ONG alertan sobre posible escalamiento de restricciones arbitrarias a los derechos y libertades de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos en Venezuela

(Caracas, 02.10.2019.). Las organizaciones que suscriben el presente comunicado queremos denunciar que el pasado 26 de septiembre se conoció de la publicación de un cartel oficial referente a la suspensión de actividades de registro para Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones y fundaciones en las oficinas del Registro Principal del estado Miranda, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela. El cartel expone claramente que “Queda prohibido registrar actas (Constitutivas, Ordinarias y Extraordinarias) de ONG, Asociaciones y Fundaciones, hasta nuevo aviso”.

De igual forma, hace dos meses se supo de la notificación de suspensión de actividades de registro en los estados Bolívar y Zulia por órdenes superiores dictadas desde Caracas, incluyendo la actualización de actas de las organizaciones, y durante el mes de septiembre se confirmó que las mismas órdenes habían sido remitidas a los registros y notarias de los estados Barinas, Cojedes, Guárico, Sucre y Táchira, por lo que la medida tendría un alcance nacional. A raíz de estas órdenes, en algunos de los estados las oficinas de registro han denegado la personalidad jurídica y la actualización de actas a organizaciones de derechos humanos indicando que el motivo es la labor que realizan.

Esta medida arbitraria de suspensión indefinida de las actividades registrales en varios estados del país conforma un acto abusivo de los organismos del Estado que viola el derecho humano a la libertad de asociación de las personas y organizaciones en Venezuela, y los derechos de la sociedad civil venezolana a la libre y plena participación en cualquier asunto que sea de interés para los ciudadanos, incluyendo la defensa de los derechos humanos, a través de sus propias organizaciones e iniciativas, con independencia de entidades públicas y privadas, conforme a las normas y estándares internacionales y el derecho interno.

La medida se suma a las políticas sistemáticas de restricción, obstaculización y negación arbitraria de derechos contra las ONG y toda asociación autónoma, denunciadas desde el año 2010, que impide obtener una personalidad jurídica y ejercer plenas funciones y actividades, y que busca intimidar y criminalizar el trabajo de la sociedad civil. Estas políticas habían consistido hasta la fecha en:

a) Trabas reiterativas y negación de trámites en las oficinas de registro por cuestiones relacionadas con la razón social y fines de las asociaciones, en particular a organizaciones que tengan como áreas de trabajo los derechos humanos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia;

b) La prohibición de convenios de cooperación y financiamiento internacional que el Estado determine discrecionalmente en función de sus propios intereses, establecido en la Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional y los Estados de Excepción vigentes desde 2016;

c) La vigilancia encubierta de las actividades de las organizaciones por parte de instituciones administrativas y financieras, de acuerdo con disposiciones contra los delitos de terrorismo y traición a la patria; y

d) El seguimiento de medios de comunicación digitales, actas constitutivas y actividades de difusión pública de las organizaciones, que contengan mensajes calificados discrecionalmente por el Estado como contrarios a la paz y a la convivencia pacífica, según lo estipulado en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Las dificultades con las que laboran los defensores de derechos humanos en Venezuela fueron documentadas en el Tercer Informe Especial sobre Venezuela realizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, presentado el pasado 4 de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet: “Los/as defensores/as de los derechos humanos fueron víctimas de campañas de difamación en los medios de comunicación progubernamentales, y sometidos/as a vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas y detención arbitraria”.

Con esta nueva medida arbitraria de suspensión de actividades registrales, queremos alertar a la comunidad internacional de un posible escalamiento de restricciones a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, a través de órdenes y/o resoluciones que dejen a un gran número de organizaciones en situación de ilegalidad, como excusa para proceder a su cierre o disolución por vías administrativas o judiciales, incluyendo la aplicación de sanciones que pueden poner en peligro el trabajo de las organizaciones, así como la integridad, seguridad y libertad de sus miembros. Esta decisión vulnera una de las recomendaciones del Alto Comisionado ONU para los DDHH que exhortaba a las autoridades a la adopción de “medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Exhortamos al gobierno nacional, dejar sin efecto cualquier orden, medida o eventual resolución, normas administrativas, legales o judiciales que impidan, obstruyan o limiten las actividades de registro y funcionamiento de todas las asociaciones y fundaciones en Venezuela, y a todas aquellas que funcionen como ONG, dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales y nacionales de garantizar el respeto, goce y realización de los derechos y libertades de la las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.