(París – Ginebra, 14.02.2023. OMCT). La Asamblea Nacional aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines a finales de enero. De aprobarse, esta ley supondría un paso más hacia la desaparición del derecho a la libertad de asociación en el país, denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT).
El 24 de enero de 2023, el diputado Diosdado Cabello presentó el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines frente a la Asamblea Nacional venezolana. En menos de una hora, el proyecto fue aprobado por la Asamblea, de mayoría afín al partido gobernante del presidente Nicolás Maduro, sin que se considerase la exposición de motivos ni se discutiera el articulado, como exige la Constitución venezolana.
Este proyecto tiene por objeto, en particular, prohibir la realización de “actividades políticas”, e impedir “actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, dos conceptos vagos que podrían usarse para restringir gravemente los derechos a la asociación y participación ciudadana. Particularmente, el texto prevé la solicitud de una autorización para que las organizaciones de la sociedad civil operen en el país, así como la inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. A través de este registro, las personas y entidades deberán indicar la recepción de fondos extranjeros. De no cumplir con estos requerimientos, las personas y organizaciones de la sociedad civil podrían enfrentar multas, cancelación del registro oficial, o incluso acciones penales.
Este proyecto de ley forma parte de una amplia ofensiva de las autoridades venezolanas contra la sociedad civil del país que lleva varios años en marcha, con ataques y actos de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la adopción de proyectos de ley o providencias administrativas que restringen y criminalizan la labor de las ONG.
En su presentación del texto a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello diputado conocido por haber hostigado repetidamente a la sociedad civil en los últimos años, atacó específicamente a varias organizaciones de la sociedad civil venezolana que serían las primeras en perder su legalidad con la nueva ley, entre ellas PROVEA, organización miembro de la FIDH, acusándolas de ser “apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizar al imperialismo su operación en el mundo entero”. El Observatorio rechaza los ataques directos contra PROVEA, que pueden poner en riesgo la seguridad e integridad de su equipo.
Cabe destacar que no es la primera vez que el Sr. Cabello amenaza a PROVEA. En febrero de 2020, en el momento de la presentación de la reforma legislativa buscando restringir la financiación extranjera a las ONG, el Sr. Cabello, entonces Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, amenazó directamente a PROVEA, señalando que era una de las organizaciones que recibiría fondos de USAID y sugiriendo que sería una de las organizaciones afectadas por la reforma legislativa. En esta ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció dichas amenazas y exigió el cese de los actos de hostigamiento y estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, al inicio del 2021, Diosdado Cabello también impulsó campañas de desprestigio, amenazas y difamación contra PROVEA y su membresía.
El Observatorio rechaza de manera contundente la aprobación de este proyecto de ley que restringe gravemente el derecho a la libertad de asociación en el país, y urge a los diputados de la Asamblea Nacional a rechazar el proyecto de ley en segunda vuelta. Además, el Observatorio expresa su preocupación que de aprobarse la ley, el consecuente cierre de organizaciones de la sociedad civil venezolana también provoque un aumento de movilidad y migración forzada de población venezolana a países de la región.
El Observatorio urge las autoridades venezolanas a poner fin de forma inmediata todos los ataques, actos de criminalización, intimidación, hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país, y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos.
