(La Verdad. Zulia, 08.012.2012) Se desprofesionaliza el rol del docente y se interviene en la organización estudiantil. Se afecta de manera frontal la patria potestad que en materia educativa ejerce la familia sobre los hijos y su desempeño en la escuela; se limita el derecho de la libre asociación y los mecanismos de participación ciudadana y se homologan a todos los actores de la comunidad educativa como funcionarios públicos. Es decir, cambia la estructura de la escuela como centro del conocimiento.

Y como si esto fuera poco, se busca introducir el concepto de la comuna a través de consejos estudiantiles, que no serían más que la entrada «por la puerta grande» de la partidización y el proselitismo político dentro de las escuelas, espacios donde la Constitución y la Ley Orgánica de Educación los prohíben de forma expresa.

Estos son los riesgos que destaca Nancy Hernández, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), de entrar en vigencia la resolución 058 emanada por el Ministerio de Educación (ME) y que ya salió en Gaceta Oficial en octubre pasado. Se establece un año para su discusión y «posibles» cambios, a los que la propia Maryann Hanson, titular del despacho, se ha mostrado negada.

El cambio en la comunidad educativa y en la propia escuela venezolana es estructural. La escuela deja de ser el centro del quehacer educativo para convertirse en el centro del quehacer comunitario. La administración, planificación, control, seguimiento y evaluación de los procesos internos pasa a ser competencia de esta nueva figura, donde tienen cabida los consejos comunales y que se convierte en el órgano ejecutor de las políticas educativas en los más de 26 mil planteles que hay en el país.

Padres disminuidos

De inconstitucional, ilegal e inconsulta tilda Hernández esta norma que, además, pretende minimizar el rol de las sociedades de padres y representantes con los nuevos comités educativos. Tanto los docentes, como los estudiantes y representantes dejan de tener sus órganos naturales electos, para convertirlos y reducirlos a comités donde también participan personas ajenas a la comunidad interna.

Son 10 comités, tres estructurales y siete funcionales, más todos los que «puedan» crearse. Los padres no estarían presentes en el comité académico, hecho que contraviene lo establecido en la declaración universal de los Derechos Humanos, en el que los padres tienen el derecho preferente a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

«El ME no tiene competencias sobre las sociedades de padres, ya que se rigen por el Código Civil y tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. La única manera de que desaparezcan es que haya sentencia firme o que se elimine su razón social: el colegio; habría que eliminarlos todos».

Las primeras denuncias

Las incongruencias de la norma hacen imposible su aplicación, según la representante de Fenasopadres. No determina los procedimientos y tampoco tiene régimen sancionatorio. «Está mal redactada y es deficiente».

Estos nuevos consejos, que además se apropiarían de funciones importantes de la directiva como incluso la designación de profesores y contenidos a impartir, solo serán reconocidos cuando se inscriban en un registro único que ni siquiera existe. Lo mismo sucede con todos los miembros de la comunidad y hasta los bienes patrimoniales de la institución, que pasan a ser bienes nacionales.

Aún cuando no ha entrado en vigencia, Fenasopadres ya ha recibido denuncias de varios colegios en los que las Zonas Educativas regionales los presionan con no renovarles el permiso de inscripción si no concretan la nueva organización. Táchira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Lara y Aragua son los estados más afectados.

En cifras

9 millones de estudiantes hay en el país.

10  millones de padres y representantes

503 mil docentes en los más de 26 mil planteles venezolanos.

Por Yanreyli Piña Viloria/ [email protected]

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