(Caracas, Coalición por la libertad de asociación). De acuerdo con los estándares internacionales, la libertad de asociación únicamente podrá ser limitada por los Estados dentro de los parámetros de una sociedad democrática. No obstante, tal y como han señalado las organizaciones de la sociedad civil venezolana, no existen motivos que ameriten las restricciones y penalidades que contiene dicho proyecto de ley, convirtiéndose éste en un instrumento de persecución.

Desde la Coalición por la Libertad de Asociación abogamos por el respeto irrestricto al derecho a la Libertad de asociación y el espacio cívico en Venezuela ante un nuevo intento por parte de la Asamblea Nacional (AN) de avanzar en la aprobación del proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, aprobada en primera discusión el 24 de enero de 2023, y de la cual, el pasado 12 de enero se dio inicio, sin previa convocatoria amplia y plural, a la consulta pública en el seno del parlamento en un acto que, televisado por medios oficiales y con presencia de los cuerpos de seguridad del estado, tuvo por objeto hostigar, estigmatizar, y  criminalizar a la sociedad civil venezolana.

En este sentido, nos solidarizamos y apoyamos el comunicado firmado el 22 de enero de 2024 por 327 organizaciones y personalidades que rechazaron el proyecto Ley, el cual, tal como señaló esta Coalición previamente, forma parte de una política dirigida a anular las capacidades de la sociedad civil venezolana en su papel como actor activo y fundamental de la vida cívica y democrática de Venezuela, y que, de aprobarse, constituiría un factor culminante en el cierre del espacio cívico en éste país.

Asimismo, hacemos eco de las preocupaciones y llamamientos esgrimidos con relación a este proyecto de ley por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y cuatro Relatorías Especiales de Naciones Unidas.

Recalcamos que, estando Venezuela a las puertas de unas elecciones presidenciales para este 2024, el respeto y la garantía de un espacio cívico completamente abierto y robusto se hace condición imprescindible para que dicho proceso electoral se lleve a cabo con completa transparencia y libertad.

Además, reiteramos que, de acuerdo con los estándares internacionales, la libertad de asociación únicamente podrá ser limitada por los Estados dentro de los parámetros de una sociedad democrática. No obstante, tal y como han señalado las organizaciones de la sociedad civil venezolana, no existen motivos que ameriten las restricciones y penalidades que contiene dicho proyecto de ley, convirtiéndose éste en un instrumento de persecución y represión del trabajo legítimo, e incluso la existencia de la sociedad civil en Venezuela que podría llevarla al camino de destrucción de las organizaciones tristemente transitado por Nicaragua, con terribles consecuencias para el tejido social que con su ardua labor han construido, así como para los millones de personas que se benefician de sus actividades.

Desde la Coalición por la Libertad de Asociación hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a seguir posicionándose firmemente a favor del respeto y garantía de los derechos y libertades democráticas en Venezuela.

Fuente Oficial: Coalición por la libertad de asociación