalamientos contra Provea nuestras organizaciones envían todo su apoyo y solidaridad a la organización y denuncian que los señalamientos se deben a la encomiable labor de defensa de los derechos humanos que la organización ha venido desarrollando desde hace muchos años», declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH.
El Observatorio recuerda que no se trata del primer intento de restringir el acceso a fondos internacionales por parte de las ONG, sino que en 2015 la Asamblea Nacional de Venezuela ya debatió un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que pretendía establecer que las ONG solo podrían acceder a fondos de la cooperación internacional si cumplían con «los lineamientos y políticas que al efecto establezca el presidente».
Por todo lo anterior, el Observatorio reitera que los estándares internacionales de derechos humanos de aplicación en Venezuela reconocen sin ningún género de dudas que el derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del derecho a la libertad de asociación y, por ello, rechaza frontalmente cualquier intento de restricción por parte de las autoridades venezolanas.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH que tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
