Venezuela: Violaciones a los derechos humanos en el marco de manifestaciones pacíficas Febrero 2014

Desde el 2 de febrero de 2014 hasta la fecha, Venezuela atraviesa un fuerte contexto represivo expresado en una conducta de extrema intolerancia, criminalización y empleo abusivo de las fuerzas del Estado contra manifestaciones pacíficas, líderes de partidos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas, identificados en muchos casos como objetivos de guerra con base en supuestos intentos de golpe de estado dirigidos desde países extranjeros. Esta situación—con un patrón similar al de los hechos de abril de 2013[1] —se produce esta vez con mayor crudeza que antes, junto con medidas de censura a los medios de comunicación independientes y llamados a la “paz” y al “diálogo” emitidos por el Ejecutivo Nacional, que no se compadecen con los excesos y prácticas represivas en varias ciudades del país, el uso de información sesgada sobre las causas del malestar social y los graves hechos de violación de derechos humanos ocurridos durante dichas prácticas.  A esto se unen los constantes discursos de intolerancia, amenaza y confrontación emitidos por las máximas autoridades del Ejecutivo a través de emisiones de radio y televisión en cadena nacional, ignorando las quejas, demandas y exigencias de quienes manifiestan.

Las protestas comenzaron de forma pacífica, protagonizadas por estudiantes, líderes de oposición y sectores de la sociedad civil venezolana, como consecuencia de la confluencia de distintas razones para manifestar, tales como la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación, la severa crisis en la que se encuentran los centros de salud pública, la aplicación de medidas contra la libertad de expresión, así como las detenciones de estudiantes en el marco de protestas ocurridas los días 4 y 5 de febrero[2]. Esto originó la convocatoria a manifestaciones en varias ciudades del país por parte del movimiento estudiantil para el 12 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Estudiante en Venezuela desde 1947. A esta manifestación se unió la convocatoria a realizar asambleas de calle por parte de grupos de ciudadanos para encontrar lo que los opositores Leopoldo López y María Corina Machado llamaron “La Salida” o “el cambio del régimen político anti-democrático por vías constitucionales”.  Este llamado fue anunciado en rueda de prensa el 23 de enero[3] —aniversario de la caída de la última dictadura en Venezuela en 1958—, a quienes se sumó posteriormente el Alcalde Metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledezma, junto con otros líderes de partidos políticos.

Ante los anuncios de la convocatoria a la manifestación el 12 de febrero, el Presidente Nicolás Maduro y otras autoridades del Estado, coincidieron en criminalizar las manifestacionesa priori, calificándolas como parte de una agenda de desestabilización contra el Estado venezolano.

El 10 de febrero, en rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, vicepresidente del partido, señaló:

“Quienes están detrás de las protestas y manifestaciones estudiantiles que culminaron con el ataque a instituciones y familiares del Gobierno Revolucionario son las mismas personas que ya han decidido montar guarimbas y protestas mañana con la finalidad de reeditar el escenario de violencia que precedió al golpe de Abril de 2002”[4].

En ese mismo acto, el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dijo:

“Creemos que ese plan fascista va en contravía de la voluntad manifiesta de la mayoría de los venezolanos, de vivir en un país en paz en convivencia”.

El 11 de febrero, el Presidente Nicolás Maduro durante un programa de televisión conducido por el Presidente de la Asamblea Nacional, expresó que habría

“mano de hierro contra los conspiradores y fascistas que intenten llevar al país por una espiral de violencia”, indicando además que “si ellos (la oposición) han decidido lanzarse a otro intento de golpe de Estado, yo llamo al pueblo, a la Fuerza Armada: todo el mundo preparado. He activado el Comando Antigolpe. Nos hemos reunido todas estas madrugadas. Ya casi tenemos listo el plano zona por zona, y nombre por nombre del país. Actuaremos, le digo al país entero: preparados para defender la democracia, la Revolución, el Legado del Comandante Chávez”[5].

El miércoles 12 de febrero, miles de personas acudieron a la manifestación en la ciudad de Caracas, que comenzó con una concentración en la Plaza Venezuela, desde donde se dirigieron de forma pacífica hasta la sede principal del Ministerio Público para entregar un documento a la Fiscal General de la República. Al mismo tiempo, hubo manifestaciones en varias ciudades de la provincia, tales como Barquisimeto, Puerto Ordaz, Valencia, San Cristóbal y Mérida. Entre tanto, manifestantes afectos al gobierno se concentraron en el centro de la ciudad para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de la Victoria, ocurrida el 12 de febrero de 1814, fecha que dio origen al Día del Estudiante.

Sin embargo, cuando los manifestantes convocados por los estudiantes se retiraban del centro de la ciudad se produjeron hechos de represión y violencia por parte de grupos armados y efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que resultaron en la muerte del joven Bassil Dacosta, en la zona de La Candelaria, y de Juan Montoya, líder de “Colectivos Sociales”, quien se encontraba en la misma zona.  Ambos murieron por disparos a la cabeza[6].

En los actos oficiales de celebración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria, con un desfile militar, la noche del 12 de febrero, el Presidente Nicolás Maduro en cadena nacional prohibió las manifestaciones que no tuvieran permiso, dado el anuncio de la continuación de las protestas por parte de los manifestantes:

«No las voy a permitir. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del estado de proteger las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse, será detenido. Sea quien sea, llámese como se llame (…) Para marchar en este país se necesita tener un permiso de acuerdo con la ley. Así se tiene que hacer. Quien quiera protestar, marchar o movilizarse, debe estar ajustado a la ley. Oído jefes militares, oído gobernadores y alcaldes. Oídos todos los que tengan una responsabilidad. Con métodos muy claros de respeto a nuestro pueblo. Aquí nadie va a salir a convertir ninguna plaza del país, en una nueva plaza Altamira»[7].

Frente a los hechos del 12 de febrero, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, General Miguel Rodríguez Torres, aseguró en una rueda de prensa del día 13, que luego de las primeras investigaciones se podía concluir que la violencia registrada en Caracas y otras ciudades:

«…tiene una mano extranjera atrás que es la que financia y conoce el perfil de los líderes y sus ambiciones desmedidas, los manipulan y manejan para que conduzcan semejante locura (…)  Se vio con mucha claridad la cara más oscura del fascismo venezolano; los que hicieron destrozos hoy aquí son los mismos líderes que hicieron lo mismo en el 2002, los mismos que hicieron las guarimbas del este de la ciudad de Caracas y apoyaron el paro petrolero. Los mismos que protegían la finca Daktari, donde llegaron 150 paramilitares colombianos con el fin de matar al presidente Chávez; los mismos que han iniciado estas aventuras fascistas desde que se inició el proceso bolivariano en Venezuela»[8].

También afirmó que “…las acciones de ayer y las que hemos visto en Margarita, San Cristóbal, en Mérida, y aquí en Caracas, no son acciones espontáneas ni es una protesta de carácter social. Eso es una protesta de carácter conspirativa (…) hay una organización que se viene gestando desde hace bastante tiempo para ir conduciendo al país a una salida irracional. Inconstitucional y violenta. Creo que los estudiantes, en el día de ayer, fueron sin duda manipulados, utilizaron la movilización de los estudiantes para introducir infiltrados, una vanguardia entrenada, adiestrada y preparada y generar actos de caos y de violencia (…) esta organización en particular se inicia entre el 2010 y el 2012”[9].

El mismo 13 de febrero, la Jueza 16 de Control de Caracas, Ralenys Tovar Guillén, ordenó al SEBIN—por petición del Ministerio Público— la detención del Coordinador Nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y el allanamiento de su residencia[10]. También se dictó orden de captura contra Carlos Vecchio, dirigente del mismo partido. El 17 de febrero, cuerpos del SEBIN se presentaron en la sede del partido Voluntad Popular y procedieron de manera violenta a realizar un allanamiento sin ninguna orden judicial[11]. La detención de López se produjo el 18 de febrero, acompañado de una considerable cantidad de manifestantes convocados por él para ir voluntariamente al Ministerio del Interior y Justicia[12]. Fue recluido en la Cárcel Militar de Ramo Verde donde aún permanece, e inicialmente la Fiscalía solicitó se le imputaran los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles innobles, homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles innobles en grado de frustración, terrorismo, lesiones graves, incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, delitos de intimidación pública, instigación a delinquir y delitos de asociación; de los cuales el 19 de febrero en una audiencia dentro del mismo recinto carcelario, considerada ilegal por sus abogados defensores, la Juez imputó 4 delitos: instigación pública, daños a la propiedad, determinador en el delito de incendio intencional (autor intelectual) y asociación para delinquir[13].

El patrón sistemático de criminalización de la protesta por parte de distintos funcionarios de gobierno fue reproducido nuevamente por la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez –así como en los hechos de abril de 2013—quien negó públicamente que hubiese actos represivos, detenciones arbitrarias y torturas, por no haberse entregado denuncias formales a su despacho[14]; y acusó a la organización de derechos humanos, Provea, de justificar y hacerse parte del supuesto “golpe de estado” cuando esta organización le exigió cumplir con su mandato de ejercer alguna acción frente a los graves hechos ocurridos el 12 de febrero, entre los cuales consta una denuncia hecha por Provea a la Fiscalía y la Defensoría sobre el secuestro y las agresiones físicas de las cuales fue objeto Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de dicha organización, a manos de grupos para militares por ejercer labores de información sobre las manifestaciones y los heridos de ese día[15]:

Asimismo, algunos gobernadores del partido oficialista se sumaron a combatir el supuesto “golpe de estado”. Entre ellos, el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, publicó el 16 de febrero en su Twitter un llamado a la Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) para un “contra-ataque fulminante”, identificando al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como la persona que daría la orden[1]. El 18 de febrero, se denunció el ataque de motorizados armados a los estudiantes que manifestaban en la ciudad de Valencia[2], donde la estudiante de 23 años Génesis Carmona recibió un disparo en la cabeza, motivo por el cual falleció al día siguiente[3].

Del 13 de febrero hasta la fecha de cierre de esta nota, las manifestaciones continuaron en varios estados del país y han ido escalando situaciones de violencia entre manifestantes y los cuerpos militares y paramilitares que defienden al gobierno –donde se han involucrado las familias y las comunidades con el fin de protegerlos-, en la medida que se han acentuadolos actos represivos y los discursos de intolerancia, intransigencia y criminalización de las autoridades nacionales, produciendo 13 personas fallecidas, varias como resultado del uso de armas de fuego por funcionarios de seguridad, militares y grupos paramilitares que actúan impunemente frente a esos cuerpos[1]; decenas de heridos, como resultado de abusos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de estas fuerzas del orden público[2]; más de 600 personas detenidas, la mayoría de ellas arbitrariamente; denuncias de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los detenidos[3]; más de 40 violaciones a la libertad de expresión[4];la decisión de tomar militarmente el estado Táchira con tanquetas en las calles y el sobre vuelo de aviones de guerra, en donde los medios locales se encuentran censurados, con lo cual afirmó no estar de acuerdo el propio gobernador de ese estado[5]; así como la suspensión de transporte[6] y amenazas de suspensión de suministro de gasolina por supuestos hechos violentos, ligados al intento de golpe de estado, hasta ahora no mencionados en curso de investigación por parte de la Fiscalía de la República[7].

Fotos El Carabobeño, 24.02.2014. Represión en el estado Carabobo. En: http://www.flickr.com/photos/el-carabobeno/sets/72157641472853475/

A 12 días de manifestaciones, todavía el Presidente Maduro y otros funcionarios insisten en señalar que éstas son producto de un intento de golpe de estado y ha solicitado a la Asamblea Nacional la instalación de una“Comisión de la Verdad” para investigar todos los hechos que según sus palabras “evidencian las pretensiones de la derecha venezolana con apoyo extranjero, de producir un golpe de Estado en el país”[8], que «…investigue todos los crímenes fascistas. Espero el día en que se haga justicia de este asedio fascista»[9].

Ante los graves hechos de violación de los derechos humanos y el escalamiento de la violencia en el país que puede producir un saldo aún más lamentable y en lo cual tienen responsabilidad las autoridades del Estado venezolano, es fundamental exigir su obligación, no solo establecida en la Constitución Venezolana sino en los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por la República, de garantizar la vida, la integridad y la libertad de los manifestantes en el legítimo ejercicio de la manifestación pacífica, así como de periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades en las cuales se estén realizando las manifestaciones. Esto incluye el uso proporcional y diferenciado de la fuerza, en los casos en los que haya manifestantes que incurran en actos de violencia verbal o física. Es también su obligación, poner fin al discurso de intolerancia y a la sistemática criminalización de la protesta pacífica y, en lugar de enmarcarla en agendas de desestabilización como parte de un golpe de estado, debe atender los legítimos reclamos y demandas de una parte importante de la sociedad venezolana[10].

La manifestación pacífica es una de las formas en la que se expresan las aspiraciones de las personas en términos de libertades democráticas, justicia social y vigencia de los derechos humanos. El carácter democrático de un gobierno se manifiesta, entre otras condiciones, en su capacidad para atender los reclamos de sus ciudadanos. Si la manifestación pacífica es uno de los últimos recursos a los que apelan los ciudadanos para ser escuchados en sus demandas y aspiraciones, es obligación de los estados atenderlas, como una forma de preservar la convivencia y la paz. En este sentido, es imperativo que el Gobierno Venezolano y las instituciones del Estado en su conjunto reconozcan el legítimo derecho de los ciudadanos a la expresión de opiniones críticas a su gestión y abra canales para la gestión de sus reclamos. De la misma forma, es también imprescindible para la exigencia de derechos mediante protestas y manifestaciones, que estas mantengan en todo momento su carácter pacífico, como condición necesaria para respaldar la legitimidad de los reclamos de los manifestantes.

[1]Civilis Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en Venezuela en el marco de la elección presidencial del 14 al 30 de abril de 2013. Publicado el 14.05.13 en: http://www.civilisac.org/defensores/contexto-abril-2013-en-derechos-humanos y el 25.06.13 en: http://www.civilisac.org/defensores/venezuelas-human-rights-situation-in-the-context-of-the-presidential-elections-april-14-30-2013