Quienes suscriben, guiados por las normas y principios rectores contenidos en la Declaración de Lima sobre la Libertad Académica y la Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la Recomendación de la Unesco Relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, la Constitución Nacional y la Ley de Universidades consideramos que:

1. El Acuerdo ignora la autonomía universitaria cuando propone una supuesta transformación de las universidades desde los organismos del Estado; cuando menciona una supuesta „universidad verdadera‟ que no puede ser sino parcial y excluyente y cuando solicita intervenciones judiciales sin respeto a los procedimientos legales. El Acuerdo ignora que la figura del Estado docente no puede alegarse para justificar la violación de la autonomía universitaria ni de la libertad de cátedra y de investigación. El Acuerdo ignora que el Estado tiene la obligación de proteger a las instituciones de enseñanza superior de las amenazas que se presenten contra su autonomía, sea cual fuera su origen.

2. El Acuerdo ignora la libertad académica y las libertades de pensamiento y expresión cuando criminaliza la pluralidad de ideas al afirmar que “las universidades públicas están secuestradas por fuerzas de diferentes signos”; cuando criminaliza la crítica y el derecho a disentir acusando a las universidades de “generar procesos de insubordinación a la ley y apoyar salidas inconstitucionales y violentas en contra del gobierno democráticamente electo”. El Acuerdo ignora que las instituciones de educación superior tienen el deber moral y legal de denunciar la represión política y las violaciones a los derechos humanos precisamente en la sociedad en la que están insertas.

3. El Acuerdo ignora que el derecho a la educación de calidad que consagra el artículo 103 de la Constitución Nacional sólo puede ejercerse plenamente en un ambiente de libertad y autonomía.

4. El Acuerdo ignora los derechos laborales así como los derechos de asociación y de reunión cuando insinúa que la crisis universitaria es “una política de la oposición venezolana” y cuando solicita se penalicen las protestas legítimas de los trabajadores universitarios con “la no cancelación de sueldos y salarios”. El Acuerdo ignora que los derechos laborales son irrenunciables y que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o el menoscabo de tales derechos.

5. El Acuerdo ignora que es una obligación prioritaria del Estado la inversión en educación, y que debe reservar una adecuada proporción del presupuesto nacional para asegurar plenamente el derecho a la educación. No se trata de una dádiva discrecional.

6. El Acuerdo ignora que el Estado tiene la obligación de respetar los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales de los universitarios, reconocidos en las Declaraciones y Pactos Internacionales, y que cada integrante de la comunidad universitaria tiene derecho a disfrutar de las libertades de pensamiento, conciencia, expresión, reunión, asociación así como del derecho a la libertad y seguridad personales.

7. El Acuerdo ignora los principios de proporcionalidad y de justicia al acusar y someter al escarnio público a las autoridades, consejos universitarios y gremios profesorales de las universidades autónomas.

Vemos con preocupación que autoridades de diversas ramas del Poder Público vienen incurriendo, desde hace años, en un patrón sistemático de violaciones a la autonomía, la libertad académica y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los universitarios, por medio de la imposición de leyes, reglamentos, convenciones, políticas de matriculación y sistemas de formación docente, inconstitucionales y reprimiendo el derecho de los universitarios a la manifestación pacífica y a un salario y condiciones de trabajo dignos. De esta manera se ha intentado sustituir el modelo de la confrontación libre, racional y crítica de las ideas por un modelo de pensamiento único, antidemocrático y vertical que pone en peligro la existencia misma de la universidad libre, plural y de calidad y con ello la generación de conocimiento, el desarrollo y el futuro del país. Solicitamos cesen la injerencia, el acoso y la ofensiva contra las universidades públicas y autónomas.

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)

Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre José María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita (UNIMAR)

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ)

GTAI (Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes) (ULA)

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA)

Unidad de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (UNIMET)

Acción Solidaria (AcSol)

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

CIVILIS Derechos Humanos

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía (CODEHCIU) Guayana

Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua

Movimiento Vinotinto

Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Unión Afirmativa de Venezuela