Organizaciones de derechos humanos rechazan agresiones contra defensora de Nueva Esparta

Las organizaciones que suscribimos este comunicado, consideramos graves los hechos denunciados por la abogada y Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita (UNIMAR) – Greyci Luenga – con relación a los presuntos daños a su integridad física y psicológica por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta durante el día 3 de noviembre del presente año, cuando en el marco de su labor como defensora de derechos humanos solicitó información sobre un caso de la Operación de Liberación del Pueblo al que acompañaba ante dicho organismo.

De acuerdo al relato de Luenga, recibió insultos: “eres bruta, esa información no te la puedo dar” “llévensela de aquí, métanla presa por resistencia a la autoridad”. Fue forzada a salir de la oficina, golpeada y retenida por aproximadamente 8 funcionarios masculinos mientras una funcionaria le propinaba cachetadas, jalones de cabello y golpes, ante la observación de al menos otros 10 funcionarios que no intervinieron.Todos los funcionarios estaban identificados como detectives o inspectores del CICPC. La agresión cesa cuando las víctimas que acompañaba en su legítima labor la abogada Luenga, que se encontraban retenidas en otra oficina de la misma institución, logran salir e intervenir rechazando dichas agresiones.

Frente a estos graves hechos, es preciso señalar que la defensa de los derechos humanos es esencial para el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así lo señala, entre otros instrumentos, la Resolución 22/6 de fecha 12/4/2013, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos (al cual pertenece actualmente nuestro país) de la Organización de Naciones Unidas, titulada: “Protección de los defensores de los derechos humanos”. Dicha Resolución señala “El Consejo de Derechos Humanos (…) 2. Insta a los Estados a crear un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos puedan trabajar sin obstáculos ni inseguridad, en todo el país y en todos los sectores de la sociedad, entre otras cosas apoyando a los defensores locales de los derechos humanos”.

En tal sentido, y enfatizando que Venezuela forma parte del órgano que emitió esta Resolución, instamos al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a investigar oportuna e imparcialmente y como corresponde a su mandato, lo denunciado por la Defensora de Derechos Humanos Greyci Luenga, a los fines de establecer las responsabilidades, generar medidas de protección pertinentes y seguir el procedimiento señalado en nuestro marco legal para estos hechos, violatorios del compromiso asumido por nuestro país en materia de Derechos Humanos, plasmado en nuestra Constitución, e incongruentes con la responsabilidad asumida en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las organizaciones que suscriben este pronunciamiento hacemos responsables a las autoridades del Estado Venezolano por la protección de la integridad física y moral, vida y libertad de Greyci Luenga.