(Caracas 02/06/2017) Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente documento, queremos enfatizar la responsabilidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -particularmente de sus rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tani D´Amelio- sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir del 01 de abril de 2017, fecha en la que se inició un ciclo de movilizaciones populares en rechazo, entre otras razones, a decisiones inconstitucionales aprobadas por este organismo.

Durante el mes de octubre de 2016 el árbitro electoral tomó la decisión de suspender, de manera irregular, el derecho constitucional a evaluar la gestión del primer mandatario a la mitad de su mandato mediante un Referendo Revocatorio. Además, sin ningún argumento legítimo, derogó indefinidamente las elecciones regionales que según la Carta Magna debieron realizarse obligatoriamente el pasado mes de diciembre.

Estas decisiones alejaron al gobierno de Nicolás Maduro de la democracia y evidenciaron que el CNE no realizaría, en lo sucesivo, elecciones democráticas.

La presidenta del CNE Tibisay Lucena anunció el 18 de octubre de 2016 que para el primer semestre de 2017 se realizarían las elecciones de gobernadores no solo violando el mandato constitucional que establece que debieron realizarse el pasado mes de diciembre, sino que tampoco fueron convocadas para el primer semestre 2017.

Por ello a partir del 1 de abril se inició un ciclo de protestas populares enarbolando, entre otras demandas, la difusión de un calendario electoral por parte del CNE. La actuación irregular del ente indicaba que no tenía voluntad para  garantizar la realización de las elecciones regionales pendientes, ni tampoco las elecciones municipales.

Durante semanas las autoridades del CNE no opinaron públicamente sobre esta legítima solicitud de los manifestantes. Sin embargo el 23 de mayo de 2017, en apenas horas, aprobaron la propuesta fraudulenta realizada por Nicolás Maduro sobre las bases comiciales para la elección de constituyentistas. Ese día el CNE divulgó que las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se realizarían el mes de julio, prelando sobre las de gobernadores que quedarían pautadas para diciembre próximo. El CNE demostró una vez más su sumisión a los mandatos del Ejecutivo Nacional, obviando el mandato constitucional que establece que debe actuar como Poder autónomo.

El anuncio de elecciones para diciembre 2017, no obstante, es una falsa promesa. La ANC  posee dentro de sus competencias la reforma del Estado y la abolición de los llamados “poderes constituidos”, por lo que las propias gobernaciones pudieran ser sustituidas por otra figura de gestión regional. Además, las discusiones de la ANC pueden extenderse hasta el año que viene -En 1999 se realizaron durante 6 meses-, lo cual invalidaría la actuación durante este plazo del resto de las instituciones del poder público, incluyendo la elección de nuevos mandatarios regionales.

Por tanto, elegir una ANC en el mes de julio suspendería de facto la realización de regionales en diciembre o cualquier fecha posterior. La imposición de una fraudulenta ANC sin consulta del pueblo como poder originario, alejada de los preceptos constitucionales y violando el principio de progresividad alcanzado con la Constituyente de 1999, cierra los mecanismos institucionales de resolución democrática del conflicto, abriendo el camino a una intensificación de la protesta por parte de una población en rebelión,  que apuesta y sigue apostando a la no violencia a pesar de la represión y la asfixia institucional.  El CNE con su actitud alejada de la ley y la Constitución se convierte en un factor que provoca la intensificación del conflicto actual y es co-responsable de las consecuencias que tal incremento significa, entre ellas las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo.

La historia de América Latina demuestra que cuando se clausuran los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos se estimula la aparición de estrategias violentas, lo cual parece ser la intención del gobierno de Nicolás Maduro, con el respaldo tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral.

Invitamos a los trabajadores del CNE a inhibirse de participar en la derogación arbitraria de la Constitución de 1999, y expresar de manera pública sus críticas al procedimiento impuesto, tal como lo ha hecho el rector Luis Emilio Rondón. La actuación de los trabajadores del CNE en la fraudulenta ANC  los hará cómplices de violaciones de derechos humanos y del fortalecimiento del autoritarismo. El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece:

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”

Las ONG nos encargaremos, en un futuro, de recordar la responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios públicos que violaron derechos humanos para que sus actuaciones sean investigadas y sancionadas. Cada trabajador del CNE tiene la oportunidad de cooperar en el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución o, por el contrario, ser cómplice de la violación de derechos humanos con las consecuencias jurídicas que ello le traerá en un futuro. Quedará en la conciencia de cada quien su actuación en este momento histórico que vive el país.

Suscriben:

Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Convite AC
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Humanitario
Foro Penal Venezolano
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI)
Humano Derecho Radio
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Nueva Esparta en Movimiento AC
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadanía A.C
Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)
Redes Ayuda
Revista SIC, Centro Gumilla
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Un Mundo Sin Mordaza
Una Montaña de Gente
Una Ventana a la Libertad
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
Venezuela Diversa AC