(Ginebra, Naciones Unidas). La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades el viernes, e instó al Gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país.
Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.
El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido.
«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.
«El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen», ha declarado Valiñas. «Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal.»
La Misión ha expresado su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado.
Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado.
«El Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos «, afirmó Francisco Cox, miembro de la Misión de Investigación. «Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales».
«De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes», dijo Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora. «La información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional.»
«En Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión», ha afirmado Valiñas. «Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos.»
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