(Caracas, 14.11.16, Provea) Tras la difusión pública de los acuerdos de la denominada “II Reunión Plenaria en el Marco del Diálogo Nacional”, en la cual participan voceros del gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la facilitación del representante del Vaticano, Monseñor Claudio María Celli, de los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos y del Secretario General de UNASUR, ex Presidente Ernesto Samper, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) desea expresar que ninguna instancia de diálogo puede, legítimamente, avalar la violación y el desconocimiento de los derechos consagrados en la Carta Magna.
Siendo el diálogo y el debate inherente a una sociedad que quiera calificarse como democrática, Provea ha apoyado en el pasado, y lo seguirá haciendo, cualquier instancia para consensuar soluciones a la grave crisis social, económica y política que experimenta Venezuela. Provea ha caracterizado esta crisis como de alarmantes retrocesos en las garantías para el disfrute de derechos sociales, especialmente en salud y alimentación; aumento preocupante de la exclusión; criminalización de la pobreza, la protesta y la disidencia y obstaculización en el ejercicio de diferentes derechos civiles y políticos, agravados con la ruptura del hilo constitucional a partir del decreto de estado de excepción en mayo de 2016, y la transformación del gobierno de Nicolás Maduro en una dictadura, ante la decisión tomada el pasado 20 de octubre que indica que el gobierno no permitirá elecciones hasta que pueda obtener resultados favorables.
Al recordar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Perú en 1998, durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, Provea ha reiterado que la creación de instancias de diálogo no transforma, automáticamente, en democráticos a gobiernos que no lo son.
Provea valora positivamente que la situación de escasez y desabastecimiento haya estado presente en dicha mesa de diálogo, acordando “priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación”. Asimismo, queremos reconocer el espíritu de respeto presente en la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”, adoptada por la mesa de diálogo, que puede generar condiciones para una mayor tolerancia entre los venezolanos.
No obstante, Provea lamenta que la ausencia de temas imprescindibles, como el acuerdo de cronograma electoral que devuelva al país al terreno de la democracia, signifique que esta Mesa de Diálogo esté avalando la violación y desconocimiento de derechos consagrados en la Constitución. El no pronunciarse sobre la obligatoriedad de realizar las elecciones regionales, en el plazo que estipula la Carta Magna, y al no permitir la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su gestión, mediante la participación en un referendo revocatorio, constituye una violación conjunta de la voluntad popular, que debe ser expresada mediante el voto.
Asimismo, Provea rechaza que el resultado de esta II reunión plenaria haya asumido los considerandos presentes en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que establecen como causa de los problemas sociales del país la denominada “guerra económica”, en la que el supuesto sabotaje, boicot y agresión a la economía venezolana son las responsables de la situación de escasez y desabastecimiento de alimentos, liberando de toda responsabilidad a la propia gestión gubernamental.
Si bien la Constitución establece los períodos en los cuales deben renovarse los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta mesa de diálogo ha expresado su voluntad de acatar la Carta Magna y realizar la sustitución de los dos rectores cuyo plazo vence en diciembre de 2016. No obstante el camino hacia el equilibrio e independencia de los poderes públicos necesita de otras acciones, como por ejemplo la transformación del sistema de administración de justicia, el cual el pasado 20 de octubre decidió suspender, sin atribuciones para ello, el proceso de recolección de firmas del 20% para la activación del RR. Es urgente atender la falta de independencia del Poder Judicial pues una administración de justicia politizada no favorece la resolución pacífica de los conflictos.
No existe paz posible sin democracia, con graves violaciones a los derechos humanos y con la existencia de personas privadas de libertad debido a sus opiniones políticas. Cualquier diálogo debe incluir dentro de sus temas el cese a la discriminación, la persecución a la disidencia política y la represión a la protesta social.
Provea seguirá promoviendo los diálogos en todos los niveles de la sociedad y la necesidad de que las organizaciones sociales y populares tengan su propia voz en el actual conflicto venezolano. Asimismo, continuaremos difundiendo a nivel nacional e internacional la ausencia de un modo de gobernabilidad en nuestro país que pueda calificarse como “democrático”, así como la confiscación del derecho a la participación electoral de los venezolanos y venezolanas. En este sentido las exigencias que hacemos como parte del movimiento social venezolano son la realización de las elecciones regionales en el plazo establecido en la Constitución, la realización del referendo revocatorio en el plazo más breve posible, la libertad de los presos políticos y el cese a la represión a la protesta social y la disidencia.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) Ver artículo original aquí
