(Caracas 08/02/2017, Amnistía) Con visibles cambios en la política social del mundo comienza un 2017 lleno de expectativas en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. Frente al auge de líderes populistas en Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa, se han disparado las alarmas de activistas y expertos a la búsqueda de que no se retroceda en las garantías de derechos básicos, ya que este tipo de gobiernos podría favorecer los abusos.

Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos instó a Donald Trump a proteger los derechos humanos tanto en Estados Unidos como en el extranjero. “Como presidente, Donald Trump debe abandonar la retórica del odio que plagó su campaña y debe comprometerse a proteger los derechos humanos de todas las personas”. Ver: Estados Unidos: Trump y su administración deben respetar los derechos humanos

No solo en países como Estados Unidos se espera que las nuevas políticas actúen apegadas al respeto por los derechos humanos, sino que en varios países de Latinoamérica la dignidad de sus ciudadanas y ciudadanos está colgando en un hilo.

Paulina Muñoz Samaniego, activista de derechos humanos del Ecuador del Colectivo de Mujeres Acción Política señaló que espera que este 2017 el mundo reaccione y voltee la mirada a la humanidad ya que son muchas las amenazas a las que están expuestos quienes se encargan del activismo “el movimiento de derechos humanos se enfrenta a un futuro difícil en 2017, y corresponde a todos los actores -sociedad civil, gobiernos y empresas- defender los asuntos que preocupan y hacer que los derechos humanos sean necesarios en la vida cotidiana de las personas”.

Venezuela no es un caso aislado, y es que no es un secreto para nadie que las organizaciones de la sociedad civil y activistas se mantienen alerta ante la grave crisis económica y social que enfrenta ese país. Jo D’ Elias, especialista en la conformación de redes de activistas y defensores de derechos humanos de la organización Civilis, espera que en este año se abran los cauces de participación democrática para que los ciudadanos expresen libremente su opinión acerca de las políticas de gobierno y exijan responsabilidades a las autoridades por las consecuencias de estas políticas en sus vidas, lo cual incluye someterse a procesos electorales, conforme a los mecanismos previstos en la Constitución.

“Es de suma importancia que cesen las políticas de discriminación, intimidación, criminalización y persecución contra los ciudadanos en el ejercicio de los derechos a la participación, expresión, manifestación pacífica y asociación. Las agresiones a la sociedad por disentir, cuestionar o proponer vías distintas a las que impone el gobierno para la solución de los problemas, son violaciones de los derechos humanos y prácticas de gobiernos no democráticos”. Aseveró

Asimismo, D’ Elias considera que el respeto de principio de separación e independencia de los poderes del Estado, a fin de que el cumplimiento de los derechos humanos no dependa de la discrecionalidad de las políticas de gobierno es clave en la actualidad ya que la responsabilidad de violaciones a los derechos humanos tanto los órganos ejecutivos como los judiciales y legislativos. “Toda autoridad elegida, jueces y funcionarios tienen el derecho y el deber de rehusarse a cometer o convalidar violaciones de los derechos humanos, sin consecuencias para ellos y sus familiares”.

Apunta y dispara en Filipinas

La llamada guerra contra las drogas encabezada por el presidente Rodrigo Duterte sigue incrementando las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas según lo señala el último informe de Amnistía Internacional. La directora de la organización, Champa Patel exigió al Comité del Senado sobre Justicia y Derechos Humanos que reabra la investigación sobre estos lamentables hechos ya que familiares de las víctimas denuncian homicidios deliberados y generalizados, que parecen ser sistemáticos y estar planeados por las autoridades en su campaña contra las drogas dejando en evidencia una persecución a los sectores más vulnerables del país.

Durante la campaña electoral, Duterte se apodó «el castigador» y prometió «olvidarse de las leyes en materia de derechos humanos» advirtiendo a los criminales que se fueran porque si no los iba a matar, una campaña agresiva que dio resultado y que hoy alarma al mundo al cumplir su promesa en muy poco tiempo ya que desde que asumió el gobierno (30 de junio de 2016) los cuerpos policiales asesinaron aproximadamente a 2.000 personas, y grupos paramilitares han matado a más de 3.000 sin totalizar por completo a quienes han sido arrestadas o se han entregado a la policía por temor a ser asesinadas.

Finalmente, no se puede dejar pasar que aunque la Casa Blanca ha condenado los asesinatos extrajudiciales en Filipinas se conoce públicamente que Estados Unidos envía millones de dólares de ayuda incluyendo entrenamiento y equipos a la policía nacional para su lucha contra la droga.

Esperanzas intactas por un mundo mejor

El paseo por los retos y desafíos que enfrentan los derechos humanos muestran un 2017 convulsionado, pero las esperanzas de conocedores del tema y activistas que se esfuerzan en el trabajo de multiplicación que a menudo deja huella a través del tiempo demuestran que con organización el mundo podrá mejorar convenciendo a más personas en que la exigibilidad y reivindicación de sus derechos es la única forma de vencer el retroceso.

Algunos aspectos donde se debe reforzar el trabajo del activismo de derechos humanos en el 2017 podrían variar frente a los que comenzaron a formar parte de los titulares de los medios de comunicación del mundo como los son temas de desigualdad, persecución a activistas, falta de promoción del respeto de los derechos fundamentales, libertad de expresión, seguridad, refugiados, dignidad, falta de autonomía, exceso de poder, respeto por la dignidad y muchos más en los que la prioridad es ser vigilantes de la actuación de los líderes del mundo ya que de lo contrario podríamos estar frente a un inminente retroceso de las sociedades.