(Caracas 05/04/2017, CivilisDDHH) Los manifestantes que respondieron a la convocatoria de la oposición venezolana a marchar el día martes 4 de abril para exigir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no pudieron llegar a su destino. El establecimiento de múltiples contingentes de la Policía Nacional Bolivariana en los alrededores de la Plaza Venezuela de Caracas, impidió que los marchantes se concentraran en el punto acordado.
Tal acción obligó a los convocados a movilizarse hasta la avenida Libertador, donde otro importante contingente de funcionarios con armas de fuego y ballenas antimotines los recibió para bloquear su intención de avanzar hasta la Asamblea Nacional, impidiendo así el ejercicio a su legítimo derecho a la reunión y manifestación pacífica.
Mientras esto ocurría, en la Plaza Morelos en el centro de la ciudad, se desarrollaba con total normalidad y sin contratiempo una concentración convocada por el presidente Nicolás Maduro, incluso con el despliegue de una logística que permitió la instalación de una tarima, baños portátiles y unidades de transporte de uso oficial para la movilización de los manifestaste, ya que el servicio del Metro de Caracas fue suspendido desde tempranas horas de la mañana.
Tal acción representa un claro quebrantamiento de los derechos humanos a la libertad de reunión pacífica y de asociación al que toda persona tiene derecho, la acción de obstaculizar un acto de manifestación y favorecer otro, según los intereses del gobierno, representa además un claro acto de discriminación por razones políticas.
La negativa a permitir la marcha llevo a los manifestantes a protestar en diferentes puntos de la ciudad, concentrando la mayor actividad en las inmediaciones de la avenida Libertador y la autopista Francisco Fajardo, donde se desarrollaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas públicas, que intentaban disuadir la concentración haciendo uso de pelotas de goma, bombas lacrimógenas y gas pimienta. La jornada terminó con la llegada de más de 100 motocicletas comandadas por miembros de los grupos paraestatales conocidos como “colectivos armados”, quienes dispararon en ráfaga contra los manifestantes, dejando al menos 9 heridos.
Desde Civilis Derechos Humanos venimos denunciando una escalada represiva en el contexto de manifestaciones que inicio el pasado sábado 1 de abril, cuando los diputados de la Asamblea Nacional intentaron llegar a la Defensoría del Pueblo para exigir al señor Tarek Willian Saab se pronunciará por los nuevos acontecimientos ampliamente condenados por la comunidad internacional, y se mantuvo los días siguientes.
Condenamos de manera enérgica el uso represivo por parte de la Policía Nacional Bolivarian, así como de sustancias tóxicas como el gas pimienta con aerosol a corta distancia de las víctimas, este último prohibido en el control de manifestaciones pacíficas según el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, y que su uso durante la jornada quedaron registradas en videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales, dejando demostrado un uso indiscriminado de las mismas.
El derecho a la libertad de reunión pacífica se garantiza en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el derecho a la libertad de asociación, en el artículo 22. Esos derechos se establecen también en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados o instrumentos internacionales y regionales relativos a derechos humanos específicos; todos suscritos por el Estado venezolano y de obligatorio cumplimiento.
Finalmente recordamos que los Estados tienen la obligación de resguardar la seguridad y los derechos de los manifestantes y abstenerse de emplear métodos represivos en el control de las manifestaciones, incluso cuando ocurran hechos violentos.
