(Caracas, 24.10.2023). Nosotros y nosotras, un grupo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos venezolanas, así como líderes sociales, políticos, académicos y gestores culturales del país, le pedimos públicamente al presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, que incida sobre el Palacio de Miraflores para el retiro de las inhabilitaciones políticas de importantes líderes de oposición y partidos democráticos del país, garantizando los derechos de participación, asociación y reunión de toda la población. El actual primer mandatario del hermano país conoce, en primera persona, las consecuencias de las inhabilitaciones políticas administrativas. Y de cómo, en su caso, fue la presión de la comunidad internacional -especialmente de los organismos de protección a derechos humanos- quienes evitaron situaciones de violencia e ilegalidad al revertir decisiones anómalas lesivas de derechos.

Como se recordará, en diciembre de 2013 el Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez, ordenó la destitución del entonces alcalde de Bogotá y su inhabilitación política por un período de 15 años. La decisión fue motivada por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Inmediatamente después del fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gustavo Petro, advirtiendo la necesidad de dejar sin efectos dicha medida administrativa, al considerar que era probable que se produjera un daño irreparable. En julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos emitió una sentencia favorable al funcionario destituido, alegando que se habían restringido sus derechos políticos y que el proceso disciplinario en su contra no había respetado la imparcialidad ni la presunción de inocencia. La actuación de estos organismos internacionales de protección restituyó los derechos políticos de Gustavo Petro, permitiéndole continuar con la carrera política que lo llevaría, años después, a la primera silla de Colombia. “Soy presidente gracias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, como posteriormente reconoció.

Una situación similar de restricción de derechos políticos a través de medidas administrativas la sufren dos de los principales candidatos de oposición de nuestro país, Henrique Capriles y María Corina Machado, además de otros líderes opositores y partidos políticos democráticos, incluyendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Estos procedimientos, al igual que los promovidos contra la máxima autoridad actual de la Casa de Nariño, también vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa. Según el Informe Final 2021 de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea: “El rechazo de candidaturas a través de un proceso administrativo, sin notificación ni motivación explícita, basado en decisiones de la Contraloría General (CG) consideradas como políticamente motivadas (…) contradicen el artículo 42 de la Constitución, que establece que solo una sentencia firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos, así como los principios internacionales para elecciones democráticas”. Por ello, una de las recomendaciones priorizadas por la Misión fue: “Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.”

A conclusiones similares ha llegado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, quien en su informe de septiembre de 2023 expresó: “Las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General de la República se han emitido de manera arbitraria, sin brindar oportunidad a las y los afectados a ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y sin la debida publicidad. La Misión tiene también motivos razonables para creer que las inhabilitaciones se han aplicado selectivamente contra líderes y figuras prominentes de la oposición al Gobierno, con el objetivo de perseguir y silenciar a la oposición. La Misión tiene motivos razonables para creer que estas medidas han limitado la posibilidad de que los líderes opositores ejerzan cargos públicos y participen en la vida política y democrática venezolana, debilitando el pluralismo político, el espacio para la participación ciudadana y la posibilidad de alternancia en el poder”.

Por primera vez en los últimos años, los diferentes partidos políticos opositores han coincidido en la consulta democrática a los venezolanos y venezolanas. Sin embargo, esta posibilidad pudiera ensombrecerse si las actuales autoridades generan obstáculos e impedimentos a la resolución pacífica e institucional del conflicto, abriendo de nuevo las puertas a la violencia. Así como el presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente su preocupación por las consecuencias negativas de las medidas coercitivas financieras unilaterales contra nuestro país, le pedimos que incluya dentro de su agenda diplomática de incidencia el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre el respeto al espacio cívico y los derechos de libertad de reunión, asociación y participación de los venezolanos y venezolanas, especialmente el retiro de las inhabilitaciones políticas contra candidatos y candidatas opositores, otros líderes políticos y las injerencias indebidas contra los partidos democráticos del país, como entre otros casos se encuentra el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En la actual coyuntura, el presidente Petro tiene la oportunidad de aportar para el logro de la paz en Venezuela, promoviendo para otros las medidas que a él mismo lo beneficiaron, y que evitaron el escalamiento de la conflictividad interna y la resolución institucional y democrática de los conflictos.

Adhieren:

1) A. C. Mujeres de Frente; 2) A.C. Médicos Unidos de Venezuela; 3) Acceso a la Justicia; 4) Actualidad Económica Venezuela; 5) Alianza Global de Jóvenes Políticos Venezuela (AGlo Joven Venezuela); 6) Asociación Civil Gente del Petróleo; 7) Aula Abierta; 8) Bandesir Lara; 9) Caleidoscopio Humano; 10) Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF); 11) Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer-CISFEM; 12) Centro de Justicia y Paz – Cepaz; 13) Civilis Derechos Humanos; 14) Coalición por Venezuela; 15) Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Apure; 16) Comisión Nacional DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira; 17) Comisión Nacional de DDHH del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (FCAV); 18) Comité de Derechos Humanos de la Guajira; 19) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional; 20) Creemos Alianza Ciudadana; 21) EPIKEIA Derechos Humanos; 22) Espacio Civil; 23) Espacio Público; 24) Federación Venezolana de Abogadas (FEVA); 25) Frente Amplio de Mujeres; 26) Fundación Agua Sin Fronteras; 27) Fundación CIIDER; 28) Fundación Espacio Abierto; 29) Fundación INCIDE; 30) Fundación Iribarren Lucha; 31) Fundación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres; 32) Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez (Funda-Pden); 33) FundaRedes; 34) Hearts On Venezuela; 35) Infomujer Venezuela; 36) Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP; 37) La Causa Я; 38) LABO; 39) Laboratorio de Paz; 40) Manuel Barroso & Asociados; 41) Mi Convive; 42) Monitor Social AC; 43) Movimiento DECODE; 44) Mujer y Ciudadanía; 45) Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Animación Juvenil; 46) Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes; 47) Observatorio Electoral Venezolano (OEV); 48) Observatorio Global de Comunicación y Democracia; 49) Observatorio Venezolano DDHH Mujeres; 50) Primero Justicia; 51) Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea); 52) Proyecto Integrador para Venezuela; 53) Proyecto Roscio; 54) Sinergia Ciudadana Caracas; 55) Sociedad Hominis Iura (SOHI); 57) VenexPR; 58) Vicaría de DDHH Arquidiocesis de Barquisimeto – Edo Lara; 59) Voces de la Memoria; 60) Voto Joven.

Individualidades: Alexis Ramos Castillo, Abogado Defensor derechos humanos; Adelfa Malpica Dommar (Directora General de SOHI); Aixa Armas, defensora de derechos de la mujer; Alejandro Armas; Alfonso Maldonado, sacerdote; Andrés Hoyos, defensor DDHH; Antonio Puppio, abogado; Arelis Rondón; Beatriz Cisneros, activista; Bernardo Rotundo P, Promotor Cinematografico; Calixto Ávila Rincón, abogado defensor de derechos humanos; Carla Angola, Periodista; Carlos Aponte Blank, Profesor UCV; Carlos Guerra García, Director General CADEF; Carlos Ilich Salazar García, activista en DDHH; Carlos Vecchio, dirigente político; Carlos Walter Valecillos; Carmen Emilce Barreto de Terán; David Gómez, profesor universitario; Deborah Van Berkel, educadora y promotora de Ideas por la Democracia; Dick Guanique, sindicalista; Domingo Pietrini, politólogo; Dr. David Bonyuet; Elba Soto Ibarra; Eleida Pérez, Docente; Elsi Yolima Arellano Pérez, profesora universitaria; Francisco González Cruz; Freddy J. Siso Rivas; Freddy Rios Rios ; Gabriela Buada, Defensora DDHH; Héctor Acosta P; Humberto Fermín; Iraida Romero; Jairo García Méndez, abogado; José David González, indígena wayuu; José Requena; José Vicente Carrasquero, Profesor USB; Josefina Bertorelli Jubilada, Ex Directora de Relaciones Institucionales de la Biblioteca Nacional de Venezuela; Juan Alonso Molina; Judith C. Vega Mejía, defensora DDHH; Katiuska Camargo, activista en DDHH; Leonardo Argüello; Leonardo Vera; Lexys Rendón, defensora DDHH; Lilia Arvelo; Luis Pericchi; Luisa Pernalete, educadora; Luzmila Leal; Manuel Guevara Baro; Margarita López Maya, profesora universitaria; Maria Medina; Mariana Bacalao, Investigadora de Opinión Pública; Marino Alvarado, abogado y defensor DDHH; Maritza Acuña, activista medioambiental; Marta de la Vega, Profesora Titular USB UCAB PUJ; Maurizio Liberatoscioli, profesor universitario; Maxins Ros; Profesor Garrido Rovira; Mercedes De Freitas, directora Transparencia Venezuela; Moisés Martínez; Nancy Hernández de Martín; Ofelia Álvarez; Olinda Belandria luchadora social y empresaria; Óscar Calles, periodista y activista de DDHH; Pedro González Marín, Ciudadano demócrata; Rafael García; Rafael Uzcátegui, sociólogo y defensor DDHH; Raiza Ramirez Pino; Raúl Azparren Macías; Raúl Cubas, defensor DDHH; Rodolfo Montes de Oca, abogado y defensor DDHH; Rodrigo Cabezas Morales. Economista, profesor de LUZ; Santiago Loyo; Solveig Hoogesteijn, Cineasta; Sonia Sgambatti; Víctor Navarro, defensor DDHH; Xabier Coscojuela, periodista; Ysaira Villamizar.