(Caracas, 03.06.2022. CIJ). Durante la última década, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha estado profundamente comprometida en documentar y abogar por la reversión de la erosión del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, la CIJ ha documentado un amplio número de amenazas, ataques y obstáculos relacionados con el buen funcionamiento del sistema de justicia, la justa administración de justicia y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos1. En particular, la CIJ ha dado cuenta de la falta de garantías relacionadas con la independencia de jueces, fiscales y la profesión legal2. Esto ha tenido un efecto negativo en la protección de derechos humanos, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por violaciones graves a los derechos humanos, algunas de las cuales configuran crímenes bajo el derecho internacional.

De igual manera, la CIJ ha llamado la atención a otros problemas que afectan el correcto funcionamiento de justicia, como los obstáculos al ejercicio libre de la profesión legal. Al respecto, en 2014, la CIJ identificó cuatro desafíos para el ejercicio de la profesión legal en Venezuela4: (i) el favoritismo y parcialidad con el que el gobierno nombraba en cargos de la judicatura a abogados graduados de ciertas universidades estatales; (ii) el enjuiciamiento de abogados involucrados en casos “políticamente sensibles contra el Estado”; (iii) el debilitamiento de colegios de abogados que trabajaban en temas concernientes a la administración de justicia; e (iv) interferencias indebidas de la judicatura en cuestiones relacionadas con la elección de los directorios y tribunales disciplinarios de los colegios de abogados. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estos desafíos estaban relacionados con altos niveles de corrupción en la justicia y su falta de independencia.

Dichos ataques no solo están dirigidos contra abogados individuales, sino que también son de naturaleza estructural, lo que afecta la capacidad de la profesión legal en su conjunto para llevar a cabo su papel esencial en la administración de justicia. Esto incluye el papel en la protección de los derechos humanos, en una situación en la que existe un clima general de intolerancia oficial a la sociedad civil independentista y al disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y participación política.

En este informe, la CIJ aborda las restricciones y obstáculos al ejercicio de la profesión legal en Venezuela, incluyendo los riesgos que las abogadas y los abogados enfrentan cuando actúan en el ejercicio independiente de su profesión5. Por otra parte, el documento también describe cómo los colegios de abogados han sido víctimas de actos de acoso e intervención en un contexto de persecución contra organizaciones independientes. Sobre este punto, el informe da cuenta de la intervención de colegios de abogados, la suspensión de sus elecciones internas, la imposición de autoridades no electas libremente y la obligación de celebrar sus elecciones organizadas por las autoridades electorales del Estado.

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