Una Ventana a la Libertad constató que las detenidas ven limitados el acceso a servicios de salud, el contacto de sus hijos y parejas, e incluso, algunas han quedado embarazadas de policías encargados de su custodia.
(Caracas, 07.03.2017. Una Ventana a la Libertad) 374 privadas de libertad, recluidas en centros de detención preventiva del país, celebran este Día Internacional de la Mujer con sus derechos vulnerados por las condiciones de hacinamiento, limitados servicios de salud y restricciones para recibir las visitas de sus hijos y parejas según un diagnóstico realizado por Una Ventana a la Libertad.
La ONG realizó un monitoreo exhaustivo en 89 centros de detención preventiva de los estados Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Vargas, Zulia y la Gran Caracas, en el que pudo recoger los testimonios de las detenidas, sus familiares, abogados, instituciones estatales y defensores de derechos humanos y cuyos resultados se encuentran en el informe “Derechos vulnerados a mujeres privadas de libertad en centros de detención preventiva”.
El informe fue presentado este martes 7 de marzo durante el foro «Situación de Mujeres Encarceladas en Centros Detención Preventiva en Venezuela» organizado por Una Ventana a la Libertad, conjuntamente con la Fundación Francisco Herrera Luque.
De acuerdo a la investigación de Una Ventana a la Libertad sólo 12 centros (13,48%) de los 89 monitoreados cuentan con áreas de visita, que permitan las privadas de libertad tener contacto con sus hijos.
Asimismo, se pudo constatar que las presas embarazadas no reciben los controles médicos regulares, ni los medicamentos necesarios para su estado de gestación, al tiempo que las autoridades policiales desconocen los procedimientos requeridos para atender a las detenidas en estado de gravidez.
Por su parte, las madres de niños menores de 3 años no tienen garantizado el derecho de estar con sus hijos, pues los centros de detención preventiva no cuentan con las condiciones adecuadas para ello. Tal fue el caso una privada de libertad, quien dio a luz mientras estaba detenida en la sede de la Policía Municipal de Guacara, estado Carabobo, y su bebé fue entregado a una casa de abrigo.
Las presas también deben sortear las decisiones discrecionales de las autoridades. En la sede de Polimaturín, estado Monagas, existe un área para que las madres reciban a sus hijos, pero las autoridades del centro de reclusión le niegan el acceso bajo el argumento de que se podrán generar situaciones de autosecuestro.
En Los Teques, estado Miranda, el hacinamiento en los calabozos de Poliguaicaipuro, donde conviven más de 70 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres, dos presas quedaron embarazadas de otros detenidos. La situación se repitió en la sede de Politáchira, en San Cristóbal, donde dos internas salieron embarazadas de policías encargados de la custodia del recinto de reclusión.
Los centros de detención preventiva no tienen las condiciones necesarias para albergar detenidos por más de 48 horas, sin embargo, son usados como sitios de reclusión definitiva, lo que junto al retardo procesal, ha provocado altos niveles de hacinamiento, con las consecuencias que se derivan del mismo.
En el estado Falcón, 25 mujeres permanecen en dos celdas de 4 metros por 2, sin electricidad ni agua potable. Esta condición ha provocado brotes de escabiosis entre las presas.
Los centros de detención preventiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad, tienen capacidad para albergar a 1985 privados de libertad, pero actualmente 8003 presos se encuentran recluidos en esas instalaciones, lo que indica que tienen una sobrepoblación de 403%. En promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola. En estos centros, la población de mujeres presas (374) representa el 4,67% del total.
Por todo ello, las mujeres que se encuentran privadas de libertad en los centros de detención preventiva celebran el Día Internacional de la Mujer bajo condiciones precarias y de vulneración de sus derechos fundamentales establecidos en el Código Orgánico Penitenciario.
