(Caracas, 19.05.2019). Las organizaciones del Foro por la Vida que suscribimos esta comunicación rechazamos la inhabilitación, persecución y detención arbitraria de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, electos constitucionalmente por el voto popular en 2015. Igualmente repudiamos los ataques a la prensa durante las últimas semanas, el impedimento de cobertura y amenazas de los cuerpos de seguridad. Estas acciones violentan al único Poder Público legítimo en Venezuela y el derecho de la ciudadanía a conocer lo que está pasando.
Los diputados de la Asamblea Nacional sufren constantes ataques en el ejercicio de su función parlamentaria desde el inicio de su gestión. Estas trabas se originaron con la desincorporación de los diputados indígenas del estado Amazonas y se prolongaron con una serie de sentencias, actos administrativos, detenciones y persecuciones que pretenden anular a la Asamblea Nacional.
A estos hechos se suma la convocatoria e instalación de la asamblea nacional constituyente el 4 de agosto de 2017, la cual asume de forma ilegal e ilegítima las funciones del Parlamento según interpretación del Tribunal Supremo de Justicia. La anc ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA).
El Tribunal Supremo de Justicia atribuyó a la anc la potestad de allanar la inmunidad parlamentaria, en clara violación y contra lo establecido en el artículo 200 de la Carta Magna que establece que el único órgano legitimado para autorizar este proceso es la Asamblea Nacional. La violación reiterada de la inmunidad ha dado lugar a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, lo que configura un esquema de persecución estatal contra la única instancia legítima del Poder Público.
Después de los hechos del 30 de abril, a 14 diputados, de los 32 que han sido afectados por la persecución, les fue violada su inmunidad parlamentaria de forma inconstitucional. Los últimos afectados son Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores. Los diputados son sometidos a procesos y restricciones arbitrarias. Por ejemplo, Juan Guaidó fue inhabilitado políticamente por 15 años; Juan Requesens y Edgar Zambrano se encuentran actualmente detenidos y Gilber Caro está sometido a desaparición forzada.
Periodistas ven limitada su capacidad de cubrir la fuente parlamentaria porque la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impide el acceso al hemiciclo de la Asamblea Nacional, esto sucedió los días 7, 14 y 15 de mayo. Las órdenes de no admitir acceso a la prensa, con amenazas de detención, fueron dadas por el mayor Leonardo Malaguera Hernández, encargado desde este 1° de mayo del orden público en las inmediaciones del Parlamento. El 15 de mayo, Malaguera Hernández prohibió a los periodistas el acceso al Palacio alegando que es una zona de seguridad y amenazó a los periodistas que insistían en ingresar con “ponerles el gancho” si no se retiraban del lugar.
El Estado persiste en el incumplimiento de su deber de garantizar y facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a los periodistas, así como en su deber de respetar el derecho a la participación ciudadana y garantizar el ejercicio libre de la actividad parlamentaria.
Las organizaciones firmantes exigimos el respeto a la participación política y ciudadana. El 6 de diciembre de 2015, los venezolanos expresaron su voluntad y eligieron a la actual Asamblea Nacional, único poder que cuenta con la legitimidad del voto popular de casi 14 millones de personas.
Reiteramos que el deber del Estado es garantizar y velar por el libre ejercicio del periodismo Reivindicamos la importancia del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información como un mecanismo de intercambio y recepción de información, así como el ejercicio de la contraloría social para evaluar y decidir sobre lo asuntos de interés público.
Exigimos a quienes ejercen el poder por la vía de los hechos, hacer lo necesario por restablecer las garantías democráticas, la plena vigencia de la Constitución, la independencia de los Poderes Públicos, el respeto y garantía de los derechos humanos y el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano.
Reiteramos que la ausencia de legalidad para el ejercicio de cargos en el gobierno no exime a los actuales funcionarios de las responsabilidades en la violación de derechos humanos, así como tampoco la debida obediencia, al tratarse de delitos que no prescriben.
Exhortamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia y la denuncia sobre la situación en Venezuela, e insistir en las iniciativas legítimas necesarias para recuperar la institucionalidad democrática por la vía pacífica y legal, en pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas que habitan en Venezuela.
