(Caracas, 01.08.2023. IPYS). El ejercicio responsable del periodismo está ajustado a la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo cual implica pluralidad y respeto por la dignidad de las personas. Bajo ninguna circunstancia, quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social deben promover o replicar discursos de odio, como lamentablemente ocurrió con varios contenidos difundidos a través de algunos medios y redes sociales sobre la detención de 33 personas en un local de Valencia, estado Carabobo, el pasado 23 de julio de 2023.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela se ha dedicado a documentar las dinámicas relacionadas con la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública a partir de los estándares de protección más favorables. Tales estándares establecen restricciones legítimas que se sustentan, precisamente, en la responsabilidad que implica difundir informaciones y opiniones.
“Combatir el discurso de odio no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Se trata de impedir la escalada de dicha incitación al odio hacia algo más peligroso, en particular, instigando a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo cual está prohibido según el derecho internacional”, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, al enunciar la Estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio, en mayo de 2019.
El proceso policial-judicial contra “los 33”, ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, fiscales del Ministerio Público y una jueza municipal de Carabobo involucra derechos expresamente consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: no discriminación, tutela judicial efectiva, libertad personal, respeto a la integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, debido proceso, libertad de reunión y protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
El periodismo consiste en examinar con rigor los derechos comprometidos en una situación antes de reproducir, sin más, la versión oficial. En este caso, es particularmente grave que algunas personas periodistas y productoras de contenidos hayan incurrido en el error de publicar fotos y documentos de identidad de “los 33”, en respaldo a una narrativa que corresponde a un discurso de odio, en tanto estigmatizante y discriminatoria, contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y de otras identidades de género (LGBTIQ+).
No es suficiente que el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan convalidado la actuación policial. Todo relato periodístico que involucre derechos humanos debe procurar la mayor verificación y contraste de versiones posibles, con énfasis en la inclusión de la versión o versiones de quienes pueden ser víctimas de atropellos por abuso de poder o de autoridad.
Afortunadamente, muchos medios y periodistas cumplieron con la obligación de indagar más allá de la versión oficial, en una demostración de responsabilidad profesional. De esa manera, produjeron y brindaron contenidos mucho más integrales a efectos de precisar, comprender y analizar lo sucedido con los 33 detenidos.
Desde IPYS Venezuela, asumimos este caso como una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que se ejerce el periodismo en Venezuela y la necesidad de fomentar un desempeño profesional y respetuoso de la diversidad y dignidad de las personas.
Fuente Oficial: IPYS Venezuela
