(Montevideo, 24 de octubre de 2017, CIDH). Durante el 165 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Montevideo (Uruguay) se realizaron tres audiencias sobre Venezuela acerca del derecho a la educación, las condiciones de la institucionalidad democrática y la situación de  violencia en las cárceles y contra las manifestaciones pacíficas, la libertad de expresión y el libre ejercicio de pensamiento político. La primera audiencia fue  solicitada por el Estado y las demás se convocaron de oficio por la misma CIDH.

En estas sesiones estuvieron presentes diversas organizaciones de derechos humanos venezolanas, las cuales consignaron informes y expusieron ante los Comisionados y los Agentes del Estado la grave situación de derechos humanos que atraviesa Venezuela en un contexto en el que no existe Estado de Derecho y se han roto las bases del orden constitucional democrático, causando una emergencia humanitaria que pone en peligro la vida de muchos venezolanos y venezolanas, ante la cual el Ejecutivo rehúsa aceptar cooperación y ayuda internacional.

Entre las organizaciones que ejercieron su voz en la audiencia se encuentran el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Aula Abierta de Venezuela, CEPAZ, PROVEA, Espacio Público, Una Ventana a la Libertad, Observatorio Venezolano de Conflitividad Social y Foro Penal. Dentro de las peticiones que hicieron las organizaciones, destacan:

  • Que el Estado se abstenga de continuar violando la autonomía universitaria y la libertad académica en las universidades, vele por el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, manifestantes pacíficos, estudiantes y periodistas, libere a los presos políticos, restablezca la Constitución y deponga conductas dirigidas a destruir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos y las instituciones democráticamente electas y garantice el derecho de los venezolanos a ser asistidos por órganos internacionales de protección y humanitarios.
  • Que el Estado acepte la visita de los comisionados al país para verificar la situación de los derechos humanos de forma independiente en el terreno. Ante las reiteradas negativas, la CIDH asumió dentro de sus competencias la elaboración de un nuevo informe especial de país sobre la situación de la institucionalidad democrática y los derechos sociales en Venezuela.
  • Que la CIDH adopte recomendaciones que apunten hacia el quiebre de la democracia en Venezuela y las responsabilidades del Estado en su restauración como derecho de todos los venezolanos, tal como lo hizo ante la dictadura de Fujimori en el Perú, incluyendo no otorgar más audiencias al Estado por mantener una actitud hostil y de no cooperación con los órganos del sistema interamericano.