(Front Line Defenders, 14.02.2014). El 13 de febrero de 2014 el defensor de derechos humanos el Sr Humberto Prado Sifontes fue objeto de una campaña de difamación por parte del Ministro de Justicia y del Interior venezolano, el Gral. Miguel Rodríguez Torres.

El día anterior a las 9.30pm, otro defensor de derechos humanos, el Sr Inti Rodríguez fue detenido arbitrariamente y físicamente agredido por parte de cuerpos de seguridad, presuntamente pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas. Humberto Prado Sifontes es el Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP, que documenta casos de violaciones y abusos en contra de las personas detenidas en Venezuela y promueve el respeto de sus derechos. Inti Rodríguez es coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación y Acción en derechos humanos – PROVEA, organización que trabaja para mejorar y desarrollar programas en la defensa de los derechos humanos.

El 13 de febrero al mediodía el Ministro de Justicia y del Interior, el Gral Miguel Rodriguez Torres en alocución ministerial señaló no sólo que el defensor Humberto Prado Sifontes fuera parte de un plan de conspiración desde el año 2010, sino también de un plan para desestabilizar las cárceles venezolanas, además de haber incurrido en los últimos actos de violencia en el país. El 19 y 30 de marzo de 2012 el defensor estuvo presente en el 144 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Mas tarde, el 20 y 31 de marzo, fue invitado por “Plan País” evento organizado por las universidades de Washington y George Washington, como académico proponiendo soluciones a las principales problemáticas del país.

El 12 de febrero en horas de la tarde, miembros de PROVEA denunciaron las violaciones que ocurrían en el mismo día durante las marchas estudiantiles, donde al menos tres personas murieron y más de 60 resultaron heridas. A las 9.30pm a la salida del Metro Agua Salud, en un retén policial hombres civiles armados que se identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas arrestaron arbitrariamente a Inti Rodríguez. Estos lo llevaron hacia otro sector, donde aproximadamente unas 20 personas vestidas de negro lo interrogaron y golpearon, robándole sus pertenencias para finalmente abandonarlo en las calles de de Caracas, después de haberle amenazado a él y su familia si denunciaba. Front Line expresó su preocupación anteriormente ante las campañas de difamación en contra de Humberto Prado en mayo 2013 y en abril 2013.

Así mismo Front Line Defenders reportó las difamaciones en contra de PROVEA el 19 de abril 2013. Las evidencias demuestran que los actos de intimidación en contra de Humberto Prado Sifontes y las agresiones y amenazas contra Inti Rodrigues tienen relación directa con su labor en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Front Line manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos y sus familias.

Ver aquí nota de alerta.

(OMCT, 06.05.2013, VEN 001 / 0413 / OBS 035.2) El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación enVenezuela.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre nuevos actos de difamación acontecidos contra el Sr. Humberto Prado Sifontes, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Según las informaciones recibidas, el 5 de mayo de 2013, el Sr. Miguel Rodríguez Torres, recién nombrado Ministro de Interior y Justicia denunció, en una rueda de prensa, la supuesta gestación de un plan por parte de la oposición al gobierno para deslegitimar los “poderes nacionales e institucionales del país”. El Sr. Miguel Rodríguez Torres afirmó que, ya desde 2010, cuando ocupaba el puesto de director del Servicio de Inteligencia Venezolano, se han venido detectando “planes de conspiración”. En concreto, hizo referencia a una reunión acontecida en octubre de 2010 en México llamada “Fiesta Mexicana” en la cual se reunieron varias personalidades de la oposición como el Sr. Freddy Guevara, el Sr. David Smolansky y los generales retirados Yon Goicoeches y Lester Toledo.

Según el Ministro, el objetivo de esta reunión habría sido la elaboración de una estrategia con “instrucciones para conducir al país en un plan de desgaste, de movilización y de golpe”. El Ministro puntualizó que entre los participantes de la citada reunión estuvo el Sr. Humberto Prado Sifontes que, “con el propósito de aislar a Venezuela en materia de Derechos Humanos”, ha “promovido movilizaciones y hechos violentos en las cárceles para “llevarnos a unas elecciones con mucho desgaste político”.

Ante los hechos arriba descritos, el Observatorio lamenta que continúe la campaña de difamación iniciada en 2006 en contra del Sr. Humberto Prado y de los miembros del OVP[1]. Es necesario destacar que no es la primera vez que el Sr. Humberto Prado Sifontes es acusado por elementos del gobierno de instigar a la violencia en las prisiones con una motivación política. En abril 2013 y en enero 2012, la Ministra del Servicio Penitenciario ha acusado al Sr. Humberto Prado y a otros miembros del OVP de difundir falsas informaciones sobre las condiciones de las personas privadas de libertad[2] y de estar promoviendo e instigando acciones violentas en diferentes recintos penitenciarios con motivos políticos de desestabilización (ver antecedentes).

El Observatorio condena rotundamente estos nuevos actos de difamación contra el Sr. Humberto Prado Sifontes, y teme que éstos hechos hayan sido motivados en razón de sus actividades en defensa de los derechos humanos de la población reclusa. Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades de Venezuela a investigar con celeridad sobre los hechos denunciados, así como a tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica del Sr. Humberto Prado Sifontes y de todos los miembros del OVP.

Antecedentes:

El OVP y sus miembros son víctimas de una continua campaña de difamación por parte de elementos del gobierno y han sido igualmente víctimas de intimidaciones y amenazas en diversas ocasiones.

El pasado 12 de abril de 2013, la suegra de la Sra. Marianela Sánchez Ortiz, Coordinadora Jurídica del OVP, recibió en su domicilio una carta amenazadora, dirigida a ésta última. En la misiva se informa que se han llevado acabo actos de vigilancia tanto en contra de ella como de sus hijos, su esposo y su hermana y que se poseían fotografías de los seguimientos realizados. Los autores del texto hacían referencia al ataque sufrido por el esposo de la Sra. Marianela Sánchez Ortiz el 30 de mayo de 2012, cuando fue abordado por cuatro hombres armados con motivo de las actividades de derechos humanos realizadas por su esposa[3] , recordando que esto podía volver a pasar si la Sra. Marianela Sánchez Ortiz no cesaba sus actividades en el OVP: “cuando se nos antoje vamos por ti y lo que más te duele, tu familia”. El 22 de junio de 2012, la Sra. Marianela Sánchez Ortiz ya había sido amenazada por cuatro individuos cuando entraba en las oficinas centrales de la OVP.

El día 8 de abril de 2013, la Sra. Iris Varela, Ministra para el Servicio Penitenciario, denunció en una rueda de prensa convocada en la sede de su despacho en Caracas la puesta en marcha, por parte de “una conocida ONG que lidera el Sr. Humberto Prado Sifontes”, Director del OVP, de un plan de desestabilización con el objeto de promover acciones violentas en diferentes recintos penitenciarios de cara a las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril de 2013. La Sra. Iris Varela señaló que el Ministerio Penitenciario tenía pruebas que confirmaban que se estaba “planificando protestas encadenadas en diferentes penales del país”.

En esta dirección, la Sra. Iris Varela también apuntó que, el 3 de abril de 2013, el Sr. Humberto Prado Sifontes se reunió en la Plaza Bolívar de la ciudad de Coro, en el Estado de Falcón, con familiares de presos internos en la Comunidad Penitenciaria de Coro y que, al percatarse de la presencia de funcionarios del Ministerios Penitenciario el Sr. Humberto Prado Sifontes desapareció del lugar.

El mismo día, el Sr. Humberto Prado Sifontes efectivamente se encontraba en la ciudad de Coro con el objeto de participar en un Foro organizado por la Universidad de Falcón. Familiares de reclusos de la Comunidad Penitenciaria de Coro se acercaron al Sr. Humberto Prado Sifontes para entregarle fotos y videos de torturas a los presos de este establecimiento, entre otros con relación a los actos de tortura y maltrato a los internos acontecidos el día 24 de marzo de 2013[4].

Es necesario destacar que, en enero del año 2012, la Sra. Iris Valera acusó a las ONG y, en concreto, al OVP de difundir falsas informaciones sobre las condiciones de las personas privadas de libertad y de instigar a la violencia en las prisiones como parte de una presunta campaña política partidaria de la oposición y orquestada por intereses foráneos[5].

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Venezuela instándolas a:

  • Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica del Sr. Humberto Prado Sifontes, de todos los miembros del OVP y de sus familiares, y, más generalmente, de todos los defensores de derechos humanos de Venezuela;
  • Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba descritos;
  • Poner fin a todo tipo de difamación, intimidación y acto de hostigamiento contra el Sr. Humberto Prado Sifontes y los demás miembros del OVP, así como todos los defensores de derechos humanos en Venezuela;
  • Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
  • De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Venezuela.

[1] Ver Informe Anual 2011 del Observatorio.

[2] Ver Comunicado de Prensa del Observatorio, 26 de enero de 2012.

[3] Ver Antecedentes y Llamado Urgente del Observatorio VEN 001/0612/OBS 057, 7 de junio de 2012.

[4] Ver Carta Abierta de la OMCT, 16 de abril de 2013: http://www.omct.org/es/urgent-campaigns/urgent-interventions/venezuela/2013/04/d22221/

[5] Ver Comunicado de Prensa del Observatorio, 26 de enero de 2012.

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