(Ginebra, 20.09.2019.FIDH). El Observatorio Para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) llama a las autoridades venezolanas a dejar en libertad al Sr. José Guillermo Mendoza trabajador de industria gráfica detenido el día de ayer por la Policía Nacional Bolivariana, por portar material gráfico de la organización de derechos humanos PROVEA.

El trabajador fue detenido el día de ayer cuando se trasladaba en un vehículo hacia la sede de PROVEA a entregar la impresión de 1.000 inserts del CD “Ministro: ¿Cuál es su trabajo? -un extraño tributo al punk venezolano”. El vehículo fue parado por elementos de la Policía Nacional Bolivariana quienes consideraron que el material era “subversivo y, por ello, procedieron a confiscan los inserts y a trasladar al trabajador a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, que también es el lugar donde también se encuentra la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Posteriormente, la Policía Nacional Bolivariana exigió que miembros de PROVEA se presentaran para dar las explicaciones sobre el material incautado. Aunque representantes de PROVEA se hicieron presentes, no les dejaron ver a la persona detenida. La Policía habría manifestado que presentarían al Sr. Mendoza el día de hoy a los tribunales.

El Observatorio rechaza que expresiones artísticas puedan considerarse como subversivas, en vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.

El Observatorio urge a las autoridades venezolanas a poner en libertad al Sr. José Guillermo Mendoza y a garantizar su derecho al debido proceso así como a garantizar su integridad personal. Además, el Observatorio hace un llamado a que se ponga fin de inmediato a todo acto de hostigamiento en contra de los miembros de la organización PROVEA, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos de Venezuela. Por último el Observatorio recuerda que es obligación de las autoridades el asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Finalmente, el Observatorio manifiesta su preocupación especial por el clima de vulnerabilidad en el que se encuentran miembros de la sociedad civil en general en este país, defensores de derechos humanos y también artistas, periodistas, actores políticos, entre otros, como en el caso del allanamiento de la vivienda de la Sra. Carmen Alguindigue, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el pasado 6 de septiembre.