(Caracas, 10.03.2020).Organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios rechazamos las represalias contra el doctor y profesor de la Universidad del Zulia, Freddy Pachano, por parte del Gobernador del Estado Zulia, por sus denuncias sobre posibles casos de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo, como acción que responde a una política de Estado de represalias contra los universitarios de la salud al momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de los recintos de salud en Venezuela.

El 07 de marzo de 2020, Freddy Pachano, médico, cirujano pediatra, profesor titular, jefe de la cátedra de Anatomía y director de posgrados de la Universidad del Zulia, además director del Consejo Nacional de Directores y Coordinadores de Postgrado de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, reportó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter la sospecha sobre un presunto caso de coronavirus (convid-19) en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), estado Zulia. El profesor aclaró que las pruebas serían remitidas y concluidas en Caracas, cuyos resultados se
conocerían en un plazo de setenta y dos (72) horas. Mientras tanto, el presunto infectado se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana.

El 09 de marzo de 2020, el profesor Pachano alertó a través de su cuenta personal en la red social Twitter sobre la preocupación ante un nuevo posible caso de coronavirus (convid-19) en el HUM, el cual tampoco estaba confirmado ya que las muestras habían sido remitidas al estado Aragua para su evaluación. En sus declaraciones, Pachano criticó la campaña de desinformación por parte de la Gobernación del Estado Zulia con respecto al coronavirus (convid-19), alertando sobre los graves efectos que esto podría ocasionar para los venezolanos.

Como consecuencia de sus declaraciones, el 09 de marzo de 2020, el Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto (afecto al gobierno de facto), en rueda de prensa, desmintió rotundamente las declaraciones realizadas por el profesor Pachano los días anteriores y le indicó al jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim): “mira, hay que ir a ver, porque hay un funcionario, Pachano, que está diciendo a vox populi que hay dos casos de coronavirus. Hay que llamarlo, buscarlo, y que levante el informe, dónde están, para de manera preventiva saberlo”. Preocupa,
que el Gobernador haya aseverado en tono amenazante: “si la información es falsa y la está publicando abiertamente pediré “inmediatamente” al fiscal del Ministerio Público levante un procedimiento contra ese señor.”

1.Según reseña el medio digital “Portal de Noticias”, el Gobernador agregó: “Claro que estamos preparados a pesar del embargo, a pesar de la persecución, a pesar del bloqueo estamos preparados. (…) Para nosotros son casos que tienen que ser investigados. Este señor Pachano tiene que ser investigado”.

2. Ante las amenazas públicas por parte del Ejecutivo Regional, el profesor Pachano afirmó a través de su cuenta personal de Twitter: “Yo no he mentido. Ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario, he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho
absolutamente la verdad. No ha habido nunca intención de generar caos. Los casos existen. Y siempre he dicho que no son confirmados aun”

3.Las declaraciones por parte del Gobernador son parte de una política de Estado de criminalización de la labor de los universitarios y profesionales del sector salud con ocasión a sus denuncias sobre los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja en el sistema de salud venezolano, el cual se encuentra marcado por precarias condiciones de infraestructura, falta de insumos básicos y equipos especializados, crisis de servicios públicos, falta de manejo adecuado y control epidemiológico,irrisorios salarios de los médicos, y como consecuencia, la migración forzada de profesionales de la salud. Así, la criminalización de la labor de los universitarios de la salud se ha convertido en un patrón por parte del Estado venezolano: entre el 2017 y 2020 se han documentado al menos 13 casos en la
materia.

Los centros universitarios de derechos humanos y demás organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente comunicado condenan las situaciones expuestas, las cuales constituyen una violación a la libertad académica y la libertad de expresión. De igual forma, exigimos el cese de la política de Estado de persecución del sector salud con el objetivo de silenciarlo y ocultar el incumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia.

Suscriben:
• Aula Abierta.
• Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
• Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la
Universidad del Zulia.