(Caracas, 02.12.2019). El asedio del Poder Judicial contra la universidad venezolana ha sido una política de Estado en Venezuela desde hace más de una década. Aula Abierta en conjunto a centros universitarios de derechos humanos han registrado que desde el año 2010 al menos 50 decisiones judiciales vulneran la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela. De esas decisiones, 37[1] han ordenado la suspensión de los procesos electorales de autoridades universitarias, gobierno y co-gobierno estudiantil de las distintas instituciones de educación superior de Venezuela, la gran mayoría de ellas ordenando ilegítimamente la reforma de las normas internas que regulan los procesos electorales universitarios, justificadas en una inconstitucional Ley Orgánica de Educación (2009) y con la finalidad de acabar con el pensamiento plural y libre.

Recientemente, el 29 de noviembre de 2019 la Sala Constitucional, a través de la decisión 0389 desestimó el recurso interpuesto por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y ratificó la sentencia No.0324 del 27 de agosto de 2019, en la cual usurpando funciones de la Asamblea Nacional creó un nuevo procedimiento de elecciones para autoridades basándose en criterios arbitrarios e inconstitucionales, y ordenó la celebración de elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela y demás universidades públicas del país que se han resistido a consentir la violación a la libertad académica y la autonomía universitaria. Al mismo tiempo, dictaminó el camino para la intervención definitiva de las universidades por el gobierno de facto y su Ministerio de Educación Universitaria al indicar que, transcurridos 6 meses de la decisión, se declarará la vacante absoluta de los cargos en aquellas universidades donde no se celebren las inconstitucionales y arbitrarias elecciones.

Ante este intento de esto cada final contra la democracia y el pensamiento plural por parte de un Poder Judicial al servicio de un gobierno de facto, no podemos perder de vista la responsabilidad en la que incurren los magistrados que suscriben tales sentencias, en particular, llamando la atención de la magistrada ponente de las decisiones en cuestión, Carmen Zuleta de Merchán, y de los otros magistrados, por alejarse de la función de administrar justicia con imparcialidad bajo la preeminencia de los principios constitucionales, y por poner a las universidades en una situación de especial vulnerabilidad frente a un gobierno interventor y de profunda vocación autoritaria. El TSJ no puede desnaturalizar su misión poniendo al servicio de la dictadura el sistema de administración de justicia venezolano en clara contravención a la Constitución de la República y a las normas del ejercicio del derecho como profesión.

Los centros universitarios de derechos humanos, movimientos estudiantiles, asociaciones de profesores y organizaciones de la sociedad civil manifestamos de manera contundente nuestro rechazo a los ataques del Poder Judicial y del gobierno de facto de Nicolás Maduro contra la libertad académica y las universidades, al mismo tiempo que condenamos la sumisión a favor de la dictadura de sentencias como las denunciadas. En consecuencia:

PRIMERO: Exigimos al Tribunal Supremo de Justicia revocar y dejar sin efecto la decisión No. 0324 del 27 de agosto de 2019 y No. 0389 del 23 de noviembre de 2019, emitidas por la Sala Constitucional de ese tribunal, por aplicación de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 109 de la Carta Magna, así como cesar los ataques contra la libertad académica, la autonomía universitaria y las universidades, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

SEGUNDO: Exhortamos a las instancias gremiales representadas en los Colegios de Abogados y en la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela para que a través de sus Tribunales Disciplinarios y órganos competentes en materia disciplinaria inicien los procedimientos sobre la responsabilidad disciplinaria y ética en que habrían incurrido los abogados magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por emitir decisiones vulneradoras de la libertad académica, la autonomía universitaria y la democracia en general, los cual representa faltas graves a las normas éticas y legales del ejercicio de la profesión del derecho y de las magistraturas.

TERCERO: Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, así como relatorías especiales y otros mecanismos de protección de Naciones Unidas mantener un monitoreo continúo y manifestar su rechazo a la situación.

CUARTO: Solicitamos a los Comisionados y Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en especial a su Mecanismo Especial de Seguimiento sobre Venezuela (MESEVE), realizar un monitoreo permanente de la situación, así como manifestar públicamente su rechazo.

QUINTO: Exhortamos a la Asamblea Nacional a iniciar los procedimientos correspondientes a que hubiere lugar conforme a la Constitución y la Ley, para determinar la destitución o no de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por haber incurrido en errores de derecho inexcusables y violaciones flagrantes a la Constitución.

SUSCRIBEN:

  • Aula Abierta
  • Acción Solidaria
  • Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela
  • Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes
  • Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia
  • Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
  • Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  • Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos 
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
  • Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela
  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
  • Ciudadanía con Compromiso A.C.
  • Civilis Derechos Humanos
  • Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela en el estado Lara
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
  • Comunidad en Movimiento A.C.
  • Conciencia Ciudadana A.C.
  • Consejeros Universidad Santa María
  • Consorcio Desarrollo y Justicia
  • Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo
  • Federación de Estudiantes de Comunicación Social
  • Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -FENASOPADRES
  • Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas
  • Instituto Mead de Venezuela A.C.
  • Movimiento Ciudadano Dale Letra
  • Movimiento Diferente Universidad Católica del Táchira
  • Movimiento Estudiantil Adelante UDO
  • Movimiento Estudiantil Decisión Estudiantil
  • Movimiento Estudiantil Gritemos con Brío
  • Movimiento Estudiantil Plataforma Estudiantil ProULA
  • Movimiento Estudiantil Politeeia UCV
  • Movimiento Estudiantil Resistencia Estudiantil
  • Movimiento Estudiantil Resistencia Universitaria
  • Movimiento Estudiantil Somos UC 87 de la Universidad de Carabobo
  • Movimiento Estudiantil Somos Udista
  • Movimiento Estudiantil Somos Unegdista
  • Movimiento Estudiantil Unidad Universitaria 6
  • Movimiento Estudiantil Viva la UDONE
  • Movimiento Estudiantil: +Estudiantil
  • Movimiento Futuro Universitario
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
  • Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos– PROMEDEHUM
  • Proyecta Ciudadanía A.C.
  • Red de Jóvenes en Acción 
  • Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Fuente Oficial: Aula Abierta