(Buenos Aires 26/05/2017. CIDH) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela.
La CIDH está dando seguimiento muy cercano a la situación de protestas masivas en Venezuela desde que iniciaron hace unas ocho semanas. La Comisión ya ha manifestado su extrema preocupación por los hechos de violencia y su alarma sobre la militarización y el llamado del Gobierno a armar a milicias civiles. Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento.
Según la información presentada públicamente por la Fiscal General de la República, desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y 3 funcionarios. Asimismo, el Ministerio Público informó tener registro de más de mil personas lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios. Indicó que 346 bienes se han visto afectados durante los hechos de violencia. La Fiscal General informó que hay 1465 investigaciones en curso, que se ha imputado a 2674 personas por diferentes delitos, y que 284 de estas personas han sido privadas de libertad.
Organizaciones de la sociedad civil y voceros del Gobierno, por su parte, indican que las muertes producto de la violencia en el contexto de las manifestaciones alcanzarían las 60 víctimas, incluyendo seis adolescentes, y que del 1º de abril al 24 de mayo de 2017, habría 2815 manifestantes arrestados, de los cuales 1240 permanecen detenidos.
En respuesta a la situación de violencia el Gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico – militar conocida como “Plan Zamora”. A través de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones. De acuerdo a la información disponible, esta segunda fase del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares. Se ha reportado que 341 civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales 178 permanecen detenidos en dicha jurisdicción.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, expresó su preocupación por la situación de las personas civiles detenidas en jurisdicción militar. “Estamos preocupados por la situación en que puedan estar”, dijo en rueda de prensa. Dijo que ha solicitado a la Fiscalía General Militar el número de procesos y detenidos y que el Ministerio Público busca verificar el estado de salud y el estado de detención en que se encuentran estas personas. Asimismo, la Fiscal subrayó la importancia de que los procesos sean abiertos en jurisdicciones naturales a los detenidos. Sobre la detención de civiles en jurisdicción militar, la Fiscal indicó: “Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural, así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la Republica en materia de derechos humanos”.
La CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia. En particular, la Comisión Interamericana recuerda que el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho.
“Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, dijo el Presidente y Relator de la CIDH para Venezuela, Comisionado Francisco Eguiguren. “Es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción militar por participar en protestas y manifestaciones”.
La Comisión llama a las autoridades venezolanas, una vez más y con carácter urgente, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la Comisión Interamericana urge a Venezuela a no utilizar operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones. La CIDH reitera su enérgico llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
