(Caracas, 03.07.15, Provea). El error en que incurre insistentemente el gobierno al descalificar a quien le critica, trascendió ampliamente las fronteras territoriales esta semana. Se expandió la negación de la verdad, como política de Estado y es factible que la equivocación de la delegación oficialista venezolana en la ONU no se olvide fácilmente. Nos referimos al examen realizado por el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre los días 29 y 30 de junio, este año y a la actuación de la representación del gobierno del Presidente Maduro.
Son muchos los desaciertos cometidos, pero nos de tendremos en dos profundamente vinculados: la inestabilidad laboral en el Poder Judicial y el caso Afiuni.
La representación gubernamental dijo al Comité de la ONU que males endémicos del sistema de administración de justicia, como la provisionalidad, había descendido en los últimos 15 años. Sin embargo, la realidad es que no hay concursos de ingresos, ni se otorga titularidad en los cargos de jueces y juezas de primera instancia o superiores, porque no hay concursos de ascenso. Se utiliza la figura de “dejar sin efecto” el nombramiento de jueces y juezas, incumpliendo la obligación de efectuar procedimientos administrativos de investigación y sanción a las faltas cometidas en el desempeño. Incluso se ha reducido, por la vía de los hechos, la destitución que es (o era) la máxima sanción.
La práctica de dejar sin efecto el nombramiento de un funcionario o funcionaria judicial se inauguró durante el periodo de Manuel Quijada, quien condujo la Comisión de Emergencia Judicial entre 1999 y 2000. Luego, esta costumbre se desarrolló con énfasis durante la administración de Rafael Roversi Thomas, quien asumió la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en 2001.
Después de un lapso de dificultades para consolidar a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (creada en la CRBV de 1999), sobrevino uno de los momentos de mayor expansión de la fórmula de dejar sin efecto los nombramientos de jueces y juezas, que se produjo durante la gestión de Luis Velásquez Alvaray. Este ex Magistrado fue simultáneamente Presidente del TSJ y Director Ejecutivo de la Magistratura hasta que fue removido por la Asamblea Nacional en 2006. Pero la inestabilidad laboral de jueces y juezas por efecto del uso de este arbitrario mecanismo, prosiguió en la etapa de Francisco Ramos y continúa en el presente.
Tanto la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración Judicial, y las instancias disciplinarias que dependen en línea directa del TSJ, siguen dejando sin efecto el nombramiento de jueces y juezas para eliminar -literalmente de un plumazo- a profesionales del derecho que no se rinden de forma genuflexa a dictámenes del Ejecutivo Nacional u otro poder público.
Desde los tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la inestabilidad laboral ha signado el Poder Judicial, pues a la forma creada para excluir jueces y juezas dejando sin efecto sus nombramientos, se suma la ausencia de concursos de ingreso y ascenso, incrementándose de manera exponencial el porcentaje de provisionalidad y temporalidad de estos funcionarios y funcionarias, respecto al lapso 1993-1998.
En el caso del personal de apoyo a la administración de justicia, integrado por asistentes, archivistas, alguaciles, abogados, secretarios y coordinadores judiciales, entre otros cargos, se presenta la característica de la tercerización laboral ya que se trabaja bajo la figura de la “contratación”. Esta forma de relación laboral que equivale al fraude a la ley implica brindar un servicio y percibir una remuneración, pero sin detentar un cargo fijo. En el Poder Judicial venezolano esta situación afecta al 30% de la plantilla judicial nacional, según fuentes sindicales del sector.
Por cualquier motivo un juez o jueza puede verse despojado de su responsabilidad al frente de un tribunal en Venezuela. Por cualquier causa y sin previo aviso puede dejar de percibir su sueldo, debido a una intempestiva separación del cargo (suspensión) y hasta corre grave riesgo su honor, su libertad personal y el ejercicio de su profesión. Así lo demuestra el caso de María Lourdes Afiuni.
Pero en su afán por presentar una visión que no se corresponde con la realidad del país, la representación gubernamental rompió su propio récord de errores ante la ONU y señaló que la jueza Afiuni no había sido torturada… Como ya Venezuela y el mundo conoce, la jueza Afiuni desmintió a la vocera oficial y solicitó permiso al Tribunal Penal que lleva su causa en Caracas, para acudir a la ONU en Ginebra y ofrecer su versión. El permiso no le fue otorgado.
Pretender presentar una Venezuela sin mácula, y la jerarquía de quienes lo intentaron, llama a la reflexión pues su conducta se erige en una palmaria demostración de la crisis de nuestro sistema de administración de justicia, que no brinda seguridad ni siquiera a quienes laboran en su seno. Además, la abierta contradicción entre cifras, actitud de desplante y afirmaciones carentes de sustento probatorio, pusieron en evidencia la precariedad institucional de la justicia venezolana y su poca o nula capacidad para garantizar y hacer respetar los derechos humanos a la población.
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