(Caracas, 30.09.2020). Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben el presente comunicado, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), denuncian ante el país y la comunidad internacional el avance de la política de represión implementada por el Estado venezolano en contra de las manifestaciones pacíficas que se han escenificado en regiones del
país en los últimos días.
La profundización de la emergencia humanitaria compleja ha impactado a todos los venezolanos, pero de manera más dramática y aguda a los habitantes de las pequeñas poblaciones del interior del país, quienes en este momento protagonizan la mayoría de las acciones de calle y movilizaciones pacíficas, para exigir el acceso a servicios básicos.
Las protestas se han ido incrementando a lo largo del año. Hasta agosto se documentaron cerca de 6.000 acciones. De esta cifra, más de 80% fueron manifestaciones motivadas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), ubicando las carencias socioeconómicas en el epicentro de las movilizaciones y acciones de calle de los ciudadanos.
El 25.09.20 vecinos de Urachiche, municipio rural del estado Yaracuy, iniciaron una marcha pacífica para exigir servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros. Desde ese día inició una jornada de protestas vecinales en los pueblos y municipios de esa entidad que se prolongó por más de cinco días continuos.
Progresivamente, las protestas se extendieron por otros pueblos y caseríos del interior del país. Hasta el lunes 28.09.20 se reportaron más de 190 manifestaciones pacíficas, relacionadas a reclamos de servicios públicos y rechazando la escasez e irregularidades con en la venta y distribución de combustible. Estas manifestaciones han sido protagonizadas fundamentalmente por familias, y con una amplia participación de mujeres.
La respuesta del Estado venezolano a estas manifestaciones, populares, legítimas y pacíficas es la represión y criminalización. El 26.09.20 efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en coordinación con la policía del estado Yaracuy y civiles armados, reprimieron a manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas. Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las protestas.
Este patrón de represión se repitió en los estados Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre, donde también se registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas entidades fueron militarizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Esto confirma que bajo la administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como los denunciaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en sus más recientes informes sobre Venezuela, donde esta última instancia confirma la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
Lamentamos que, ante el inminente aumento de las protestas pacíficas en las regiones, la respuesta de quienes ostentan el poder en Venezuela sea la represión y actúen con indolencia ante los justos reclamos de la población.
El Estado está obligado a respetar el derecho a la protesta pacífica en virtud del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Igualmente, el artículo 68 de nuestra Constitución establece que “los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Exigimos:
- Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
- Libertad plena para las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
- Dar respuesta oportuna y satisfactoria a las personas que exigen servicios básicos y el cese a las irregularidades en la distribución de gasolina.
- Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades y sanciones correspondientes por las denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos durante las manifestaciones.
- Atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica.
