(Lara, RED DDHH Lara). Las organizaciones de la sociedad civil larense y las personas que suscriben esta declaración pública exigimos ante la Fiscalía del Ministerio Público la liberación de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, con base en las siguientes consideraciones:
- A Rocío San Miguel después de su detención arbitraria el día 9 de febrero se la ha impedido designar a sus defensores, acceder a las pruebas sobre las imputaciones en su contra y a ser presentada ante un tribunal.
- En tres oportunidades se la ha suspendido sin justificación conocida su presentación en una Audiencia Preliminar, a la que va a concurrir sin llevar ni un solo medio de prueba a su favor, encontrándose en un estado de indefensión e incomunicación. Lo cual evidentemente viola su derecho al debido proceso.
- Sobre las imputaciones que el Ministerio Público le ha formulado públicamente, se han presentado como medios de prueba, materiales cartográficos y documentos, que como han declarado abogados que asumen su defensa, constituye estrictamente documentación académica que Rocío San Miguel utiliza desde hace años en sus actividades públicas y docentes.
- Las acciones contra la defensora representan además de violaciones a sus derechos individuales como mujer y como defensora de derechos humanos, tienen implicaciones de género significativas al incrementar las violaciones de derechos y la violencia que afrontan hoy en Venezuela las mujeres venezolanas. La detención de su familia y la violencia psicológica hacia ella y su hija, hacen parte de los patrones de violencia política de género denunciados por organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Para concluir suscribimos plenamente la declaración reciente del movimiento nacional de defensores y defensoras de derechos humanos en el que se igualmente se exige la libertad de Rocío San Miguel en los siguientes términos:
“Invocamos los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para recordar al Estado venezolano sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Exigimos:
1. La inmediata liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, todas las personas presas políticas y personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Venezuela.
- Que se garanticen los derechos constitucionales de Rocío San Miguel, y que tenga acceso inmediato y sin restricciones a la representación legal de su elección, en respeto al debido proceso y el derecho a la defensa.
- La adopciónde medidas efectivas por parte del Estado venezolano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a las mujeres defensoras, contra la violencia y la discriminación de género.
Por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que […continúen solidarizándose] con Rocío San Miguel y todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, y para que aplique presión diplomática y política para asegurar su liberación inmediata y la protección de sus derechos fundamentales”.
En Barquisimeto, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro
Red de Derechos Humanos del estado Lara [REDHELARA]
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