(Caracas 11/04/2017. CivilisDDHH) No es la primera vez que en Venezuela se hace uso de una fuerza represiva feroz contra la población civil en el contexto de manifestaciones por el hecho de protestar pacíficamente frente al cierre intencional de toda posibilidad de hacer valer la Constitución y dialogar pluralmente con la sociedad venezolana, para detener o corregir políticas o medidas arbitrarias y abusivas del gobierno. Dentro del sistema ideológico oficial, quienes protestan no se consideran ciudadanos sino enemigos o amenazas internas para el Estado y por lo tanto objetivos de defensa en los que se emplean los medios de seguridad, incluyendo los de índole militar.
En los años 2013 y 2014 se inauguró un patrón represivo, cuando en el marco de las elecciones presidenciales convocadas a raíz del fallecimiento del Presidente Chávez, ocurrieron manifestaciones pacíficas una vez reconocido el triunfo, por muy estrecho margen —menos de 2%— del candidato oficialista, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ante estas manifestaciones, la reacción del recién electo presidente se dio en cadena nacional, para informar el despliegue del “Comando Anti Golpe” y del pueblo en la calle, denunciando supuestos hechos de violencia contra instalaciones de servicios públicos e intentos de desestabilización por sectores de oposición. Durante los días que siguieron detenciones de cerca de más de 150 personas y manifestantes, en su mayoría jóvenes, a quienes se acusó de violentos y golpistas.
Posteriormente, en febrero de 2014, el país atravesó un fuerte contexto represivo expresado en una conducta de extrema intolerancia, criminalización y empleo abusivo de las fuerzas del Estado contra manifestaciones pacíficas calificadas en muchos casos como supuestos intentos de golpe de estado dirigidos desde países extranjeros, y en ataques sistemáticos a población civil en zonas residenciales como documentó CivilisDDHH ese año (Informe Ataques a Civiles en Áreas Residenciales, 2014). Esta situación—con un patrón similar al de los hechos de abril de 2013—se produjo con mayor crudeza junto con medidas de censura a los medios de comunicación independientes y llamados a la “paz” y al “diálogo” emitidos por el Ejecutivo Nacional, que no se compadecían con los excesos y prácticas represivas en varias ciudades del país, el uso de información sesgada sobre las causas del malestar social y los graves hechos de violación de derechos humanos ocurridos durante dichas prácticas.
Todo ello se formalizó, cuando en mayo del 2016 se declara un estado de excepción por emergencia económica bajo el pretexto de contrarrestar al enemigo interno. En la sentencia 155 el Tribunal Supremo de Justicia reafirma tal idea al ordenar al Presidente proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el “orden constitucional” para “garantizar la gobernabilidad del país”, así como a que adopte medidas que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción en el marco del Estado de Excepción que le permitiría revisar y aplicar leyes penales hechas contra los enemigos internos, incluyendo someterlos a la justicia militar.
Estas medidas explican en gran parte lo ocurrido en los últimos días de protesta agregando, al bloqueo y dispersión de las marchas pacíficas con la excusa de no haber sido autorizadas con el uso excesivo y sistemático de gases tóxicos y armas de fuego, una escala mayor de represión como quedó demostrado en la concentración desarrollada el lunes 10 de abril, cuando desde helicópteros de la fuerza de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes. A todo ello se sumó ahora el uso de listas por las redes con fotos de personas señalados como objetivos de persecución y una red estatal de contra información, acorralamiento y cacería de manifestantes, avistamiento de funcionarios con armas largas desde edificios públicos haciendo disparos, ataques indiscriminados a población civil incluyendo comandos de partidos, centros comerciales y centros de salud. En esta jornada de protesta se reportaron más de 50 heridos y de 80 detenciones.
