(Caracas, 26.02.2016, CivilisDDHH) Organizaciones nacionales de derechos humanos, gremios farmacéuticos, colegio de enfermeras, estudiantes de medicina y farmacia, personas afectadas, así como diversos grupos de sindicales, se congregaron en Plaza Venezuela para exigir al gobierno que garantice el derecho a la salud y al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que se pronuncie por la grave situación que atraviesa el sector salud.

En reiteradas ocasiones se hizo un llamado al Defensor del Pueblo, a que se habilite y se pronuncie, como responsable de exigirle al Estado que garantice los derechos humanos. Así mismo, se solicitó la asignación de recursos suficientes al sector de salud y la adopción de manera urgente de las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad y calidad de los servicios de salud, asegurando que haya un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud que cuenten con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobado y en buen estado, así como que garanticen condiciones sanitarias adecuadas.

Los gremios médicos manifestaron que no querían seguir haciéndose responsables por las muertes que suceden en los hospitales por la falta de insumos médicos y medicamentos. Así mismo, los estudiantes de medicina y enfermería protestaron porque la situación actual de escasez no les permite hacer las prácticas médicas, indispensable para poder continuar los estudios.

Luis Francisco Cabezas de la Asociación Civil CONVITE, expresó que la grave situación de salud y escasez de medicinas no puede tener como respuesta un 0800 donde te dicen NO HAY. En lugar de esto, el gobierno debe aceptar la ayuda de la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, Coordinador General del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) manifestó que esta es una lucha que apenas comienza y que ha permitido la unión de diversos sectores. Aclaró que en Venezuela no es necesario un permiso para ejercer el derecho a la manifestación pacífica, dado que una gran cantidad de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional no permitía la concentración. Una notificación fue enviada días anteriores, único trámite que admite la Constitución nacional. Para Uzcátegui «lo que se está realizando hoy, es la violación de un derecho que está presente en nuestra Constitución, es parte del golpe jurídico a los derechos ciudadanos, y así lo tenemos que denunciar.