Prensa ULA (16.04.2015) El presente informe documenta las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado Mérida durante las protestas que comenzaron en febrero y se extendieron hasta el mes de julio del 2014. Se incorporan también hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones en el estado Táchira y que afectaron a la Universidad de Los Andes (ULA), como la destrucción de la estación de radio del Núcleo Táchira de la ULA. Se registra igualmente el acoso policial a docentes mediante citaciones masivas y, en general, se da cuenta de la situación de inseguridad dentro y fuera de los recintos académicos, que cobró víctimas entre los universitarios y que en un primer momento dieron origen a las protestas.
En segundo lugar, se documentan violaciones a los derechos de reunión, asociación y manifestación pacíficas y se registran las diversas modalidades de protesta realizadas en el período que incluyen marchas, concentraciones, vigilias, asambleas, pancartazos, rosarios colectivos, volanteos, desnudos, cadenas humanas, cacerolazos, pupitrazos y barricadas o trancas de calle, las cuales, a pesar de haber sido en su mayoría pacíficas, fueron reprimidas mediante la actuación conjunta de funcionarios policiales, militares, y grupos de civiles armados.
En tercer lugar, el Informe documenta las violaciones a la integridad personal y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de la fuerza pública. Se registran testimonios de víctimas de torturas y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes y se detallan los patrones más recurrentes entre los que se incluyeron palizas, descargas eléctricas, disparos de perdigones, entre otros. Los testimonios también dan cuenta de maltratos psicológicos, tales como amenazas de violación, amenazas de muerte e insultos.
En cuarto lugar, se presentan los casos de personas fallecidas en el contexto de manifestaciones. En quinto lugar se registran las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso de las y los detenidos.
En quinto lugar, se documentan casos y se presentan testimonios de detenciones arbitrarias, así como de violaciones al debido proceso.
En sexto lugar, se documentan los ataques a zonas residenciales. En el informe se contabilizaron ataques a 41 residencias donde se desarrollaron protestas de diversa intensidad. El uso excesivo de la fuerza, allanamientos ilegales, uso de armas de fuego y empleo excesivo de sustancias tóxicas contra residencias, afectaron a vecinos y transeúntes.
Concluimos señalando que las violaciones de derechos humanos en el estado Mérida durante el período documentado permanecen impunes y exigimos al Ministerio Público y a los órganos de justicia iniciar, sin más dilaciones y de forma transparente, las investigaciones que determinen las responsabilidades y las sanciones a que hubiera lugar.
Ver aquí Informe sobre violaciones de los DDHH en la ciudad de Mérida febrero-julio 2014
