(Caracas, 16.12.2020). Los sucesos aun en desarrollo, que han conmocionado al país, vinculados al naufragio del bote “Mi Recuerdo” que partió de Güiria, Estado Sucre, el pasado 6 de diciembre de 2020, con destino a Trinidad y Tobago, plantean varias interrogantes, sobre las cuales el Estado venezolano debe responder.
Al día de hoy se desconoce el alcance de lo sucedido y las autoridades del Estado, mantienen hermetismo sobre el hallazgo e identificación de los fallecidos, encontrados en el mar e información de los restos del bote o botes encontrados, criminalizando el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos que han visibilizado la tragedia.
Para los venezolanos no es un secreto que la península de Paria se ha convertido en un portaviones de todo tipo de tráficos ilícitos, incluido el de personas, con un saldo doloroso de naufragios, con decenas de ahogados y desaparecidos en el último año.
Es tan grave la situación en la zona, que el 07 de julio de 2019, tres efectivos militares de la tripulación del patrullero AB Cormorán (PG-405) de la Armada Bolivariana, adscrito a la Estación Principal de Guardacostas de la Zona Atlántica, con sede en Güiria, que se encontraba patrullando los espacios jurisdiccionales marítimos, entre Puerto de Hierro, Mapire y Río Grande, en el Golfo de Paria, estado Sucre, fueron atacados y asesinados por presuntos piratas. En el hecho perdieron la vida el Teniente de Fragata Braian Janer Coneo Arévalo, el Sargento Primero Yoanni Flamez Vega y el Cabo Primero Franklin José Gutiérrez Fajardo, quienes iban en el bote auxiliar del patrullero, siendo sus cuerpos encontrados sin vida en un mangle del sector Río Grande, sin sus armamentos, dos fusiles AK-103 y una pistola 9 mm.
Pero también debe decirse, que la situación de emergencia humanitaria compleja por la que transita Venezuela, está afectando de manera perversa a los pueblos más pobres del país, como los del Estado Sucre y Delta Amacuro, donde hay hambre y las posibilidades de un salario digno han desaparecido, lo que está empujando a sus pobladores a buscar un mejor porvenir para sus familias, huyendo de Venezuela en forma insegura.
Los naufragios con saldo mortales, van a continuar sucediendo en el Golfo de Paria, sino se toman medidas inmediatas de seguridad humana. Esto involucra, acuerdos humanitarios urgentes, para asistir en materia de alimentación, a las poblaciones de estas regiones del país, fortalecer el patrullaje aéreo y marítimo de la zona, que es muy amplia y peligrosa y exigir al gobierno de Trinidad y Tobago cumpla el artículo 33 (1) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1.951 que da carácter vinculante al “principio de no devolución”.
Mientras Venezuela, insista en atacar las consecuencias de la migración, criminalizando a los denunciantes, se agravarán las condiciones en las que las personas cruzan las fronteras por tierra o por mar, para irse del país, en busca de una mejor opción de vida.
En los sucesos frente a las costas de Güiria, hay que reclamar sin miedo: El Estado es responsable de la seguridad humana en las áreas marítimas de Venezuela y por ello debe responder.
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