(Caracas, 20.08.2020). Las organizaciones y personalidades aquí firmantes nos dirigimos a la opinión pública de Venezuela y el mundo para manifestar lo siguiente:
- La pandemia de la COVID-19 ha agudizado las brechas de género existentes en Venezuela, las cuales ya habían sido profundizadas por la emergencia humanitaria compleja que aqueja a nuestro país, siendo el acceso a los servicios de salud materna, y salud sexual y reproductiva en general, uno de los principales impactos para mujeres, niñas y adolescentes, tal y como lo ha establecido la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Las necesidades de salud de las mujeres embarazadas, de las que necesitan acceder a abortos seguros, de las que enfrentan emergencias obstétricas, así como la atención durante el parto y postparto, y la provisión de anticoncepción, incluyendo anticoncepción de emergencia, deben ser parte del paquete de servicios básicos y prioritarios en la contingencia generada por la pandemia. El Secretario General de la ONU ha señalado que la desviación de la atención y de recursos esenciales de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en este contexto, pudiera resultar en mortalidad y morbilidad maternas exacerbadas, tasas elevadas de embarazos entre adolescentes, y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH, entre otros.
- En el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela, el personal de salud en el país ha venido enfrentando serios riesgos para ejercer su profesión en condiciones adecuadas y de seguridad, tal y como han alertado organismos internacionales de derechos humanos. La pandemia de la COVID-19 agrava igualmente la situación de riesgo para el personal de salud en el contexto de la emergencia, lo que exige garantizar también su protección tanto para la atención a los casos reportados, como la prestación de servicios esenciales, incluyendo los de salud sexual y reproductiva.
- El Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tiene la obligación de garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y reproductiva aún en medio de la pandemia de la COVID19, desarrollando los protocolos y garantizando los espacios de atención necesarios para tal fin, conforme a la Constitución Nacional, diversos tratados internacionales y normativas nacionales, incluyendo aquellas que han retornado a través de la frontera y han sido sometidas a confinamientos vigilados por fuerzas de seguridad.
- Expresamos nuestro más contundente rechazo y preocupación extrema por reportes de distintas fuentes que señalan casos de mujeres embarazadas bajo sospecha de la COVID19 a quienes se les ha negado atención oportuna, o que han sido sometidas a situaciones irregulares que comprometen su salud y sus vidas, así como la suspensión de servicios de atención pre y postnatal en centros de salud maternal.
- Como ejemplo de lo anterior, denunciamos públicamente, la grave situación de riesgo que se vive en la Maternidad Concepción Palacios, y que es emblemática del impacto diferenciado de la emergencia humanitaria en los centros de atención materna e infantil en Venezuela. Pese a contar con medidas internacionales de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Maternidad no ha sido priorizada dentro de los planes de atención durante la pandemia, y no cuenta con los protocolos de bioseguridad necesarios. La centralización de las pruebas diagnósticas PCR por parte de las autoridades, impacta también en las posibilidades de atención a pacientes embarazadas y que requieren los servicios especializados de salud que deben brindarse en instituciones de salud como la Maternidad, los cuales reiteramos, no pueden ser suspendidos con ocasión de la pandemia.
- La atención a las formas de violencia contra la mujer en Venezuela durante la pandemia de la COVID-19 debe ser una prioridad en este contexto, de conformidad con las conductas establecidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, basada entre otros instrumentos, en la Convención de Belém do Pará, de la cual Venezuela es parte. Esto incluye la violencia obstétrica y, en general, las formas de violencia y discriminación en el ámbito de la salud. La negativa a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva es una de estas formas de violencia y discriminación contra la mujer.
- Para ello y como bien ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, “es imprescindible que las personas trabajadoras de la salud y del cuidado cuenten con protocolos de bioseguridad, lo que incluye la realización de diagnósticos, equipos de protección y materiales necesarios para desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud”. El Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar que ello sea así, no sólo en los centros de salud centinela, sino en todos los centros de salud del sistema público, incluyendo maternidades y centros que prestan servicios de salud sexual y reproductiva.
- El Estado venezolano también debe permitir que la respuesta humanitaria en el país, incluya el acceso a estos servicios esenciales para la vida y salud de mujeres, niñas y adolescentes, y que las agencias humanitarias respectivas puedan cumplir con su mandato de forma adecuada. Recordamos que la atención en salud sexual y reproductiva ha sido definida como una prioridad dentro del plan de respuesta humanitaria presentado por la Oficina de Asuntos Humanitarios-OCHA para Venezuela en 2020; y, que deben facilitarse los mecanismos de monitoreo y contraloría adecuados, independientes e imparciales, para la implementación efectiva de dicha respuesta humanitaria.
- La pandemia no pone en suspenso las obligaciones del Estado venezolano en materia de garantías de derechos de mujeres y niñas, muy particularmente en lo relativo a su salud sexual y reproductiva. Por el contrario, dichas obligaciones se hacen todavía más estrictas porque la desatención a estos derechos, puede llevar a las mujeres a enfrentar situaciones específicas de riesgo, ya que sólo ellas seguirán necesitando de estos servicios, incluso en tiempos de pandemia. Las mujeres representan la mitad de la población, y sus derechos no estarán efectivamente protegidos si no se tienen en cuenta sus necesidades específicas durante la pandemia.
Hacemos un llamado urgente a todos los actores involucrados para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y evitar que se sigan profundizando las violaciones a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela.
Firman:
- Acceso a la Justicia
- Acción Solidaria
- ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
- C. El Paraguero
- AC FABI
- C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
- ALAPLAF, Estado Lara
- Aliadas en Cadena AC
- Amnistía Internacional
- Asociación Civil Cauce
- Asociación Civil Mujeres en Línea
- Asociación Venezolana para la Hemofilia
- Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (AVESA)
- ASOVIDA MÉRIDA
- Aula Abierta
- Aurora Madre
- Avedep
- CAJ
- Caleidoscopio Humano
- Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora, Estado Aragua
- Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Óscar Arnulfo Romero
- CECAVID
- Cendif-Unimet
- Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
- Centro de Derechos Reproductivos
- Centro de Estudios de la Mujer, Universidad Central de Venezuela (CEM-UCV)
- Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de las Mujeres (CISFEM)
- Cepaz- Centro de Justicia y Paz
- Ciudadanía Con Compromiso A.C
- Civilis Derechos Humanos
- CLACAI, Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro
- Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
- Colegio Santiago de León de Caracas
- Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM
- Conciencia Ciudadana A.C.
- Consejo Comunal Las Colinas de Mañongo
- Convite AC
- Crea País
- Defensa en Acción
- EDEPA A. C.
- Excubitus Derechos Humanos en Educación
- Fundación Aguaclara
- FUNCAMAMA
- Fundación “Yo te ayudo venezolano”
- Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
- Fundación Reflejos de Venezuela
- Fundación Rehabilitarte
- Fundamujer
- FundaRedes
- Centro de las Mujeres
- Humanizarte
- Instituto Mead de Venezuela A.C
- IPPF-Región del Hemisferio Occidental
- Federación Venezolana de Abogadas – FEVA
- La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
- Las Comadres Púrpuras
- Liga Merideña contra el Sida
- MAPANI VENEZUELA
- Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo
- Monitor Social A.C, Nueva Esparta
- Movimiento SOMOS
- Mujeres Con Voluntad
- Mulier
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Estado Mérida
- Observatorio Venezolano Derechos Humanos Mujeres
- Hombres por la Equidad e igualdad
- Padres Organizados de Venezuela
- Prepara Familia
- Programa “Acompañando en el Dolor” Psicólogos sin Fronteras Venezuela/Grupo Social CESAP
- Proiuris
- PROMEDEHUM
- PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa por los Derechos Sexuales y Reproductivos
- Proyecta Ciudadanía A.C.
- Proyecto Mujeres
- RED Amnistía Internacional Venezuela
- Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
- Red de Mujeres de Amnistía Internacional
- Red Mérida Feminista
- Red por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (REDHNNA)
- Resonalia
- Secretaría de Mujeres Jóvenes de Acción Democrática
- StopVIH
- Surkuna, Ecuador
- Tribu de Madres Activas y Felices
- UCV
- Unión Afirmativa
- Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
- Uquira
- Women’s Link WorldwidePersonas
- Aída Avendaño
- Andrés Hoyos
- Blanca Martorell
- Carmen Rincón
- Coral Calvo
- Dayana Pacheco
- Diputada María Teresa Pérez
- Eunice Padrón
- Iraní Acosta
- Isadora Lares
- Linda Loaiza López
- Luisa Pernalete
- Magally Huggins
- María Corina Muskus
- María Fernanda Montilla
- Miriam Vega Colls
- Judith Pacheco
- Yasmín Machacón Cortés
- Yendri Velásquez
- Yuneixy Torres